• 30/04/2024 09:02

Miguel Durán, candidato al ICAM: ‘Venimos a servir y no a servirnos, y seremos necesariamente incómodos para el poder con tal de lograr nuestros objetivos’

Tiempo estimado de lectura: 12 minutos, 2 segundos

Miguel Durán Campos, exdirector general de la ONCE y socio-director de la firma Durán & Durán Abogados, desgrana en Confilegal los pilares de la candidatura que encabeza al Decanato y Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) en las elecciones del próximo 20 de diciembre.

«Lo más importante de nuestra candidatura es que venimos a servir y no a servirnos, y que seremos necesariamente incómodos para el poder con tal de lograr nuestros objetivos», explica.

Entre sus medidas está que el Turno de Oficio sea equiparable al ejercicio privado y rebajar a estos compañeros un 50% las cuotas.

Además, destaca que su candidatura es «absolutamente apolítica», en el sentido de que tienen proximidad respecto de todas las fuerzas políticas que atiendan a sus requerimientos. «Y las que no nos presten atención o no nos atiendan son ellas las que se distancian de nosotros», apunta.

Miguel Durán ha presentado hoy públicamente, en una rueda de prensa en su despacho, los miembros de la candidatura. 

Como ya informó Confilegal, su ‘número 2’, el candidato a vicedecano, es el abogado y comunicador Jesús Ángel Rojo Pinilla, presidente de ‘Distrito TV’, quien ya había conformado una candidatura para estas elecciones, pero cuando leyó en este diario la columna de Miguel Durán titulada ‘Carta abierta a todos los candidatos a decano del Colegio de la Abogacía de Madrid’, del pasado 17 de octubre, vio que era su ideario y llegaron rápidamente a un acuerdo.

En esta candidatura que encabeza Miguel Durán figuran personajes de la talla y experiencia tales como Santiago Milans del Bosch Jordán de Urríes, socio director de Milans del Bosch Abogados, anteriormente fiscal y magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de la Audiencia Nacional; Adolfo Prego Olivar y Tolivar, socio director de Adolfo Prego Abogados , anteriormente magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial; Ignacio Gordillo Álvarez-Valdés, socio fundador del Despacho jurídico Ignacio Gordillo Abogados y exfiscal de la Audiencia Nacional; y José Javier Polo Rodríguez, exfiscal jefe de Madrid y de la Audiencia Nacional y abogado experto en Derecho Penal Económico, que recientemente ha sido fichado por GVA Gómez-Villares & Atencia. 

A ellos se suman María del Mar Bernabé Portolés, abogada experta en Derecho de Familia; María Yhasir Sandi Rojas Yhasmareth, letrada del turno de oficio, CEO en Lexey Abogados y socia fundadora de Extranjería al día; Almudena Rodríguez Pérez, de Iuris Tantum Abogados; Domingo Pérez Castaño, abogado y doctor en Derecho Político y Constitucional; María Helena Lizaur García-Margallo, socia coordinadora y cofundadora de Rodríguez Arriba Abogados; Juan Manuel Solaeche y Bielsa, letrado con despacho propio, rector de la Sociedad de Estudios Internacionales y asesor de la Conferencia de ministros de Justicia de países iberoamericanos ‘Comgib’; Patricia Solana Fernández, socia fundadora de Altalei Abogados y Economistas SLP; y Bella García Villanueva, socia directora de Villanueva Abogados, especialista en Derecho Militar y de la seguridad.

¿Qué le ha llevado a dar este paso?

Yo no tenía pensamiento de presentar mi candidatura al Decanato, pero hubo diversos candidatos que me llamaron para sondear mi disposición a apoyarles, y siempre les pedía que me enseñaran su programa.

No podía comprometer mi apoyo ni el de mi gente, mis abogados, sin conocer previamente el programa, pero todos los que me llamaron me daban largas y no me lo concretaban.

Entonces, un día le dije a Carlos Berbell -director de Confilegal- si me permitía expresar mis ideas de lo que creo que tiene que ser el ideario básico de cualquier candidatura que se precie, y me dijo que por supuesto.

Redacté esa carta abierta el domingo 16 de noviembre, en media hora. Se la mandé tal cual salió del horno y tuvo a bien publicarla. 

El día 17 empecé a recibir llamadas de compañeros que me decían que habían leído la carta y que les parecía «estupenda», «muy clarificadora», y algunos de los que me llamaron me plantearon que si en lugar de actuar como capitán araña que embarca la tropa, pero se queda en España, por qué no me animaba.

