Asistimos a una nueva tomadura de pelo del bipartidismo a la ciudadanía y una nueva injerencia en uno de los poderes que conforman el estado de derecho: el poder judicial.
Las declaraciones de Esteban González Pons tras la reunión del PP y PSOE sobre reconstruir puentes para negociar la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hacen evidente que el Tribunal Constitucional y el CGPJ van a ser la dote que van a ofrecer a esa pareja con la que ansían encamarse en privado pero que repudian en público.
Va siendo hora de que los ciudadanos nos rebelemos y dejemos de permitir que tanto PP como PSOE metan sus zarpas en el CGPJ, contaminándolo con la clara intención que deje de ser un poder de control sobre el legislativo y ejecutivo, que es una de sus funciones.
A esta intención hay que añadir que, a ambos partidos con claros casos de corrupción en sus filas, les interesa –necesitan– controlar el órgano de gobierno de los jueces para intentar ejercer presión sobre aquellos que instruyen casos de corrupción política.
Y la ciudadanía podría preguntarse ¿en qué influye esa elección en los casos de corrupción política?
Y la respuesta es que siendo el CGPJ su órgano de gobierno, este elige al presidente y miembros del Tribunal Supremo y a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas.
Y son estos órganos judiciales los competentes para enjuiciar y juzgar a los diputados y senadores y otros altos cargos en los casos de corrupción.
Seguramente, con esta respuesta, todo ciudadano ve la importancia que tiene para el bipartidismo controlar y designar a los jueces que pueden juzgarles a través del control de los vocales del Consejo.
Y ambos, PP y PSOE, cuando se encuentran en la oposición abrazan la reforma de la elección de jueces.
Pero este abrazo es sólo el de un amante temporal y, cuando llegan a Gobierno regresan al lecho matrimonial y sólo se acuestan con el control del CGPJ.
Y ese abrazo es un abrazo forzado. Forzado por Ciudadanos.
Fueron los liberales quienes, por primera vez, exigieron el cambio de elección en un acuerdo de Gobierno. Una condición que se reflejó tanto las negociaciones con el PSOE como con el PP. Y una exigencia que no han dejado nunca de reclamar, como tampoco lo han hecho las asociaciones de jueces.
Y es que, desde hace demasiados años, el informe GRECO (Grupo de Estados contra la corrupción del Consejo de Europa) viene advirtiendo a España sobre la necesidad, imperiosa, de modificar el sistema de elección de vocales que conforman el CGPJ.
De las once recomendaciones que GRECO hizo a España en 2011, sólo dos se cumplían en el informe de 2019. Es decir, que en seis años, los gobiernos de PP y PSOE sólo habían sido capaces de cumplir dos de ellas.
En 2021, de las nueve que quedaban por cumplir, hay una que no se ha abordado, ni parcialmente, por el gobierno: la elección de los vocales del CGPJ.
GRECO señala de vital importancia para erradicar las malas conductas y sigue recomendando que “sean elegidos por sus pares y que las autoridades políticas, como el Parlamento o el poder ejecutivo no participen en ninguna etapa del proceso de selección”.
Así que no, no es una cuestión baladí la de la elección de los vocales del CGPJ.
Y ni de las declaraciones de Pedro Sánchez, que sigue enrocado en controlar todas las instituciones, ni las de Alberto Núñez Feijóo, que ya está modulando su oposición hablando de “los jueces deben participar” que no elegir a su órgano de gobierno, se desprende que tengan intención alguna de sacar sus zarpas de la Justicia.
Ante ellos, ante ese bipartidismo que trata a los ciudadanos como infantes a los que se les ofrece un caramelo para distraerles de lo importante, la ciudadanía debe rebelarse.
Debemos empezar a dejar de pensar que un cambio no es posible, que unos pocos no podemos cambiar la deriva de España.
Porque “mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”.
