La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha aprovechado su comparecencia de este jueves en la Comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso para defender las medidas aprobadas por el Gobierno para amortiguar el impacto de la inflación tras la catarata de críticas que le han llovido desde la OCDE, el Banco Mundial, la Comisión Europea, el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
Con medio mundo solicitando al Ejecutivo que se replantee la bonificación general de 20 céntimos al litro de carburante o la rebaja del 21 al 10% del tipo de IVA aplicable al recibo de la luz e introduzca un enfoque más selectivo para limitar las ayudas a los colectivos más vulnerables e impedir que su aplicación se convierta en un problema para las cuentas públicas, Calviño ha garantizado su prórroga más allá del 30 de junio y ha defendido su eficacia asegurando que sin estas medidas la inflación estaría entre dos y tres puntos porcentuales por encima de su nivel actual, es decir, entre el 10,5% y el 11,5%.
«Gracias a las contundentes medidas adoptadas en respuesta a la guerra la inflación se ha reducido entre dos y tres puntos porcentuales en el curso de este año. Nuestra intención es prorrogar las medidas que se han puesto en marcha que están siendo muy eficaces para contener el alza de los precios«, ha asegurado la vicepresidenta, en respuesta a las críticas formuladas en las últimas semanas, que cuestionaban su eficacia a la hora de bajar la inflación e incluso las tachaban de regresivas por beneficiar más a las rentas altas que a las más bajas.
Las críticas a sus medidas de política fiscal y el goteo de revisiones a la baja de las previsiones de crecimiento de España tanto para este año como para el que viene, del que el último ejemplo y el más severo fue el de la OCDE de este pasado miércoles, no han erosionado su visión optimista de la situación económica. Mantiene que el crecimiento por encima del 4% que le dan a España todos los institutos de análisis traslada un crecimiento fuerte y mejor comparativamente al de otras grandes economías europeas, que este además va a ser compatible con una mejora de la situación fiscal y enarbola los datos del mercado laboral para ilustrar lo atinado de las reformas del Gobierno.
Calviño se ha presentado esta jueves por la tarde en el Congreso con el último dato de afiliación diaria de trabajadores a la Seguridad Social, según el cual son ya 20.345.245 las afiliaciones en el registro – la vicepresidenta ha hablado de afiliados, pero el registro de Seguridad Social no contabiliza personas sino registros de afiliación y hay algunos trabajadores que están inscritos más de una vez – y ha subrayado que esta cifra supone medio millón más de afiliaciones que antes de la pandemia. También ha destacado como viene siendo habitual el incremento de la contratación indefinida, lo que para ella supone una mejora de la calidad en el empleo.
La velocidad de crucero del Plan de Recuperación
Pero la vicepresidenta comparecía en el Congreso en realidad para dar cuenta del despliegue del Plan de Recuperación, otro flanco ‘débil’ de la acción del Gobierno, al que se afea la baja ejecución del plan y su escaso impacto sobre la economía real. Nada de eso es cierto para la ministra de Asuntos Económicos.
Calviño sostuvo ayer que el crecimiento del empleo y la positiva evolución de la inversión no se puede explicar si no es por los fondos europeos y puso como ejemplo los anuncios de aperturas de megafactorías de baterías eléctricas en Valencia o Extremadura, aún con los recursos del Perte del vehículo eléctrico sin asignar, o los anuncios de grandes inversiones de otras multinacionales como Intel en España.
También ha tirado de datos para desmentir los bajos datos de ejecución. Ha avanzado que al cierre de mayo el Gobierno ha autorizado ya el 42% de los créditos previstos para este año, ha comprometido el 30% y ha reconocido obligaciones equivalentes al 11% del total, lo que en su opinión son unos datos muy positivos. La traducción es la siguiente. El Gobierno ha desbloqueado al cierre de abril el 42% de las partidas presupuestarias asignadas a los fondos europeos, ha movilizado convocatorias que alcanzan al 30% de los fondos y únicamente ha asignado de manera efectiva el 11% de los fondos, cuando prácticamente se ha alcanzado el ecuador del ejercicio. A este ritmo, al cierre del ejercicio solo se habrán asignado de forma efectiva menos del 30% de los fondos europeos previstos para este año.