Les contesté que no tenía pensamiento de hacerlo y que quedaba muy poco tiempo para que se cerrara el plazo de presentación, estábamos a 10 días vista. Pero esas llamadas siguieron proliferando el martes 18, y el miércoles 19 y fue cristalizando en mí esa idea de que está bien decir lo que se debe hacer, pero que si uno lo tiene claro por qué no comprometerse.

Y aquella tarde-noche me llamó Juan Solaeche, que va en nuestra candidatura como secretario, me habló de ello y ensalzó mucho lo que yo había escrito. En aquel momento estaba con mi sobrino y socio Miguel Ángel Durán y con mi asistente personal y jefe de informática del despacho, Federico Rubio, y les comenté la llamada de Juan. Valoraron el asunto, pero me dijeron que era muy comprometido, pero que si a mí me hacía ilusión, les parecía muy bien, y que aquello que había expresado en mi carta en Confilegal lo intentara aplicar en primera persona.

Quedamos con Juan para comer al día siguiente en el restaurante Arturo Delfines, en la Plaza de la República Argentina. En la reunión estuvieron mi sobrino y socio, y Luis de las Heras, el jefe del departamento Penal del despacho, persona de la que tengo una extraordinaria confianza en su criterio, Juan Solaeche y Jesús Ángel Rojo.

Pusimos encima de la mesa los medios de los que disponemos y dijimos que adelante. Nos pusimos a configurar la candidatura, yo le expresé los perfiles que debían integrarla y llegamos a la conclusión de que eran muy adecuados y nos concertamos para que eso fuera así y presentarla.

Sabíamos en ese momento que nuestras disponibilidades económicas son muy distintas a las del resto de candidaturas, porque nosotros no contamos con el apoyo financiero de nadie, ni tampoco estamos en condiciones de destinar importantes cantidades de dinero, como hacen otros, a esta cuestión, pero confiando en nuestros propios medios -de todo lo que vamos a pelear- concluímos que seguíamos hacia adelante. 

¿Y fue difícil perfilar todos los nombres? 

No, y además lo hicimos en un tiempo récord. El viernes 21, por la tarde, ya contacté con Ignacio Gordillo, Adolfo Prego, José Javier Polo y Santi Milans. Los cuatro me dijeron que sí.

El lunes y el martes acabamos de concretar el resto de la candidatura. El miércoles volvimos al restaurante Arturo Delfines todos los candidatos en un ‘lunch’ que hicimos al mediodía, firmamos la candidatura y el mismo día 26 fuí a presentarla, en el penúltimo día de plazo. Y pasó el corte de análisis de la Comisión Electoral sin ningún problema.

¿Y cuáles son sus pilares electorales, que ya esbozó en aquella carta abierta? 

Pensamos pegarle un vuelco muy considerable al Colegio de Abogados de Madrid. Hay que convertirlo en una verdadera plataforma de servicios a los colegiados, tanto a los ejercientes como a los no ejercientes.

En segundo lugar, el Colegio no puede seguir siendo un mero receptor de cuotas. Nosotros vamos a revisar a la baja las cuotas de los compañeros que pertenecen al turno de oficio, queremos rebajáeselas un 50% a lo largo de nuestro mandato.

También queremos que las personas que verdaderamente acrediten tener dificultades para afrontar esas cuotas, como compañeros mayores, pueda revisarse cómo acomodar sus obligaciones económicas con el Colegio. El mecanismo no está todavía elaborado, soy absolutamente leal en ese sentido.

Venimos a servir y no a servirnos, y seremos todo lo necesariamente incómodos para el poder con tal de lograr nuestros objetivos. Domingo Pérez Castaño, inspector principal de Policía, miembro de nuestra candidatura, me soltó una frase de Santa Teresa de Calcuta que me impresionó: «El que no vive para servir, no sirve para vivir». Domingo, si mis datos no fallan, es el primer abogado y alto cargo de Policía que figura en una candidatura al ICAM. 

La Policía y los abogados tienen que saber cooperar. Domingo, que ha venido de la mano de Jesús Ángel Rojo y de Juan Solaeche, seguro que nos va a aportar mucho en eso.

¿Qué más proyectos tiene sobre el Turno de Oficio?

Queremos cambiar de arriba a abajo todo el tema del Turno de Oficio, que sea dignificado y equiparable al ejercicio privado. 

