• 07/10/2022 20:57

La oclocracia o la muerte del estado de derecho

(origen) JosLuisSariegoMorillo Sep 3, 2022 , , , , ,
Tiempo estimado de lectura: 7 minutos, 25 segundos

A raíz de mi reciente publicación de un hilo de Twitter a propósito de la Ley 15/2022 de 12 de Julio  y del debate público que se creó, he decidido hacer este pequeño artículo de reflexión jurídica, sobre los abusos de poder que desde el gobierno se están produciendo. La indecencia controla el BOE.

Se ha aprobado la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.
Otra tomadura de pelo a los ciudadanos que ha pasado desapercibida@CarrascoAntonia @AsocGenMad @ExpertoIgualdad @Proserpinasb @entropiadevalen @quintanapaz
Abro hilo pic.twitter.com/Q2JeH0hQaY

— jose luis sariego (@joseluissariego) August 23, 2022

Muchos lectores no estarán de acuerdo con mis opiniones, y éstos son los que más me interesan, ya que así puedo contrastar diferentes opiniones y puntos de vista que es lo que, al fin de cuentas, hace que uno pueda tener una visión más amplia y no sesgada de cada tema.  

El tema de hoy es sobre la soberanía popular y en concreto sobre cómo se está reformando la Constitución Española sin cumplir los procedimientos establecidos en los art. 166 a 168 de la misma.

Nunca pude llegar a creer que podría vivir el fenómeno de la oclocracia, definida por Mackintosh.

En España se está usando la técnica de aprobar leyes orgánicas, pero sin darle carácter orgánico a la mayoría de sus artículos. Aprobando Reales Decretos Leyes mediante acuerdos de convalidación en el congreso, en los que introducen a través de disposiciones finales la modificación de artículos y leyes que deberían tener otro trámite parlamentario más complejo, riguroso y con mayor control parlamentario y judicial.

Ya la LO 1/2004 de violencia sobre la mujer usó esta trampa legal al amparo de la doctrina del Tribunal Constitucional (STC 5/1981, entre otras), cuando en su disposición final tercera decía que:

“La presente Ley tiene el carácter de Ley Orgánica, a excepción de los siguientes preceptos: título I, título II, título III, artículos 42, 43, 44, 45, 46, 47, 70, 71, 72, así como las disposiciones adicionales primera, segunda, sexta, séptima, octava, novena, undécima, decimotercera, decimoquinta, decimosexta, decimoséptima, decimoctava, decimonovena y vigésima, la disposición transitoria segunda y las disposiciones finales cuarta, quinta y sexta”.

Ello limitaba mucho la posibilidad de poder plantear cuestiones de inconstitucionalidad frente a ellas, y también limitaba la posibilidad de plantear un recurso al TC por lo mecanismos de la LOTC.  

Asimismo, esta técnica legislativa favorece la posibilidad de aprobar modificaciones legislativas posteriores sin apenas debate o control parlamentario mediante el trámite regulado para las leyes ordinarias o normas reglamentarias, pero en estos casos se negocian “las mayorías” a espaldas de la ciudadanía, en despachos sin luz ni taquígrafos. Incluso esta forma de gobernar “oclocrática”, permite emplear el Real Decreto-ley como una herramienta eficaz de establecer políticas a corto plazo de forma rápida y sin apenas control y debate público parlamentario, incluso algunas altane el previo informe del Consejo de Estado del mismo Consejo General del Poder Judicial.

Se aprueban leyes que tienen como fin limitar los intereses generales y los derechos individuales de cada ciudadano a costa de favorecer intereses particulares (acercamiento de presos, políticas lingüísticas segregacionistas, compra de votos a través de subvenciones a entes afines, etc.)

Esta técnica legislativa jurídico-política recuerda mucho a la famosa Ley Habilitante del régimen nazi o «Ermächtigungsgesetz», una ley que otorgaba a Hitler el poder legislativo por encima de la constitución alemana y de la asamblea legislativa. También me recuerdan a los famosos “dekrety” del régimen soviético.  

Por ejemplo, me llama la atención de que la última subida de las pensiones establecida en el Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre que se aprobó fuera del trámite legal establecido para las Leyes de Presupuestos, materia reservada a una ley orgánica.

Pero hay otras leyes que se están aprobando y modificando a través de leyes que no deberían aprobarse de la forma en la que se están haciendo.

