Desde el año 2000 hasta mayo de 2022 los funcionarios de prisiones han sufrido al menos «7.564 agresiones» en su actividad laboral diaria – según los datos aportados por la administración penitenciaria- cuya consecuencia inmediata son daños físicos y psicológicos de los servidores públicos agredidos.
Son cifras que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIIPP) ha facilitado al Portal Transparencia a petición de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), sindicato exclusivo en el ámbito penitenciario.
«Muchas de estas agresiones se producen como consecuencia de la intervención en los diferentes incidentes regimentales, en la obligación del funcionario de garantizar la seguridad, la vida y la convivencia pacífica en el interior de los centros penitenciarios», explica a Confilegal el presidente de este sindicato, Francisco Llamazares, y destaca que son el colectivo profesional de la Administración Pública que más agresiones sufren al año.
Advierte que pese a que estas cifras son elevadas, «no reflejan el número real de todas las dificultades a las que se enfrentan los funcionarios de prisiones». «Ni siquiera estamos hablando del número de funcionarios agredidos, sino de agresiones, de incidentes o incidencias regimentales y solo de aquellos que suponen una lesión física al trabajador penitenciario. No recoge las miles de agresiones verbales que diariamente se vierten contra estos profesionales, al no estar reconocidas por la Administración en el protocolo específico de actuación frente a las agresiones en los centros penitenciarios (PEAFA)», indica Llamazares.
Más de 4.659 amenazas o coacciones contra los trabajadores penitenciarios, según los datos correspondientes a 2020.
Francisco Llamazares, de 58 años, trabaja en la prisión de Navalcarnero (Madrid) desde hace 12 años.
Hasta hace un par de años se encargaba del módulo 5, que alberga a los internos más peligrosos de la cárcel, “60 internos conflictivos con graves delitos y muchos años de condena en algunos casos”. Actualmente, ya no está en trato directo con los internos, está en segunda actividad en el departamento de alimentación.
Llamazares tiene la fortuna de no haber sido atacado, hasta el momento. “Gracias a Dios no he tenido ningún incidente. Y eso que soy el más bajito de todos”, comenta con orgullo. Ha trabajado en cárceles de Cataluña, Sevilla, Villabona (Asturias) y en la también madrileña de Aranjuez.
VIOLENCIA FÍSICA Y VERBAL, ‘LA MAYORÍA SIN CONSECUENCIAS LEGALES’
«Estamos hablando de que no se contabiliza la violencia física y verbal, la mayoría de ella sin consecuencias legales para sus responsables al no tener los funcionarios de prisiones reconocida todavía la condición legal de agentes de la autoridad«, destaca este sindicato.
Y en otras muchas ocasiones, según explica, «por tener un sistema sancionador para los internos caduco, extemporáneo y ajeno a la realidad penitenciaria actual y de imposible cumplimiento para determinados perfiles». «El funcionario de prisiones tiene que elevar un parte de hechos informando de la incidencia a la dirección, entonces la dirección pregunta al interno, que tiene derecho a un pliego de descargo, y la junta de tratamiento del centro penitenciario valora todas las alegaciones y las pruebas y en función de ello, impone o no una sanción», explica Llamazares.
Afirma que este sistema es caduco porque «la sanción no conlleva ninguna restricción de derechos, sino que, por lo general, sólo acarrea la privación de paseos regimentales», y esto, según manifiesta, lo que supone es que «en la mayoría de los casos, haya internos que buscan o utilizan estas situaciones simplemente para poder quedarse en sus celdas descansando, viendo la televisión, hasta la hora de la cena, cuando tienen que bajar a recoger el racionado, en vez de estar en el patio pasando calor o frío».
Según este sindicato, los 15.000 funcionarios de prisiones que actualmente hay en España, preferentemente dedicados a la custodia, seguridad y vigilancia de la población reclusa, «sufrirán alguna agresión física contra su persona a lo largo de su vida laboral».
