Budapest (EuroEFE).- Los cambios legales impulsados por el Gobierno húngaro para dejar de vulnerar el Estado de derecho y poder recibir fondos europeos han sido calificados de «farsa» por la oposición, al tiempo que algunos analistas lo describen como un «programa de mínimos».
El país centroeuropeo, que afronta una inflación interanual que supera ya el 20 %, podría perder fondos comunitarios, por valor del 4,8 % de su producto interior bruto (PIB), por no respetar los principios europeos de Estado de derecho.
IRREGULARIDADES SISTEMÁTICAS
La Comisión Europea (CE) propuso el pasado septiembre congelar 7.500 millones de euros para Hungría, argumentando irregularidades sistemáticas en la contratación pública, conflictos de intereses en el ámbito público y deficiencias en la lucha contra la corrupción.
El Parlamento húngaro ha aprobado 17 reformas legales para cumplir las condiciones para tener acceso a los fondos, gracias a la mayoría absoluta con la que Gobierna desde hace 12 años el Fidesz, el partido del primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán.
Today we proposed budget protection measures to the @EUCouncil under the conditionality regulation.
This is to ensure the protection of the #EUbudget and the financial interests of the EU against breaches of the principles of the #RuleOfLaw in Hungary.
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— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) September 18, 2022
Éstas incluyen, entre otras, la creación de una «autoridad de integridad» para proteger los intereses financieros de la Unión Europea (UE) y un grupo de trabajo asesor de esa entidad de lucha contra la corrupción.
Por otra parte se reformaron las normas sobre los conflictos de intereses, y se ha establecido que la autoridad tributaria colabore con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Medidas que el Ejecutivo afirma suponen un pleno cumplimiento de lo exigido por Bruselas.
¿MEDIDAS SUFICIENTES?
La CE ha calificado estas propuestas como «pasos importantes» en la dirección correcta.
Por su parte los países comunitarios han dado tiempo hasta mediados de diciembre para que Hungría aplique las medidas, reconociendo que «se ha comprometido a adoptar medidas correctoras», que podrían bastar para subsanar las deficiencias en el Estado de derecho.
La oposición húngara ha advertido, sin embargo, que se trata de una «actuación de teatro, una farsa», tal como lo ha asegurado el eurodiputado de la Coalición Democrática, Csaba Molnár en el Parlamento Europeo.
«Desde lejos parece como si se tratara frenar la corrupción, pero en Hungría todo el mundo sabe que solo es una farsa», dijo Molnár, al afirmar que el Gobierno solo quiere llegar a un acuerdo, porque mientras los fondos estén congelados «los oligarcas no pueden robar».
HACER LO MÍNIMO
«El Gobierno húngaro busca hacer el mínimo de los cambios posibles en la lucha contra la corrupción y la defensa de los fondos comunitarios», explica a EFE Miklós Ligeti, director de asuntos jurídicos de Transparencia Internacional de Hungría (TI).
La responsabilidad de la CE es importante «para sacar lo mejor de esta situación», agrega Ligeti, que al mismo tiempo reconoció que se trata del programa anticorrupción más importante, si no el único, de los últimos 30 años.
Hungría es el segundo país más corrupto de la UE, por detrás de Bulgaria, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021 publicado por TI.
Esta organización asegura en una carta a Bruselas que se trata de una «buena, aunque muy tímida dirección» y que «habría que querer más», adelanta Ligeti.
Entre otros, la organización pide la integración de Hungría en la Fiscalía Europea, más consultas con los afectados sobre las legislaciones y abrir un debate sobre la independencia judicial.
«Sin eso, las medidas adoptadas sirven poco», afirma Ligeti, agregando que la autoridad anticorrupción «tendrá que navegar a contraviento, ya que los líderes políticos serán los mismos y no estarán más decididos a luchar contra la corrupción que hasta ahora».
TONO MENOS CONFLICTIVO
Ahora, el Gobierno húngaro muestra su rostro menos conflictivo, subrayando que Budapest seguramente llegará a un acuerdo con la CE.
«La Comisión podrá ver que no solo tomamos en serio nuestros compromisos, sino que la ejecución de los mismos es realmente convincente, y así propondrá al Consejo (Europeo) que suspenda el procedimiento», dijo el miércoles Tibor Navracsics, ministro responsable del uso los fondos comunitarios.
El Gobierno pronostica que la CE plantee nuevas exigencias y que la supervisión por parte del ejecutivo comunitario será continuo. Esto podría significar, según Ligeti que la CE ya haya indicado a Budapest que no está satisfecha con algunas partes del paquete.
Otros analistas, como el director del instituto Policy Solutions, András Bíró-Nagy, apuntan a que tanto la CE como el Gobierno quieren llegar a un acuerdo «sin la pérdida de cantidades importantes de dinero», según cita el portal económico napi.hu.
Con todo, este analista espera que la primera parte de los fondos europeos no llegue antes de 2023.
Editado por M.Moya
