• 07/10/2022 17:25

El proyecto de ley de vivienda es permisivo con las «okupaciones» y atenta contra el derecho a la propiedad

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El proyecto de Ley Estatal por el derecho a la vivienda, ahora en el Congreso de los Diputados, ampara y es permisivo con las «okupaciones» ilegales de viviendas, carga a los propietarios, en especial a los grandes tenedores, con obligaciones que le corresponden a las Administraciones Públicas, y cuestiona el contenido del derecho a la propiedad, según la CEOE.

«Es especialmente alarmante, la creciente legitimación que está adquiriendo, en nuestro marco jurídico, el fenómeno de las ocupaciones de viviendas, que supone negar el contenido esencial del legítimo derecho de propiedad y relegarlo frente a lo que no deja de ser una actividad delictiva en la mayor parte de los casos», dice el informe titulado “La necesidad de garantizar la propiedad privada en España como condición para la mejora del mercado del alquiler. Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2021”.

Es un informe elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), servicios de estudios de CEOE, que analiza la posición de España en materia de derechos de propiedad.

«A nivel estatal, y con el pretexto de la situación de emergencia generada por la pandemia, varios Reales Decretos-leyes, han recogido la posibilidad de suspender los lanzamientos y desahucios en el caso de colectivos vulnerables, incluso para ocupaciones de hecho, cuya vigencia, a pesar de que en un principio estaba prevista solo para el período del estado de alarma, continúa extendiéndose hasta la actualidad», dice el informe.

Esta tendencia es especialmente acusada en algunas comunidades autónomas. El IEE destaca «el caso particular de Cataluña, que desde 2015 ha venido aprobando distintas leyes y decretos-leyes que exhiben una preocupante permisividad con el fenómeno de la ocupación, amén de discriminar y cargar injustamente con obligaciones a los grandes tenedores que no les son propias, como la de ofrecer un alquiler social a los afectados».

El episodio normativo más reciente es el de la Ley 1/2022, que ha entrado en vigor el pasado día 8 de marzo de 2022 en Cataluña , y que resulta especialmente preocupante.

En su texto recoge de nuevo la obligación del propietario de realizar una propuesta de alquiler social antes de interponer una demanda judicial, la cual además se extiende, bajo determinadas circunstancias, incluso a aquellos casos en los que no existe título jurídico sobre la propiedad, es decir, en casos de ocupación de hecho del inmueble.

Asimismo, se contemplan periodos de propuesta de alquiler social obligatorio de hasta 12 años en determinados casos, lo que supone unos plazos muy dilatados que introducen un elevado grado de inseguridad jurídica y de desprotección del propietario, desincentivando y paralizando el desarrollo del mercado de viviendas y de alquiler en Cataluña, y provocando una fuga hacia otros territorios.

Íñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos, y Gregorio Izquierdo, director general, inciden en destacar la importancia que tiene la salvaguarda del derecho de propiedad para el desarrollo y la prosperidad de las sociedades.

Íñigo Fernández de Mesa es el presidente del Instituto de Estudios Económicos, autor de este informe. Foto: EP.

CON LAS OCUPACIONES ESPAÑA ES UN CASO ÚNICO EN EUROPA

Desde el IEE se insiste como fenómeno alarmante, la creciente, la legitimación que está adquiriendo, en nuestro marco jurídico, el fenómeno de las ocupaciones de viviendas, que supone negar el contenido esencial del legítimo derecho de propiedad y relegarlo frente a lo que no deja de ser una actividad delictiva en la mayor parte de los casos. 

Con esta situación, España se convierte en un caso único en nuestro entorno comparado.

Desde un punto de vista económico, una de las consecuencias más directas es la restricción de la oferta de vivienda en alquiler, sobre todo para los colectivos más vulnerables a los que se pretendía proteger, ya que los propietarios exigirán mayores garantías y priorizarán individuos que demuestren solvencia, ante la posible materialización de los eventos de riesgo que amparan e incentivan estas medidas.

A juicio de Fernández de Mesa e Izquierdo, “este tipo de medidas no solo suponen un caso flagrante de vulneración del derecho de propiedad e introducen un elevado nivel de incertidumbre e inseguridad jurídica, poniendo a España a la cola en calidad institucional y jurídica en este ámbito, sino que, además, no son eficaces para lograr los fines perseguidos”

Desde el IEE se insiste en que, si de verdad se quiere facilitar el acceso a la vivienda, es fundamental dejar de legitimar que este se haga por la vía de la ocupación sin título, o amparado en la tolerancia al incumplimiento de las obligaciones de pago, y no cargar a los propietarios, en especial a los grandes tenedores, con obligaciones que le corresponden, en exclusiva, a las Administraciones Públicas.