ADEMÁS DE LAS LESIONES FÍSICAS, SUFREN ESTRÉS, ANSIEDAD, INSOMNIO Y BAJA AUTOESTIMA POR ESTAS ACCIONES VIOLENTAS
El presidente de la APPF señala que estas acciones violentas, verbales o físicas conllevan en el profesional una situación de estrés, ansiedad, insomnio, baja autoestima, conmoción, sufrimiento, lesiones psicológicas o físicas «que afectan, sin duda, a su actividad laboral, haciendo que en muchas ocasiones no pueda seguir prestando su servicio y, en otras, conllevando un tiempo de baja psicológica para su recuperación».
A mayores, indica que la violencia en prisión no solo afecta la integridad de sus profesionales, sino también «en forma de daños colaterales a la salud psíquica de sus familias, que ven día a día su sufrimiento, un desgaste profesional y un deterioro emocional constante».
Además, subraya que «debemos ser conscientes que un ataque a estos profesionales es un ataque a la sociedad en sí y conlleva una merma de este servicio público esencial».
Una de las concentraciones del sindicato APFP a las puertas de la Secretaría General de Instituciones Penitetenciarias para reclamar soluciones; Llamazares, segundo por la derecha portando la pancarta.
En España hay 71 centros penitenciarios para unos 46.500 internos, el 7,2% de población femenina -datos a 6 de mayo de 2022-, sin contar los de las comunidades autónomas que tienen las competencias transferidas, como son Cataluña y País Vasco, esta última desde junio de 2021.
La tasa de encarcelamiento es de algo más de 120 reclusos por 100.000 habitantes, la edad media de los internos en nuestro país es de 40 años, mientras que la de los funcionarios de prisiones es de 54, y la duración media de la permanencia en prisión está en tres años y siete meses. Los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico lideran el ranking, seguidos de los delitos contra la salud pública, y luego los homicidios y los delitos contra la libertad sexual.
LAS REIVINDICACIONES DE LA APFP
Para reducir la conflictividad de las prisiones, «donde se producen una media de cuatro incidentes regimentales graves cada hora que pueden acabar en agresión contra los funcionarios», la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones reivindica la consideración de agente de la autoridad a los trabajadores penitenciarios en el ejercicio de sus funciones.
También ve necesario un nuevo régimen sancionador «contundente» para erradicar cualquier tipo de conducta violenta, ya sea ejercida contra funcionarios y/o internos, «imprescindible para un proceso de reinserción conductual y de convivencia en sociedad».
Una muestra de las armas incautadas a internos.
Este sindicato también reivindica que se dote de «seguridad legal» a los funcionarios de prisiones en la utilización preventiva de medios coercitivos, como es la utilización preventiva de esposas durante los desplazamientos de internos dentro de la prisión. «Su trayectoria conflictiva en las cárceles españolas es más que suficiente para tomar medidas preventivas”, afirma.
«Supongamos que tengo que trasladar a un interno de primer grado conflictivo, con varios partes, desde un departamento a otro. Lo normal sería que fuera esposado para minimizar el riesgo de cualquier posible altercado, como se hacía hace años, pero esto se ha restringido, una situación que puede provocar mayor conflictividad ante cualquier actitud agresiva», explica Llamazares.
Además, reclama la derogación de las órdenes de servicios de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que actualmente sólo recoge que se puede poner esposas a los internos peligrosos y multireincidentes en agresiones e incidentes regimentales, clasificados en primer grado» (artículo 91.3 del Reglamento Penitenciario).
«Serán destinados a departamentos especiales aquellos penados clasificados en primer grado que hayan sido protagonistas o inductores de alteraciones regimentales muy graves, que hayan puesto en peligro la vida o integridad de los funcionarios, autoridades, otros internos o personas ajenas a la institución, tanto dentro como fuera de los establecimientos y en las que se evidencie una peligrosidad extrema», dispone dicho artículo.
