Ramón Rodríguez Arribas, exmagistrado del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional (TC), donde sirvió entre 2004 y 2013, y del que entre 2012 y 2013 fue vicepresidente, afirma que no es ninguna tragedia que dimita el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.
En esta entrevista analiza la situación de la Justicia en España y aporta luz sobre el escenario que habría si Lesmes finalmente da el paso.
También analiza el viaje del comisario de Justicia de la Unión Europea a España, Didier Reynders, y explica qué opina del sistema actual de elección de elección de los vocales judiciales.
«El sistema actual es nefasto. Ha sido bueno para los partidos políticos porque les ha permitido hacer lo que nunca debieron hacer, que es meter las manos en la Justicia. Tanto al PSOE como el PP», sentencia Rodríguez Arribas.
¿Sería una tragedia que se vaya Lesmes?
Yo creo que no es ninguna tragedia que se vaya el presidente. Será un problema de conveniencia o no. En ese terreno yo no quiero opinar porque la decisión de irse de un cargo tan importante es personalísima y hay que respetarla. Cualquiera que sean las motivaciones no se puede hacer ningún comentario.
Si se va, ¿cuál sería el escenario?
Sería complejo. Entre el Consejo y el Tribunal Supremo tendrán que resolver cómo se hace la sustitución, porque en el caso que ya se produjo, el de Carlos Dívar, y este de Lesmes, cualquiera que sea el tiempo que le quede o que pueda tener el nombrado siempre se habla de «para nombrar a otro». Hay una situación de transitoriedad, pero muy breve, en todas las normas.
Si se interpreta la ley respecto a la prohibición de hacer nombramientos no solamente en el exterior, sino incluso en el interior del Consejo -un sentido altamente restrictivo y yo creo que debería interpretarse en el otro- entonces lo que no se puede es elegir al presidente del Tribunal Supremo y lo que habría sería un vacío de poder.
A golpe de legislación oportunista se han ido creando problemas que no existieron nunca.
¿La dimisión del presidente del CGPJ arrastraría a los vocales a ir también renunciando?
No. No tienen por qué hacerlo. Como decía, hay ya un precedente que dimitió por razones personales también y, además, era una gran persona, y no pasó nada tampoco.
No hay ni necesidad ni utilidad institucional ni tampoco necesidad oportuna. Ahora, lo que sí creo es que al final estamos en una situación de impasse que no se puede prolongar indefinidamente. Hay que buscar soluciones.
¿Cuáles plantea usted?
¿No habría forma de que para tanto el Consejo renovado como los nombramientos del Tribunal Constitucional se buscaran nombres que no despertaran en el partido ninguna reticencia?
¿No puede haber unos cuantos juristas españoles que no tengan ese rechazo, como de hecho está pasando, en uno y en otro partido? En fin, no quiero citar nombres porque no es prudente, pero con tantos juristas que hay en España, tanta gente que ha trabajado en el Derecho, se podría elegir a unos cuantos que pudieran servir para evitar el colapso. Si no se hace, me parece imposible.
¿La marcha de Lesmes obligaría a los partidos a llegar a un acuerdo?
Sería una razón más para que, como digo, buscaran una fórmula que no creara problemas para que se pudieran renovar los órganos constitucionales de manera pacífica. Pero para eso hay que tener una buena voluntad. Cuando falta la buena voluntad, o porque no hay voluntad o porque no es buena, pasan estas cosas.
¿Cómo valora usted la situación de la Justicia Española?
Si tuviera que utilizar una sola palabra diría que inquietante. Pero no por culpa de la Justicia, que los jueces, en general, están cumpliendo con sus obligaciones y están haciendo uso de las facultades que les confiere la Constitución de manera ponderada, razonada e independiente.
Ahora bien, la Justicia no es solo el juez o el tribunal que está juzgando, también es el conjunto de la institución. Y es el conjunto el que está sufriendo una valoración injusta, pero si realmente la mayoría de la población cree que la Justicia tiene problemas o que no es independiente o que no es imparcial, aunque no sea verdad, aunque sea una impresión injusta, repito, en estas materias la imagen vale tanto casi como la realidad y, por lo tanto, habría que decir como en la famosa frase, que ya se utiliza casi humorísticamente ‘Houston, tenemos un problema’.
¿De quién es la culpa?