Nos encontramos ante el dilema histórico que se planteaba desde Heredoto hasta el mismo Weber: ¿Qué gobierno es el mejor, el de las leyes o el de los hombres?

Sobre todo, después de las dos grandes guerras en Europa en el siglo XX, las sociedades más avanzadas decidieron establecer la formula del Estado democrático de Derecho (Rule of Law) como forma de evitar los abusos de poder de las tiranías del pasado en Europa.

QUÉ ES EL ESTADO DE DERECHO

Me quedo con la definición de la ABA (American Bar Association) que establece que: «El estado de derecho es un conjunto de principios o ideales para garantizar una sociedad ordenada y justa. Muchos países en todo el mundo se esfuerzan por defender el estado de derecho donde nadie está por encima de la ley, todos son tratados por igual ante la ley, todos son responsables ante las mismas leyes, existen procesos claros y justos para hacer cumplir las leyes, existe un un poder judicial independiente y los derechos humanos están garantizados para todos».

El Estado de Derecho nace desde la Common Law británica que establece un principio que muchas veces se nos olvida y es que “ante hechos y normas iguales, el juez debe dar la misma solución”. La idea de la «Equal Justice Under Law».

Más tarde se suman a esta idea la constitución de los EEUU de 1778 (Madison) y las leyes surgidas de la Revolución Francesa de 1789, así como las normas fundamentales de los países que obtuvieron la independencia de España a partir de 1810.

España no logró subirse al carro del sistema del imperio de la ley de forma eficaz y realista hasta la Constitución de 1978.

Pero, en mi opinión, es desde la construcción de la Unión Europea, los Estados no han hecho más que delegar su soberanía, y han perdido la posibilidad de ejercer sus controles internos frente a los abusos de poder, frente a una maquinaria burocrática como es la Comisión Europea. Véase los problemas de choque de la Constitución de Polonia o de la Española (modificación del artícuilo 135)  con los dictados de los oligarcas económicos de Bruselas.

La creación de determinadas instituciones internacionales, han provocado a mi modo de ver un distanciamiento de las normas (que ya no emanan del pueblo) y que rompen el equilibrio de poderes y el principio sagrado de la soberanía popular.

La Unión Europea, el Consejo de Europa o los estados “sociales” de derecho se han convertido en maquinarias inexpugnables, donde un ciudadano de a pie no puede impugnar los abusos de derecho de sus líderes (locales o europeos) y de sus “comisionados y comisionistas”.

Nos queda la posibilidad de acudir a un Juzgado nacional a pedir auxilio judicial cuando entendemos que un tratado o una normativa europea vulnera nuestra constitución (STC 28/1991). Otra cosa es tener éxito en el empeño. 

Entes públicos (Comité de DDHH de la ONU) y semipúblicos que se mueven al margen del control del estado de derecho. Todo ello ha sido asumido por los estados modernos actuales que, en vez de legislar para resolver los problemas de la ciudadanía, legislan de forma descarada para favorecer a sus “seguidores” y de forma que favorezcan siempre a los intereses de sus miembros.

A modo de ejemplo, los servicios sociales tanto en Francia, Alemania como de España no asisten para cubrir las necesidades de sus ciudadanos, sino para cubrir las necesidades del poder de los políticos de turno o del sistema.

¿Cuánta gente a lo largo de toda Europa se siente abusada por los servicios “sociales”?

Unos servicios sociales que ponen en jaque a las decisiones judiciales.

¿Cuántas veces vemos que un juzgado decide sobre la vida de un niño según opine un Punto de encuentro, un Caef o un Sataf?

¿Cuánta gente a o largo de Europa se siente atracada por los organismos fiscales como si hubiéramos vuelto a los recaudadores de diezmos de la época feudal?

EL ESTADO DEL BIENESTAR HA MUERTO

La idea moderna del “Estado del bienestar” que nos han vendido durante décadas ha muerto. La corrupción e ineficacia de los dirigentes políticos han dinamitado el estado de derecho, y ahora se ven en la necesidad de hacer trampas frente al imperio de la ley y del sistema de Cheks and Balances, que tanto progreso y bienestar ha producido a lo largo del siglo XX y comienzos del XXI.

Como digo, en España se lleva haciendo desde hace tiempo trampas legislativas a los ciudadanos desde el poder político (de uno y otro lado), pero es ahora cuando muchos están comenzando a reaccionar frente a los abusos de poder de los gobiernos.