Actualmente, la retribución que perciben es de indemnización. Todo eso viene muy dado por la legislación de justicia gratuita, pero la consecuencia es que los abogados que desempeñan el Turno de Oficio cobran muy poco y cobran muy mal, muy tarde. Queremos cambiar eso dándole la vuelta como a un calcetín. No nos parece difícil, lo que pasa es que hay que afrontarlo con empeño.

No puede ser que un abogado afronte un procedimiento desde el principio y que al final, después de multitud de vicisitudes procesales, se le paguen 300 o 400 euros. Ni tampoco que se le pague una cantidad u otra en función de la comunidad autónoma donde preste su servicio.

Hay que unificar todo eso, porque los abogados de Cádiz no son menos ni más que los abogados de Madrid o que los de Barcelona. Y hay que conseguir que las administraciones públicas sean sensibles a esto.

Además, un abogado de oficio, por el hecho de ser acometer el desempeño de ese servicio público no puede ser tratado tan discriminatoriamente como está ocurriendo respecto a los que cobramos de los clientes. 

No puede ser que el Estado presuma de que a la gente que no tiene posibles les proporciona justicia gratuita, pero lo haga con tanta precariedad. Es decir, a costa y sobre las costillas de los abogados de oficio. 

Parece mentira que los gobiernos derrochen ríos de dinero -miles y miles de millones de euros- en cosas altamente prescindibles, al tiempo que la Administración de Justicia es tratada como el patito feo y no tiene las asignaciones presupuestarias que necesita.

Por otra parte, vamos a eliminar la obligatoriedad de presentar las justificaciones a través de la web. Quitaremos trámites burocráticos.

¿Qué más proyectos tienen? 

Son muchos, pero destacaré los principales. 

El Estado del Bienestar se fundamenta en cuatro pilares esenciales, que son la Sanidad; la Educación; la protección social en materia de pensiones; y la Ley de Dependencia. 

La Administración de Justicia debería ser el quinto pilar, para que reciba el dinero que requiere, porque no es dable que se inicie un pleito hoy y el juicio se fije para diciembre de 2026, como está ocurriendo. Eso es inadmisible. Se está causando un perjuicio absoluto al ciudadano. 

¿Y usted qué haría frente a esta situación si fuera decano?

Si soy elegido voy a estar dando la vara permanentemente al presidente del Gobierno de turno y al ministro de Justicia que haya, levantando la voz desde el Colegio.

Es decir, no seré un decano cómodo para los poderes públicos, tampoco un decano insultante, pero desde luego voy hablar con claridad y rotundidad. Hay que exigir a los políticos que arbitren los mecanismos necesarios para acabar con esta situación.

¿Y cuáles son esos mecanismos? ¿Más medios?

Exacto. Necesitamos más medios humanos y materiales, y una mejor retribución para los jueces y demás empleados de la Administración de Justicia. 

También es necesario que se exija un mayor nivel de productividad, porque en esta vida existen derechos, pero también obligaciones. 

Tiene que modificarse sustancialmente, para acomodarla a los tiempos modernos, la normativa procesal en general y la Ley de Enjuiciamiento Criminal en particular, cuya modificación viene durmiendo el sueño de los justos desde hace ya mucho tiempo.

Los políticos se rompen la crisma por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, por el nombramiento de los candidatos, pero nadie le presta atención a la mejora de la Administración de Justicia, que es lo que le interesa al ciudadano.

El Colegio de la Abogacía de Madrid, y en particular su decano, si soy yo, no tendrá una actitud de ponerse de perfil como ha sucedido hasta ahora. En mi caso no será así. 

Voy a poner al ciudadano y a los abogados en el centro de nuestro proyecto. El decano del Colegio de Madrid tiene que pensar que sus colegiados lo que quieren es que la Administración de Justicia funcione bien.

¿Algún llamamiento más?

Sí, a los jueces. Les quiero pedir que nos permitan trabajar con ellos de la mano para que el órgano de gobierno de los jueces sea elegido sólo por los jueces, y la intervención del poder político ahí sea la mínima. Si no, estamos enterrando por tercera o cuarta vez a Montesquieu.

No nos temblará el pulso si tenemos que sacarle los colores a los políticos que se dedican precisamente a lo contrario.

También exigimos dignidad para el abogado. Vamos a estar ojo avizor. Ya sé que me pueden hacer el chiste fácil de que el ojo avizor de un ciego no es lo mismo, pero para eso sí que voy a tener un ojo clínico.