LA APFP HA DENUNCIADO ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO ESTA ‘PRECARIA SITUACIÓN’
La APFP ha denunciado recientemente ante el Defensor del Pueblo la «precaria» situación en la que se encuentran los funcionarios de prisiones. Ha presentado a la adjunta primera, Teresa Jiménez-Becerril, una batería de quejas y ha reivindicado mejoras normativas y salariales que «reconozcan y valoren adecuadamente» esta profesión y permitan al colectivo «mantener dignamente» a sus familias.
Quejas como la «escasez» de funcionarios, ya que no se han cubierto alrededor de 3.000 plazas vacantes, y que las agresiones continúan hacia los trabajadores penitenciarios por parte de la población reclusa «sin que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias haya tomado medidas».
Como señaló a Confilegal Llamares entonces, la APFP valora positivamente la reunión y espera que se den los pasos necesarios para ir actualizando todas estas reivindicaciones.
Este sindicato denuncia que las agresiones contra el personal penitenciario son «una pandemia que no se ha querido abordar por parte de los diferentes Gobiernos».
Llamazares explica que esta realidad «inapelable» se ha tratado de «ocultar» con la firma en 2017 del Protocolo de actuación frente a las agresiones en los centros penitenciarios, con la intención de «reducir» la estadística de las agresiones e «intentar vender un modelo penitenciario de éxito, donde el 80% de los presos no vuelve a delinquir», pero asegura que «se cimenta en la manipulación de las cifras».
Y lo peor, añade, «en concesiones de beneficios penitenciarios” no sólo a los internos que lo merecen y han trabajado por su reinserción, como establece y fija la ley orgánica penitenciaria, sino «a muchos que no lo merecen y han continuado sin respetar las normas de convivencia» que deben primar en nuestra sociedad.
También afirma que a pesar de la baja en la población reclusa, las agresiones contra estos trabajadores se mantienen, y que si bien han bajado de las 475 registradas en 2010 a las 159 en 2021, la “tasa de agresión” por cada mil internos prácticamente se ha mantenido del 2000 al 2021 en torno al 4%.
En los primeros cinco meses de 2022, hasta mayo, se han producido 59 agresiones de internos a funcionarios, y ello, según recalca, «sin contar las tentativas de agresión al colectivo, en las que hay cada vez más agresiones indiscriminadas, con pérdidas de autoridad y de respeto, unido a las altas cifras de conflictividad entre internos, con peleas y autolesiones constantes».
«Si a todo ello sumamos la fiscalización de nuestro trabajo desde la Inspección Penitenciaria con la apertura de informaciones y su remisión a las autoridades judiciales por si acaso, sin ningún indicio de mala praxis profesional, cada agresión a trabajadores con trayectorias profesionales impecables ha provocado en forma de secuelas la reducción de la moral, la desmotivación y el debilitamiento de la confianza y la legitimidad del principio de autoridad que debe primar a la hora de abordar este tipo de situaciones conflictivas», lamenta el presidente de la APFP.
En este sindicato consideran que debería primar la “seguridad de los funcionarios”, pero sostienen que es de «imposible» cumplimiento sobre una política penitenciaria pensando en el «buenismo» de la población reclusa y la «culpabilidad” de sus trabajadores, «porque se niega la presunción de veracidad a los informes de los funcionarios de prisiones, llegando a la absurda conclusión de que estos funcionarios siempre serán presuntamente culpables de maltrato hasta que se demuestre lo contrario».
«Todo ello, de muy difícil solución ante la falta de apoyo institucional del Sr. Ortiz, que les da la espalda y no reconoce y protege sus derechos, empecinado únicamente en blanquear a todos los reclusos y vender un descenso del 26,5% de las agresiones sufridas entre 2018 y 2021, cuando la realidad es la falta de confianza en sus profesionales y en la institución en su conjunto», critica Llamazares.
La APFP destaca que la violencia en prisión es un problema fundamental para todos los sistemas penitenciarios, ya que compromete los derechos humanos, la seguridad pública, la vida de los internos, así como de los propios funcionarios y puede incrementar la reincidencia delictiva.