La culpa de que no se renueve el Consejo General del Poder Judicial no la tienen ni los miembros del Consejo ni los jueces, sino los diputados y senadores que no han cumplido sus obligaciones. Y más que ellos, los dirigentes, los comités ejecutivos, los presidentes o secretarios generales de los grandes partidos nacionales, que se han puesto de acuerdo en otras ocasiones respecto a nombres repartiéndose los puestos. Es decir, haciendo lo que el propio Tribunal Constitucional dijo que no se podía hacer, pero lo han hecho siempre.
Realmente, nunca ha habido una auténtica elección parlamentaria.
¿Cómo es una elección parlamentaria?
Una elección parlamentaria es que la Comisión de Nombramientos del Congreso y posteriormente la del Senado se reúne, establece unos candidatos, unos currículums, unas condiciones y hace unas propuestas, y luego el Pleno, con plenitud de publicidad, discute sobre esos nombres, intervienen unos y otros, y después se debería votar a la vista de lo que se ha discutido, en secreto y con libertad de elección, puesto que no es un tema político.
¿Y por qué no se ha hecho así nunca?
Porque no se ha querido.
¿Le parece bien el sistema de elección actual?
No. Fue una desviación clarísima de la interpretación de la propia Constitución para hacer una cosa que la propia Carta Magna inicialmente no permitía, que es convertir a los electores judiciales en espectadores, cuando realmente lo que quería Constitución y lo que ahora dice Europa, es que es el estándar europeo del Estado de Derecho en aquellos Estados en los que existe el Consejo de la Magistratura , la mayoría de los miembros del Consejo deben ser jueces elegidos por sus pares.
Lo que se hizo fue una maniobra. Tanto en la ley de 1980 como en el proyecto inicial de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el proyecto alternativo del propio Partido Socialista no había ninguna duda: La elección de los vocales judiciales del Consejo se hacía por los propios jueces.
Fue en el curso de la deliberación del proyecto final, en la época en la que ya estaba en el poder el Partido Socialista, cuando apareció lo que se llamó la «enmienda Bandrés», en la que se propuso un cambio radical en el sistema de elección de los vocales judiciales del Consejo. Esta es la realidad histórica. Y esa desviación ha producido una impresión -que puede que sea injusta, pero es real- de politización partidista de los jueces en general.
Y eso el daño que hace es terrible.
¿El viaje a España del comisario de Justicia de la Unión Europea ha ayudado?
No ha venido mal, porque ha puesto los puntos sobre las íes respecto a lo que se ha llegado a decir de que no existían estándares europeos en relación con los nombramientos, y eso no es verdad.
El hecho de que haya varios estándares no significa, como he dicho ya, que en aquellos países donde exista un Consejo de la Magistratura que sea el que gobierne a los jueces y, además, proteja su independencia ha de ser constituido por la mayoría de jueces y elegido por sus pares. Pero además de eso, también ha puesto de manifiesto que hay una anomalía en el desarrollo de esa cuestión.
Ahora también se están rasgando las vestiduras, y en cierta manera con razón, porque han pasado casi cuatro años y el Consejo no ha sido renovado, pero se olvida que eso ha pasado otras veces y no se han resquebrajado las columnas de las estructuras del Estado.
Ocurrió, por ejemplo, cuando yo estaba en el Tribunal Constitucional entre 2007 y 2010. Hubo tres magistrados del Constitucional que estuvieron tres años y un mes más de su mandato. Y no se escandalizó nadie, entonces el sistema de mayorías era el que convenía al Gobierno.
-Reynders sostuvo que había visto un compromiso claro por parte del Ejecutivo y del PP tanto para renovar como para reformar, pero el Gobierno dice que su único compromiso es el de renovar el CGPJ e insiste en que el sistema actual ya es bueno…
El sistema actual es nefasto. Ha sido bueno para los partidos políticos porque les ha permitido hacer lo que nunca debieron hacer, que es meter las manos en la Justicia. Tanto al PSOE como al PP.
El PSOE ahora lo dice ya descaradamente y no tiene ningún poder. Pero el PP ha tenido mayorías absolutas en las que no ha aprovechado para hacer el cambio de sistema. Y aunque después se hubiera vuelto a cambiar, cada uno que asuma su responsabilidad histórica ante los ciudadanos.
Ahora parece que el Partido Popular ha reconocido que no tiene más remedio que decir lo que está diciendo: Que habría que hacer por lo menos las dos cosas. Lo que pasa es que también resulta un poco curioso que incluso el propio comisario europeo pone el orden de factores, que en este caso sí altera el producto.