Ya desde la antigua Roma se aplicaba aquello de divide y vencerás como forma de perpetuar la tiranía de unos pocos sobre el pueblo (ciudadanía en este caso)

Pero, ¿cómo divido a la ciudadanía y dinamito los intentos de ésta para frenar los abusos de poder?

Creando divisiones en la ciudadanía y fundamentalmente en los órganos constitucionales de control del poder político central: por ejemplo, entre las autonomías y los jueces.

Apoyo la creación de asociaciones, grupos de presión, sindicatos, fundaciones, entes públicos diversos, y voy repartiendo pequeños entes con un poder cuasi feudal a mi servicio.

En el ámbito judicial es llamativo como desde los partidos mayoritarios en España se ha fomentado la creación de asociaciones “profesionales” que sirven (descaradamente) a los intereses políticos de cada partido. El poder judicial que radica en cada sala de vistas, dividido. Y así se controla mejor.

En los ámbitos autonómicos, qué decir de permitir que se haga famosa el “España nos roba” o el “El Estado Español nos oprime”, o el “Sur nos quiere robar el agua del Ebro”, etc.

Dividimos y controlamos.

Pero la más descarada forma de abuso de poder de la clase política de los últimos años es la de establecer división entre hombres y mujeres, usando una idea digna del peor bolchevismo criminal del pasado de que el hombre es el opresor de la mujer. Todos los hombres somos opresores de todas las mujeres.

Así, para el que no lo sepa, el artículo 1 de la LO 1/2004 decía que:

“La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de (todos) los hombres sobre (todas) las mujeres…”.

En definitiva, estamos en un punto de inflexión histórica en el que es un deber que la ciudadanía reaccione frente a este estado al servicio del poder político. Si esto no ocurre, en un futuro no muy lejano, veremos la instauración de estas nuevas tiranías, que además, pueden asesinar civilmente a cualquier ciudadano disidente.

Ante ello, no podemos ser tibios, ignavos o dialogantes, sino que debemos ser firmes en la defensa de nuestros derechos y nuestro valores democráticos, porque si no caeremos de nuevo en el error de Daladier y Chamberlain en la conferencia de Múnich de 1938.

Debemos ser firmes y exigir responsabilidades no sólo políticas a los dirigentes que están corrompiendo el sistema del estado de derecho y a los mismos ciudadanos (pagas y ayudas públicas diversas, entre ellas a cambio de presentar denuncias promovidas por las leyes de género)

Debemos ser firmes en la defensa de los valores morales democráticos de participación, transparencia, pluralidad, igualdad, libertad de expresión de ideas y de cátedra,    

He podido comprobar que este gobierno y este presidente pueden aprobar normas que vulneran la constitución y no tiene ninguna consecuencia penal pese al daño económico y psicológico que sus decisiones han provocado a gran parte de la ciudadanía.

Cualquier dirigente con un mínimo de vergüenza y dignidad, ya hubiera dimitido. Pero en España no pasa nada.

Y me refiero a leyes que creo que están vulnerando derechos de los españoles.

La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, la próxima Ley de Seguridad Nacional, la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, Real Decreto 706/2020, de 28 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a prestadores privados del servicio de comunicación audiovisual televisiva, Ley de Garantías de la Libertad Sexual, el RDL 9/18 de 3 de agosto y otros muchos RDL aprobados en los dos últimos años como los declarados ilegales RD 463/2020, de 14 de marzo o el RD 465/2020 de 17 de Marzo por el que se declaró el estado de alarma, la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 que no cumple con el mandato constitucional del art. 135, 1 y 2, y un largo etcétera.

Esta forma psicopática de legislar, no hace otra cosa que ir tapando la ineficacia de nuestros gobernantes aprobado ley tras ley sin ningún tipo de previsión sobre las terribles consecuencias que tendrán en el futuro para los derechos de los ciudadanos.

Los partidos emergentes de un lado y de otro están utilizando las mismas estrategias de querer gobernar con leyes a su servicio y no con leyes que resuelvan los problemas del pueblo.

Porque como dijo el César de Shakespeare: “La culpa, querido Bruto, no es de las estrellas sino de nosotros mismos”.

Porque el silencio nos hace cómplices.

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Artículo de JosLuisSariegoMorillo publicado en https://confilegal.com/20220903-la-oclocracia-o-la-muerte-del-estado-de-derecho/

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