AGRESIONES POR AÑO Y LOS CENTROS PENITENCIARIOS QUE ENCABEZAN EL ‘TOP TEN’
La Secretaria General de Instituciones Penitenciarias firmó el protocolo conocido con el nombre de PEAFA para tratar de frenar las agresiones que sufre el personal penitenciario durante su actividad laboral. Este protocolo, firmado por los sindicatos UGT (ACAIP) y CSIF, contempla un catálogo de medidas para intentar frenar las agresiones de la población reclusa a funcionarios, que entre 2000 y 2016 habían sufrido 6.296 agresiones, una media diaria de una agresión con lesiones; 427 agresiones en 2011; 406 en 2012; 314 en 2013; 359 en 2014; 351 en 2015 y 359 en 2016.
Dentro de este colectivo profesional, el grupo mayoritario más afectado por las agresiones es el del funcionario de interior y vigilancia V1, los que tienen un mayor trato directo las 24 horas del día con la población reclusa.
En 2017 -año de la firma del protocolo- la cifra de agresiones se situó en 305. Las agresiones directas de internos a funcionarios de prisiones fueron 223 en 2018 y en 2019, y en 2020 y 2021, a pesar del confinamiento de presos en sus celdas por la incidencia de la pandemia, se produjeron 176 y 159, respectivamente, a las que se suman en 2022 un total de 59 hasta el pasado mayo.
«A pesar del PEAFA, las agresiones continúan, con una media de tres agresiones a funcionarios cada ciclo de trabajo, lo que evidencia que trabajamos en un medio hostil, duro y peligroso», señala Llamazares, por lo que reclama «más medios personales y actualización de normativa ejemplarizante para estos casos».
Según informa la APFP, tras u nestudio detallado de las agresiones sufridas por internos durante los últimos 22 años, en el ranking de los 10 centros penitenciarios con mayor número de agresiones se encuentran el de Córdoba, con 399; Valencia, con 365; Soto del Real (Madrid), con 342; Mallorca, con 276; Albolote (Granada), con 227; Algeciras, con 224; Estremera (Madrid), con 218; Puerto 3 (Cádiz), con 200; Teixeiro (La Coruña), con 196; y Zuera (Zaragoza), con 194.
Además, el centro penitenciario de Córdoba ha sido el que ha registrado mayor número de agresiones en seis ocasiones, que se corresponde con los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2010 y 2012, y posee el récord de padecer el mayor número de agresiones a funcionarios en un mismo año, con 57, en 2007.
Por comunidades autónomas, donde más se han registrado son Andalucía (2.276); la Comunidad de Madrid (1.120); la Comunidad Valenciana (952); Castilla y León (739); Galicia (472); Canarias (402); Baleares (299); Aragón, (295); el País Vasco (222) -la gestión fue transferida en 2021-; Asturias (157); la Región de Murcia (145); Extremadura (128); Castilla-La Mancha (125); Melilla (61); la Comunidad Foral de Navarra (56); Cantabria (41); Ceuta (38); y La Rioja (32).
La evolución en el número de agresiones y el número de internos recluidos por años desde 2000 a mayo de 2022:
Fuente: APFP
NEGATIVA A DENUNCIAR EN ALGUNOS CASOS
Según la APFP, existe “negativa” por parte de muchos funcionarios víctimas de conductas violentas a denunciar la agresión sufrida, «y más si estas no tienen unas consecuencias o daños físicos importantes».
«El motivo no es otro que cuando el personal penitenciario sufre lesiones como consecuencia de una agresión, si pides el PEAFA se fuerza, entre otras medidas, a la investigación interna por parte de la Subdirección General de Análisis e Inspección, supervisándose los vídeos del incidente regimental, analizando pormenorizadamente si se han cumplido las normas de protección y prevención, etc.», aclara Francisco Llamazares.