Reclama que primero se haga la renovación y luego se reforme el sistema. Hace poco dije, y lo repito ahora, que esto es como si un médico, cuando le hacen ver que el tratamiento que está administrando produce alergias gravísimas al enfermo dijera «vamos a seguir con el tratamiento una temporadita y luego lo cambiamos».
Si el sistema es tan malo, vamos a cambiarlo ahora mismo y después a elegir por el nuevo sistema que ya no tiene ningún rastro de politización partidista y perfeccionar esto de una vez para siempre.
-Sólo una de las cuatro asociaciones judiciales hace esa reivindicación, FJI, y así se lo hizo saber al comisario. La APM, AJFV y JJpD instan a que se renueve ya, y mientras que las dos primeras abogan por la renovación del sistema inmediatamente después, JJpD aprobó en su 36º Congreso que se mantenga el sistema parlamentario, porque entiende que es un reflejo de la sociedad, modificando así las conclusiones del anterior Congreso, celebrado en Oviedo en 2014. ¿Qué opina?
Desgraciadamente, las asociaciones, en este aspecto, salvo Foro, y lo siento por mi queridísima Asociación por la Magistratura, con la que sigo colaborando, quizás hubiera debido ser más rotunda al contestar, pero a veces en las cosas se elige lo posible, y en estas cosas hay que elegir lo necesario.
Juezas y Jueces para la Democracia había sostenido siempre la necesidad del cambio de sistema y hasta ahora les ha ido bien porque con una representación muy minoritaria de los jueces han tenido prácticamente casi la mitad del Consejo en cada renovación. Hay que comprender también que cuando una cosa le beneficia a uno mucho, la acaban mirando con simpatía. Lo comprendo, hay que ser humano.
Parecía que Reynders iba a presionar para la renovación con los fondos europeos, pero no los ha condicionado…
Polonia ha hecho ahora lo mismo que se hizo en España en 1985, cuando se hizo una anticipación de la jubilación y se procedió a que todos los miembros del Consejo de la Magistratura sean nombrados por el Parlamento. Le ha costado un fuerte varapalo y ha tenido que dar marcha atrás.
España, que mantiene esa situación desde el siglo pasado, y esa fórmula ha demostrado su fracaso porque ahora resulta que no se puede ni siquiera renovar, aquí ni se nos amenaza con la restricción en el pago de los fondos europeos. Bastaría con que se dijera eso para que se estimulara aún más ese interés de los políticos, sobre todo, del propio Gobierno, que es el que tiene que tomar la iniciativa para llegar a un acuerdo razonable.
Por último, ¿es constitucional o no el veto del Gobierno a las competencias constitucionales del CGPJ?
Por lo menos tiene dudas muy grandes porque la Constitución, cuando habla de lo que ha de recoger la Ley Orgánica del Poder Judicial y cuáles son las funciones del CGPJ dice algo así como «especialmente» y entre ellos cita los nombramientos.
Dictan una ley que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial que dice que estando «en funciones» no puede hacer nombramientos y luego después lo modifican para que pueda nombrar a los dos miembros del Constitucional que están pendientes de renovación, muy reciente, por cierto… Insisto, el acuerdo debe ser muy difícil si no se proponen personas que tengan una desvinculación patente de cualquier compromiso político.
Por cierto, la calificación de que el Consejo está en funciones no es propiamente así, porque el Gobierno sí está en funciones cuando disuelve las Cámaras porque no tiene referente de nombramiento, pero como la obligación de nombrar los miembros del Consejo no es propia, sino ajena, nunca está en funciones.
Una de las cosas que más daño ha hecho a todas estas instituciones que por definición deben ser absolutamente independientes del partidismo político ha sido la creación de esa nomenclatura de progresistas y conservadores. Por cierto, progresistas no es una definición, es un piropo, porque parece que los demás no queremos.
A usted lo calificaron de conservador…
Yo, sinceramente, no me he sentido vinculado a ningún partido político nunca. No les debo nada, nunca fuí propuesto por ningún partido político. Me ponían «a propuesta del Partido Popular» y era falso. Fuí nombrado por el CGPJ y a propuesta de la APM. Además, el Gobierno que me tenía que nombrar era el Partido Popular y no lo hizo. Incluso por eso tuvo que nombrarme después un Ejecutivo distinto.
Esa definición de conservadores y progresistas, que no siempre es justa y que muchas veces es arbitraria, a la que la gente ya se ha acostumbrado, ha hecho un daño terrible porque de antemano sitúa, y cuando luego coincide con esa forma de ver las cosas la votación, dicen «ves, ves», pero si no coindice nadie dice «aquí ha fracasado».