Cualquier abogado que nos presente una denuncia sobre malos tratos por parte de un juez o de cualquier empleado de la Administración de Justicia tiene garantizada, si ganamos, la tutela efectiva de su Colegio.

Ni un LAJ, ni un juez, ni un empleado de otras categorías tiene derecho a maltratar o a despreciar a un abogado. Un letrado cuando va a un juzgado representa a un ciudadano que tiene todos sus derechos. Cuando se maltrata a un abogado, se maltrata también al cliente.

Por otra parte, el Colegio de la Abogacía tiene que tener Comisión Disciplinaria y Deontológica, pero no consideramos que una denuncia que se formule ante el Colegio tenga que tener una tramitación automática. Nosotros vamos a cambiar esas normas, con todas las garantías para el ciudadano, pero también con todas las garantías para el abogado, sin detrimento de su honorabilidad.

¿Y en materia de conciliación qué plantea?

Está en proyecto la construcción de la Ciudad de la Justicia y nosotros lo primero que vamos a hacer es ponernos en contacto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, a quien tengo un especial aprecio, con la Consejería de Justicia y con todo aquel que sea necesario para que el Colegio de la Abogacía tenga sede en ella. 

No hablamos de sala de togas ni de salón de abogados, sino de que tenga sede. Y esta es una idea de Juan Solaeche, porque si se produce esa concentración de órganos jurisdiccionales, los abogados vamos a tener que pasar mucho tiempo allí. 

Igualmente, queremos que en ese proyecto de la Ciudad de la Justicia haya una guardería y que tanto abogados como funcionarios puedan utilizarla. Eso es un servicio que facilita la conciliación.

También queremos que ante enfermedades y dificultades del tipo que sean estas, se le paralice al abogado afectado el procedimiento de forma automática. 

Hay juzgados que son más flexibles y otros que no lo son tanto, y como no puede quedar al arbitrio de los juzgados, hay que establecer normas de obligado cumplimiento. Por ejemplo, las vacaciones tienen que ser sagradas. Igual que se le respeta al juez su turno de vacaciones, éste tiene que respetar las de cualquier persona y más de un abogado.

¿Algo más que decir a los jueces?

Sí. En estrados, sin perjuicio de que es el juez el que dirige el procedimiento, estamos sentados a la misma altura, donde tenemos que estar. Y actualmente en muchas cuestiones, el artículo 542 de la LOPJ -el que regula, entre otras cosas, el tratamiento que se le debe al abogado- es papel mojado. Aunque no para todos los jueces, la mayoría son extraordinariamente respetuosos.

Explíquese.

Sin abogado no hay justicia. El juez es el que tiene que decidir, pero no puede hacerlo sin abogado. Es un elemento imprescindible.

Y si es imprescindible, hay que tratarlo con la dignidad que merece, pero a veces los compañeros llegan a un juicio después de años de dilaciones, muchas veces indebidas, y que encima el juez diga «letrado, dese prisa»; «tiene 10 minutos»; «sea breve»; o «vaya terminando»…

Algunos jueces tienen que respetar las formas. 

¿Qué más iniciativas tiene? Resúmalas. 

Hay muchos abogados que están padeciendo actualmente persecución por parte de Hacienda. Les hace inspecciones que muchas veces son absolutamente injustas. Por ejemplo, les aplican la doctrina de operaciones vinculadas.

Mi ejercicio como decano va a consistir también en hacer una Comisión de asesoramiento en materia de apoyo tributario a nuestros colegiados. 

Por otra parte, nosotros también creemos que el Colegio de la Abogacía de Madrid no tiene en el Consejo General de la Abogacía el peso que merece. Somos el mayor Colegio de Europa por número de colegiados y el que más aporta en dinero, por lo que tendremos que sentarnos con el resto de decanos para ver de qué manera en el conjunto de las cosas que hace el Consejo cuál es el peso que tiene que tener Madrid.

El Colegio de Madrid aporta al cabo del año al CGAE más de 3 millones de euros. Tenemos que encontrar entre todos la manera de que el ICAM tenga su peso reconocido. ¿De qué forma? Ya lo decidiremos entre todos. 

¿Algo más que quiera añadir?

Sí. También es muy importante la formación continua de nuestros colegiados. 

La formación, que tiene que estar orientada a la práctica de la Abogacía, no puede ser un negocio de nadie. 

No puede confiarse a terceros.