«El protocolo PEAFA sirve para analizar y evaluar la actuación del funcionario de prisiones, que en algunos casos ante el temor o duda de una situación con garantías suficientes de una correcta actuación opta por no poner en funcionamiento el PEAFA», explica.
La APFP pone el foco en que este «efecto colateral» está provocando en muchos casos que los trabajadores se abstengan de denunciar casos de agresiones, y por este motivo bajarán las estadísticas, «no porque se hayan reducido las agresiones, sino porque habrá menos denuncias registradas».
Según afirma, desde el caso Villena, con la suspensión de empleo y sueldo a los dos funcionarios «acusados/implicados sin pruebas de la falsa agresión a un interno en el módulo de aislamiento de la prisión alicantina y a la subdirectora de la cárcel de Villena (Alicante), el temor a represalias desde la SGIIPP ha aumentado».
Para la APFP, no es comprensible que a pesar de abrirse un expediente informativo por cada agresión sufrida desde mayo de 2017, con la entrada en vigor del PEAFA, más de mil situaciones que acabaron en agresión, «y habiéndose analizado supuestamente por técnicos y expertos todas las circunstancias que dieron lugar a que se produzca la agresión, solo se haya emitido un informe de fecha 28 de abril de 2021, de la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social, ‘Informe Balance en Materia de Seguridad y Tratamiento’, para que por parte de las subdirecciones de seguridad se lleven a cabo de forma cíclica prácticas con los útiles, medios, formas y procedimientos que requieren dichas intervenciones, así como al análisis del abordaje de situaciones conflictivas, ligadas, principalmente, para la óptima utilización de los distintos medios coercitivos (contenciones mecánicas, esposas, defensas de goma).
«Nos habla de utilización de medios coercitivos, de practicar la utilización de esposas, cuando lo han prohibido y sólo se aplica de forma preventiva para aquellos internos muy peligrosos, incluidos en el Ficheno Internos Especial Seguimiento (FIES), como en el caso del conocido ‘Igor el ruso’, que agredió en abril de 2021 a cuatro funcionarios con un azulejo tras negarse a salir de la celda para ser juzgado como autor confeso por el triple asesinato ocurrido en Andorra en 2017″, critica este sindicato.
«Seamos serios, el no reconocer desde una institución como la penitenciaria que hay un porcentaje de presos inadaptados y muy peligrosos para la convivencia en sociedad, que no respetan normas, es ir contra la cruda y dura realidad de la sociedad de la que el sistema penitenciario forma parte. No todos los internos son reinsertables. Se les da una oportunidad tras otra, pero algunos la rechazan sistemáticamente haciendo el uso de la violencia y la delincuencia su forma de vida», expone indignado.
Estamos hablando, según informa, de entorno al 10% de la población reclusa, lo que según cifras actuales del sistema supondría sobre 4.600 internos, y añade que actualmente hay en prisión más de 2.500 internos con antecedentes por agresiones a funcionarios, incluidos en el fichero I.E.O., de internos de especial seguimiento.
LAS OTRAS CAUSAS QUE INCIDEN EN LAS AGRESIONES A FUNCIONARIOS: INTERNOS CON ENFERMEDAD MENTAL
Este sindicato expone que son muchos los elementos que intervienen en el índice tan elevado de agresiones que vienen soportando. Llamazares manifiesta que a la «falta de personal y medios», hay que sumar la proliferación de internos con patologías psiquiátricas y la carencia formativa de los funcionarios de prisiones en el manejo de las múltiples situaciones de alteración que sufren y provocan las personas con enfermedades mentales. En la APFP consideran que las prisiones no son el lugar idóneo para su estancia y tratamiento.
También informa que producida una situación de riesgo para el propio interno o con terceras personas, los funcionarios de prisiones se encuentran con el hándicap de que se ven obligados a intervenir desconociendo «la mayoría de veces, por no decir en el 100% de los casos», por la política de protección de datos, ante qué situación se encuentran y cómo han de intervenir con el menor coste.
