Noemí Romero Vera (EFEverde).- La construcción de parques solares para la generación de energía está ocasionando controversia entre agricultores y empresas promotoras de proyectos fotovoltaicos por la sustitución de cultivos por paneles solares en tierras agrícolas, un conflicto que se suavizaría acercando esas infraestructuras a los lugares que más consumen energía y evitando las pérdidas inherentes al transporte.
Ante la reducción de áreas de cultivo y el abandono de zonas rurales que surge de este conflicto, varias asociaciones y expertos del sector en entrevistas con EFE han puesto de relieve la pregunta: “¿Qué es más rentable, la propagación de la energía renovable o que un agricultor pueda seguir desarrollando su actividad?”
Según Jacobo Feijóo, de Unións Agrarias-UPA Galicia, esto se evitaría con la ubicación de los parques solares más cerca de los lugares de mayor demanda de consumo de energía, para «ganar entre un 20-30 % de potencia disponible» y utilizarlo como fórmula «para compensar así las comunidades que sufran impacto medioambiental».
Las empresas promotoras presionan a los dueños de los terrenos para que no renueven los contratos de arrendamiento con los agricultores, quienes terminan abandonándolos, denuncian desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) Castilla y León, que se opuso al proyecto de macroparque fotovoltaico en los terrenos públicos de la Junta Vecinal de El Burgo Ranero (León).
Cristina Fernández, técnico de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Zamora y miembro de la plataforma vecinal de la comarca de Sanabria Comunales Libres, afirma que «el problema con el desposeimiento de las tierras es que se declaran de utilidad pública, algo que obliga a que muchos agricultores dejen de realizar la actividad al quedarse sin ellas”.
El secretario general de Asaja Castilla y León, José Antonio Turrado, sostiene además que “muchos de los proyectos se fragmentan», y según la energía generada, si se producen «menos de 50 megavatios (mW), la autorización se gestiona a través de las autonomías en lugar del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico».
No obstante, a pesar del conflicto generado, algunos ayuntamientos están de acuerdo en que son proyectos que aportan ingresos a las arcas municipales y a los vecinos.
Así lo afirma, Alberto Miranda Fernández, el secretario general del Ayuntamiento de Cobreros (Zamora), donde un proyecto de parque solar que iba a ocupar unas 400 hectáreas, finalmente no llegó a materializarse ante la oposición del movimiento Comunales Libres.
José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) explica que si un agricultor alquila su terreno para una instalación solar puede sacar una rentabilidad de entre 1.500 a 2.000 euros por hectárea, y recuerda que «la lucha rápida contra la emergencia climática pasa por el avance rápido hacia alternativas a las energías fósiles”.
Sin embargo, Alberto Fernández, agricultor de Cobreros y miembro de Comunales Libres, afirma que la mayoría de las tierras de la zona son minifundios que no llegan a los 2000 o 3000 metros, por lo que “la rentabilidad sería ínfima”.
Imagen de una parte de las 400 hectáreas de terreno de las fincas comunales en Cobreros (Zamora) donde se querían instalar placas solares. Imagen cedida por Alberto Fernández / EFE.
El agricultor incide en que la promesa de trabajo en los parques tampoco les atrae, porque hay una gran diferencia «en cuanto a ingresos por obra», y los procedentes del posterior mantenimiento del parque, que acaba siendo más descentralizado, requiere de menos personas, y lleva a un mayor abandono de los pueblos de muchas familias.
La ubicación de los parques solares, alejados de las zonas donde más se consume energía, es algo que también “genera controversia y evidencia el desequilibrio territorial”, según Cristina Fernández.
Los datos de Red Eléctrica estiman que en 2021 Castilla y León generó más del doble de energía de la que consume, de la cual casi el 90% proviene de fuentes renovables.
Uso de suelo
La responsable de UPA Zamora recalca que en los últimos diez años se han abandonado miles de hectáreas en Castilla y León, y ha puesto el foco en la amenaza que supone para la producción alimentaria, que evitaría la importación desde otros países, “porque no se debería importar algo de lo que ya existe capacidad para producir aquí y podría cubrir las necesidades del país”.
Cristina Fernández afirma que “el gran reto que tiene la humanidad es el de la alimentación y ya existen tejados, secarrales o polígonos industriales para poner las placas solares, por lo que se trata de ordenar y no de ir contra un recurso escaso planetario como son los suelos fértiles de cultivo”, algo para lo que hace falta asegura, «una legislación».
Equilibrio y acuerdos
Por su parte, el representante de Asaja subraya que “el (sector) eólico es una opción más compatible con la agricultura y los pastos para poner las placas, “porque no entorpecen la actividad ganadera y no invade el uso de suelo en sus territorios”.
Feijóo ha asegurado que con los parques eólicos también hay bastante contestación rural, pero «hay que entender que muchos van a ser una realidad porque se necesita el proceso de descarbonización, y dejar de prescindir del gas y petróleo».
Sin embargo, el representante de UPA Galicia ha afirmado que los parques que se instalen al menos «se hagan a través de acuerdo, teniendo en cuenta las premisas de compensación a las comunidades, pagando precios justos a los propietarios de los terrenos, y sin necesidad de afectar a las personas del entorno que sufran el impacto medioambiental». EFEverde.
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