A juicio de Fernández de Mesa e Izquierdo, “este tipo de medidas no solo suponen un caso flagrante de vulneración del derecho de propiedad e introducen un elevado nivel de incertidumbre e inseguridad jurídica, poniendo a España a la cola en calidad institucional y jurídica en este ámbito, sino que, además, no son eficaces para lograr los fines perseguidos”.

“Al contrario, cuanto más se desproteja al propietario frente a este tipo de movimientos, más se agravarán los problemas de acceso a la vivienda y mayores serán los perjuicios para los colectivos vulnerables”, comentan

A juicio de la IEE, se reconoce que, en los últimos años, han proliferado, los experimentos intervencionistas en regulación en materia de vivienda, siendo la última de estas iniciativas el Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda-

EN ESPAÑA SE GARANTIZA MENOS LA PROPIEDAD QUE EN LOS PAÍSES DE NUESTRO ENTORNO

La realidad es que garantía del derecho de propiedad es menor en España que en nuestro entorno. Los resultados del Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IIDP) elaborado por la Property Rights Alliance, y cuyo seguimiento y difusión en España realiza el Instituto de Estudios Económicos, ponen de manifiesto que la situación de España podría mejorar.

España se encuentra en la zona baja de la clasificación, ocupando la posición 26 de entre los 37 países considerados. Claramente por debajo de la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE). Y también del promedio de los países de la UE que pertenecen a dicha organización.

De hecho, nuestro país presenta un resultado un 6,1 % inferior al valor medio de la OCDE y un 5 % por debajo de la media de la UE.

Estas diferencias se agrandan sensiblemente al comparar los resultados de España con el de los mejores clasificados, siendo un 19,5 % menor que Suiza, que es el país con los mejores resultados en la edición de 2021.

Esta situación se repite en los tres principales pilares (entorno legal y político, propiedad material y propiedad intelectual) que conforman el Índice, con España situándose por debajo del promedio de la OCDE y de los países de la UE, y con brechas notables frente a las economías que mejor se comportan.

¿DERIVA MARXISTA?

Por su parte, Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil en la Universitat Rovira i Virgili y director de su Cátedra UNESCO de Vivienda entre 2013 y 2021, ve una deriva peligrosa del Gobierno hacia la propiedad privada en general y la vivienda en particular, siguiendo distintas teorías marxistas.

Este experto coincide en la benevolencia de la Ley 1/2022 de vivienda de Cataluña con los ocupantes de vivienda.

Nasarre cree que lo que se pretende el proyecto de ley de vivienda es expropiar y “retirar del Código Civil la propiedad privada de las viviendas de todos los ciudadanos españoles. La van a convertir en una especie de tenencia pública por parte del Estado, como si fuera el agua, las minas o el suelo urbano”

En el proyecto de ley estatal por el derecho a la vivienda no se hacen referencias expresas, «aunque los artículos 10 y 11 descivilizan lo que es la propiedad privada; en esas condiciones el Estado podría hacer lo que quisiera con nuestra vivienda y abrirla a la ocupación”.

Nasarre cree que lo que se pretende el proyecto de ley de vivienda es expropiar y “retirar del Código Civil la propiedad privada de las viviendas de todos los ciudadanos españoles. La van a convertir en una especie de tenencia pública por parte del Estado, como si fuera el agua, las minas o el suelo urbano”.

Este catedrático cree que esta iniciativa es muy grave: «Los artículos 10 y 11, en relación con otros como el 7, del proyecto de ley, están basados en la competencia civil del Estado. Se trata de que el Estado decida que hacemos con nuestra vivienda y a quién la vendemos. Estamos hablando de una expropiación masiva y un atentado a la propiedad privada”.

Este jurista ve claro la relación de la propiedad privada con la democracia. “Lo que es claro es que no existiría la democracia sin ella. De hecho, la primera democracia nació por propietarios en Atenas para organizar la ciudad”.

Sergio Nasarre es catedrático de Derecho Civil en la Universitat Rovira i Virgili y director de su Cátedra UNESCO de Vivienda entre 2013 y 2021.

También aclara que la propiedad privada “a lo largo de los siglos ha sido el contrapoder a la opresión del Estado. El informe del IEE deja claro el peligro en el que se encuentra la propiedad privada. Nos estamos jugando nuestra calidad democrática”, concluye.

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Artículo de LuisJavierSnchez publicado en https://confilegal.com/20220803-el-proyecto-de-ley-de-vivienda-es-permisivo-con-las-okupaciones-y-atenta-contra-el-derecho-a-la-propiedad/

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