Indica que las personas presas con trastornos mentales no son más violentas que la población en general, siempre que sigan un tratamiento apropiado y tengan un seguimiento médico especializado, ya que si no tuvieran un tratamiento o no fuese apropiado sí que son más proclives a tener actuaciones agresivas. Sin embargo, dice que «lamentablemente, por la mala gestión de los responsables de la Administración Penitenciaria, el Ministerio y la Secretaría General han convertido las prisiones en psiquiátricos, eso sí, sin psiquiatras, sin médicos, sin sanitarios, sin personal asistencial de apoyo y sin un número de funcionarios de vigilancia adecuado a las necesidades reales que genera este tipo de enfermo».
Según explica, el desarrollo de las enfermedades mentales en prisión se encuadran por lo general en el círculo de las adicciones, dependencias y necesidades biológicas, encontrándonos fundamentalmente con el alcoholismo y la drogodependencia, habiendo incrementado exponencialmente los trastornos por consumo de sustancias psicoactivas (farmacológicos), opioides y benzodiazepinas, «siendo lo más habitual el policonsumo de tóxicos, afectando a su estado de ánimo y a su conducta, conllevando a un deterioro físico y mental progresivo». También señala los «brotes psicóticos» e indica que cada vez están siendo diagnosticados más internos con trastorno bipolar.
«Hasta el propio secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, aseguró en su comparecencia en el Congreso de los Diputados en abril de 2021 que el 30% de incidencias de agresiones a funcionarios, una de cada tres, estaban relacionadas con la población reclusa que padece enfermedad mental o discapacidad intelectual. Lo que omitió de forma intencionada es que para este tipo de internos la comisión de una agresión no tiene ningún tipo de repercusión sancionadora desde un punto de vista regimental y, en la mayoría de las veces, sin trascendencia penal. Son inimputables a efectos de responsabilidad penal y a lo sumo se les podría imponer por los tribunales una medida de seguridad, previstas en los artículos 95 y siguientes del Código Penal», relata Francisco Llamazares.
Además, apunta que también hay que tener en cuenta la bajada de la población reclusa en 4.526 internos menos entre los años 2017 y mayo de 2022, un 8,87% en este periodo; otro motivo más, según la APFP, para el leve descenso en las estadísticas del número de agresiones.
«Otro problema es el envejecimiento de la plantilla, entre otras cosas porque no ha habido una planificación adecuada en la política de personal de la SGIIPP hacia los centros penitenciarios a través de convocatoria de oferta de empleo público, ya que con una edad media de 55 años o más, hay 3.500 vacantes en las relaciones de puestos de trabajo y 6.942 funcionarios que en los próximos 10 años se jubilarán», agrega.
Llamazares manifiesta que todos estos condicionantes se ven agravados por la ausencia de un desarrollo legislativo que les incluya como agentes de la autoridad a todos los efectos, «con el factor disuasorio que ello supondría, y un protocolo contra agresiones que no se preocupe en maquillar las estadísticas buscando poner cada vez más trabas a la hora de denunciar las agresiones».
Ya por último, asegura que la legislación que regula el régimen personal de los funcionarios de prisiones se ha quedado «obsoleta» y «no tiene en cuenta la especificidad y especialidades del trabajo de los cuerpos penitenciarios, incluidos en un marco normativo de carácter generalista creado para los cuerpos administrativos de la Administración general del Estado, a todas luces insuficiente».
En la APFP consideran imprescindible una nueva organización a través de una ley que les dote de un Estatuto propio que recoja las singularidades que implica el trabajo en el ámbito penitenciario.
Los funcionarios de prisiones demandan «respeto y dignidad a su profesión” y que a los agresores se les aplique «la ley con la máxima contundencia. Y se modifique y modernice a las circunstancias actuales de violencia que se vive en las prisiones». «Estamos cansados de ser agredidos y humillados desde nuestra propia administración», critica Llamazares.
«Ojalá la Secretaría General escuche al Defensor del Pueblo en todas aquellas recomendaciones que le indique y las asuma como propias», concluye.
