Mario Josué Prieto, un joven de 27 años cubano con nacionalidad española y con residencia estadounidense, ha sido condenado a 12 años de cárcel en Cuba por el Tribunal Supremo por participar en las protestas del 11 de julio de 2021.
Su familia y su abogado español piden ayuda a España para que puedan sacarle del país.
En estas protestas no sólo se recriminaban la escasez de alimentos, productos de higiene personal y de medicinas que tiene el país, sino que también se denunciaron las medidas restrictivas que había tomado el gobierno para controlar los contagios por coronavirus.
Un día después de la protesta, de camino al trabajo de su madre, Mario Josué fue detenido por varios policías y un agente de la seguridad del estado. En esos momentos le comunicaron que estaba detenido por violar la orden de restricción de movimiento por el coronavirus, por lo que procedieron a esposarle y llevarle a dependencias policiales.
Allí le informaron que su nombre estaba en la lista de las personas que se manifestaron el 11 de julio.
En dependencias policiales le sometieron a varios interrogatorios sobre su vida personal. Como, por ejemplo, su lugar de residencia. Pues Mario Josué por aquel entonces tenía residencia estadounidense pero regresó a Cuba en 2020 para estar con sus padres tras la muerte de su hermana por cáncer.
Tras varias horas de interrogatorio, le subieron a un autobús junto con otros detenidos y, sin informarles, les llevan a un centro de detención de instrucción penal y le confinaron en una celda.
Más tarde, según una de sus abogadas cubanas, el jefe de la instrucción penal les comunicó que “deberían defender la revolución, que son jóvenes y que no se metan en problemas”.
Pasaporte español de Mario Josué.
Le liberan y le piden una multa de 2.000 pesos
El 14 de julio por la noche le liberaron y le exigieron una multa de 2.000 pesos por haber violado el horario de movimiento establecido en las medidas COVID.
Pero casi una semana después, un policía, de apellido Góngora, acudió a su domicilio para pedirle que acudiese a las dependencias policiales a declarar, asegurándole que volvería a casa horas después.
Una vez allí, lo detuvieron y lo esposaron.
El 30 de julio el instructor comunicó a sus padres –él de nacionalidad española, ella cubana– que su hijo había sido acusado de los delitos de desorden público y atentado.
En un principio la justicia cubana le imputó de cometer un delito de daños contra el patrimonio al considerar que en la manifestación lanzó piedras y objetos y, también, por un delito e lesiones al atentar contra agentes de autoridad.
Y aunque en un principio la Sala Tercera Penal del Tribunal Provincial de Hologuín en función de Sala de los Delitos Contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba le condenó a 17 años de prisión, el Tribunal Supremo decidió reducir su condena a 12 por un delito de sedición.
Sobre estas líneas, el joven hispano-cubano, quien padece una enfermedad mental.
HA INTENTADO SUICIDARSE DOS VECES
Mario Josué Prieto es, según ha explicado el letrado español Enmanuel Oliva Díaz, un paciente psiquiátrico diagnosticado de trastorno de personalidad, emocionalmente inestable y con riesgo de suicidio y desde que tiene siete años se medica.
Incluso ha intentado suicidarse dos veces, una a los 15 años y otra en agosto de 2020 tras la muerte de su hermana. Además también padece de una úlcera y gastritis crónica, lo que le ha provocado la pérdida de 20 kilos de peso desde que fue detenido.
Este diagnóstico fue corroborado a través de un dictamen pericial médico legal psiquiátrico de Cuba, “pero sólo fue relevante para el Tribunal, la Fiscalía y las autoridades penitenciarias para reconocer su responsabilidad criminal, pero no para darle asistencia médica.
Desde su detención sus padres han solicitado a las autoridades penitenciarias y a la policía que sea atendido por un psiquiatra, pero sus deseos han sido ignorados. Asimismo, tampoco le suministran su medicación y la familia tiene que comprar esas medicinas en el mercado negro al no haber en farmacias, pero desde febrero no han logrado adquirirlas, por lo que su hijo no está recibiendo ningún tipo de tratamiento.
Por ello, sus abogados, tanto el español como la cubana consideran que ante la falta de medicinas su vida corre peligro. “Ya comienza a mostrar señales preocupantes como comerse las uñas de forma obsesiva, gestos alarmantes en los ojos y la boca, ansiedad y depresión.
CONDICIONES INHUMANAS EN LA CÁRCEL DE INSTRUCCIÓN
Su letrada cubana explicó que las condiciones en la cárcel de instrucción fueron inhumanas: sin higiene, sin agua, con comida en mal estado y con insectos en las celdas. Lo mismo ocurrió con las condiciones en la prisión provisional.
Desde España están intentando que su situación mejore y Enmanuel Oliva Díaz está tratando de ayudarle.
Han contactado con el Consulado Español en Cuba para que le puedan otorgar asistencia consular, pero éstos le denegaron la petición porque las autoridades cubanas no reconocen su nacionalidad española.
También se ha pedido al consulado que justifique documentalmente las gestiones y contactos que han realizado con las autoridades cubanas, en cambio, les responden explicándoles que esos correos son confidenciales.
Por otro lado, han solicitado al consulado que acepte otorgar un poder general para pleitos y especial para otras facultades, pero afirman que no pueden autorizar el poder si Josué no está presente físicamente.
Han exigido a las autoridades cubanas que acepten la renuncia de Josué a la ciudadanía cubana, que es un derecho reconocido en su Constitución pero que, hasta el momento, no se lo han concedido.
Asimismo, también están gestionando que Amnistía Internacional le conceda el reconocimiento de preso político y están a la espera de poder solicitar al Ministerio de Justicia su traslado para que pueda cumplir condena en España.
Por otro lado, han pedido ayuda también a los partidos políticos y han admitido que PP y Vox se han interesado por el caso.
Sólo un diputado del PSOE le ha respondido y le dijo que trasladaría la cuestión directamente al ministerio, pero hasta el momento no ha recibido noticias.
Su abogado español, Enmanuel Oliva Díaz sólo puede comunicarse con él a través de audios de voz y a su familia se ha permitido hablar media hora con él. Incluso “le han denegado incluso asistencia religiosa”, ha apuntado el letrado.
