La presidenta de la Comisión de Peticiones europea, Dolores Montserrat, ha pedido a la Comisión Europea iniciar una investigación preliminar sobre las compañías aseguradoras y las prácticas abusivas que practican, según las denuncias de varias asociaciones de profesionales de reparación de vehículos.
La demanda, presentada por el despacho Navas & Cusí, explicaba que las acciones de las aseguradoras incumplían cuatro Directivas comunitarias y varios artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), acarreando «graves perjuicios económicos a los talleres de reparación de automóviles».
«Las Directivas europeas sobre competencia y precios obligan a todos los Estados Miembros a cumplirlas, pero el reglamento en España está desfasado», dice Jesús Monroy, director de comunicación de Navas & Cusí, expresando que las aseguradoras «se han vuelto un cartel para fijar los mismos precios».
«Todas llevan la misma política», dice.
La fijación de precios de forma unilateral, sin reconocer los que suelen pedir los talleres ni reconocer las horas de trabajo, y la colusión tácita, prácticas prohibidas por el artículo 101.1 del TFUE, están entre las ofensas de las aseguradoras que enumera la denuncia, así como las cláusulas que restringen la libre elección del establecimiento para llevar a cabo las reparaciones y la imposición de los tipos de recambios y los proveedores que se pueden usar.
Según Monroy, el cliente también sufre los efectos perjudiciales de estas prácticas ya que «no puede exigir lo que necesita para garantizar el mejor funcionamiento de su vehículo».
«El cliente se tiene que conformar con ciertas reparaciones que van a hacer que la calidad del servicio y del resultado sean muy deficientes», dice.
También se señala la «dependencia económica» de los peritos de las aseguradoras que inspeccionan los daños a los automóviles y definen los precios que deberían cobrarse por su arreglo.
«Un perito debe ser como un notario, objetivo por definición o al menos capaz de emitir un juicio con honestidad subjetiva», señala Monroy, indicando que no suele ser este el caso.
En palabras de Monroy, «todos los talleres, salvo los oficiales de las propias compañías de coches, están en lo mismo». Los que se salvan son «los que son privados puros, que se mantienen al margen y no le pagan a las aseguradoras».
La demanda abarca las reclamaciones de la Confederación española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines (CETRAA), Federación Española de Empresarios Profesionales de Automoción (CONEPA), la Federación de Asociaciones de Agentes y Servicios Oficiales (FAGENAUTO) y la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (GANVAM).
«Veremos lo que dice el ámbito europeo de la ley», afirma Monroy, explicando que los profesionales de los talleres buscarían que los órganos comunitarios autoricen una indemnización o una multa.
«El primero en pagar sería el Estado español por permitir que todo esto ocurra, luego de lo cual tendrían que corregir a las aseguradoras», declara, aunque dice que están listos para esperar un resultado positivo. «Esto puede tardar mucho tiempo».