Tiene que hacerse bajo la égida de una universidad, con un programa de contenidos puramente prácticos. José Javier Polo me decía el otro día que a la gente no se le puede echar a la arena -a los juzgados – sin una formación práctica. 

Hay que definir bien los contenidos, hay que tener buenos profesores y pagarles bien. Pero quien tiene que dirigir eso es el Colegio, que para eso es el que lo paga, y tiene que tener una presencia muy activa. 

Nosotros tenemos en nuestra candidatura gente de un peso específico importantísimo en esa materia, como son Ignacio Gordillo y José Javier Polo, quienes junto a Adolfo Prego y Santi Milans son unos interlocutores estupendos para hablar con el CGPJ y las instituciones que tienen que ver con la Justicia, por su experiencia, porque han sido cocineros antes que frailes, sin perjuicio del resto de la Junta de Gobierno.

Son cuatro pesos pesados que conocen muy bien la Administración de Justicia y que saben perfectamente cómo enfocar el desarrollo de nuestro programa.

Ha pedido a la Comisión Electoral del ICAM que prohíba los votos que procedan de los domicilios de las candidaturas. No quiere que nadie proteste al día siguiente del proceso…

Me gustaría que nadie pueda quejarse el 21 de diciembre de la pulcritud y transparencia del mismo. Desde luego, nosotros vamos a fomentar mucho la participación futura de todos los abogados. 

Si yo soy decano, en las elecciones de 2027 se podrá votar telemáticamente -votar, no pedir el certificado para poder votar por correo- y se podrá votar por un lapsus de tiempo superior al actual, porque a la gente hay que atraerla con facilidades.

Yo no le tengo miedo a la democracia. Por eso digo que el voto por correo, si se admite la manipulación denunciada en la queja que he presentado ante la Comisión Electoral estamos echando por tierra la filosofía misma de la naturaleza del voto.

El voto es personalísimo. Yo no voy a poner, como hacen otras candidaturas, notarios a la puerta de una fiesta para ir recogiéndolos. 

Yo pediré el voto en la forma que crea más oportuna en cada momento, pero, desde luego, después de invitar a los compañeros a copas no les voy a poner el notario en la puerta. Cada cual que haga lo que crea más conveniente, dentro de lo que la ley permita.

También presentó usted una recusación contra un miembro de la Junta Electoral, concretamente contra Silvia del Saz Cordero, que se ha visto abocada a renunciar…

Sí, la presenté el pasado sábado y el resultado, una vez publicada mi recusación en Confilegal, fue fulminante: La señora recusada presentó inmediatamente su renuncia. Lo que a mí me sorprende es que tanto ella como su jefe, el señor Mata Vázquez, y el señor Ribón, en especial, hayan tenido que ver mi escrito a la Comisión Electoral, publicado en Confilegal, para tomar la decisión que tendrían que haber adoptado como otros miembros de la misma lo hicieron muchísimo antes.

¿Ha quedado algo en el tintero que quiera abordar y no se haya tratado?

Sí, que nuestro Colegio tiene que ayudar sobremanera a los abogados jóvenes que quieran incorporarse a la profesión. Y esos abogados tienen que tener una minoración de sus cuotas durante los primeros tres años de ejercicio.

Además, los servicios, en general, tienen que ser gratuitos. No vamos a cobrar nada porque el Colegio emita informes en la tasación de costas, por ejemplo. 

Si llego al Decanato, voy a ser un decano muy muy austero, y no pienso colocar gente nueva para que cuando yo me vaya se queden ahí. 

Pero sí que quiero lanzar un mensaje de estabilidad para todos los empleados del Colegio de la Abogacía madrileña que llevan años y años dejando lo mejor de ellos mismos al servicio de todos nosotros. Yo les garantizo capacidad de gestión, diálogo permanente, horizontalidad y cordialidad en el trato y mucha participación en el devenir cotidiano del Colegio.

Y también quiero resaltar que nuestra candidatura es absolutamente apolítica, en el sentido de que tenemos proximidad respecto de todas las fuerzas políticas que atiendan a nuestros requerimientos. 

Y las que no nos presten atención o no nos atiendan son ellas las que se distancian de nosotros.


Artículo de Rosalina Moreno publicado en https://confilegal.com/20221107-miguel-duran-candidato-al-icam-venimos-a-servir-y-no-a-servirnos-y-seremos-necesariamente-incomodos-para-el-poder-con-tal-de-lograr-nuestros-objetivos/