Un año después de aquel esperanzador 7 de julio del 2021, fecha en la que se alcanzaba un acuerdo para la construcción de una nueva relación de puestos de trabajo ( RPT) que cumpliese con lo dispuesto en la Ley 23/2015 de 21 de julio, la situación de los inspectores y subinspectores de Trabajo y Seguridad Social sigue sin resolverse.
Dicho Acuerdo se suscribía entre la Dirección del Organismo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (avalado, asimismo, por el propio secretario de Estado de Trabajo y Economía Social) y la Plataforma de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en la que se encuentran representadas la mayoría de las organizaciones sindicales y asociaciones profesionales que representan al personal del Organismo.
En aquella plataforma se integraron los sindicatos mayoritarios, como CSIF, CCOO, UGT o CIG ,frente a otros más sectoriales. como FESES, SISLASS, SITSS Y UPIT, más del 90 por ciento de este personal .
En la actualidad, la plantilla de profesionales la componen 858 inspectores de trabajo, 994 subinspectores y 924 profesionales administrativos a los que se unieron 200 interinos en tareas administrativas.
Este colectivo ha mantenido un año de negociaciones con el propio Joaquín Rey, secretario de Estado de Empleo del Ministerio de Trabajo, pero por el momento poco se ha conseguido.
El citado acuerdo no ha cristalizado en nada e inspectores y subinspectores se muestran desbordados por el trabajo.
“Hay en marcha un Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo que se firmó en noviembre del 2021 y entró en vigor un mes después pero no se le ha dotado de los recursos técnicos y medios adecuados”, aclara Ana Ercoreca, portavoz del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS).
De hecho, en el último momento se frenó un conato de huelga general, desconvocada el pasado 29 de marzo tras las negociaciones con el propio Rey quien se comprometió a dar una solución en tres meses.
Desde CCOO explican a Confilegal que nos encontramos por tanto en la misma situación que hace un año. Un año en el que no se ha avanzado en la aprobación de la relación de puestos de trabajo, en el que, se ha visto incrementado notablemente el trabajo de los compañeros, sin que hayamos visto un compromiso real en reforzar ni facilitar los medios adecuados de trabajo”.
Los profesionales que velan por la precariedad laboral utilizan sus vehículos propios para desplazase, al igual que sus teléfonos móviles y reconocen que tras el ciberataque que sufrió el ministerio en junio del 2020, los sistemas siguen yendo muy lentos. Haría falta un área informática propia.
Según señala la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debería haber un inspector por cada 10.000, pero en el caso español el ratio es 1 por cada 15.000. Hay que bajar esa cifra, lo que significa tener una estructura laboral asentada y fomentar que los candidatos se presenten a dicha oposición, bastante dura respecto a otras, lo que hace que esos candidatos marchen a otros destinos profesionales.
Ana Ercoreca, inspectora Trabajo y Seguridad Social es portavoz del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.
No hay avances
La sensación que tienen estos profesionales es que no se ha avanzado en el cumplimiento del acuerdo firmado para la elaboración de la nueva RPT, no se ha apreciado que se haya abordado de manera conjunta e inmediata por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública y Trabajo y Economía Social a hacer efectivas las medidas”.
“Estamos por desgracia, un año después en la misma casilla de salida. Se ha aprobado la reforma laboral, incrementado el salario mínimo interprofesional y otros planes en marcha como el de los golpes de calor. El trabajo crece, pero no así ni nuestra plantilla ni los medios que necesitamos”, aclara.
Esta reivindicación arranca desde 2015, cuando se habló de que este colectivo profesional contase con una estructura propia “la ministra Díaz el pasado 12 de mayo a pregunta del senador del Par, Clemente Sánchez-Garnica reconoció que trabajamos por encima de nuestras posibilidades y que necesitamos un refuerzo, pero no llegan las soluciones que necesitamos”.
La plataforma sindical en bloque espera que Joaquin Rey les reciba antes de que acaba este mes de julio y les concrete la situación actual. De lo contrario vuelven a sonar tambores de movilizaciones para el próximo mes de septiembre y la amenaza de una huelga general para un colectivo, cansado y poco recompensado.
Concurso de traslados polémico
Este anuncio de movilización se hace paralelo cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este pasado lunes 11 de julio publicó la convocatoria de un concurso para acceder a 115 puestos en el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Este concurso de promoción interna ha generado malestar en este colectivo. “Deberían ser plazas de nivel 27 y no de 26 como ha hecho el Ministerio. Eso hace que cada profesional que acceda a ellas pueda perder sobre los 300 euros mensuales. Muchos compañeros quieren volver a su casa en este traslado, pero pierden dinero”.
Desde este colectivo se pide más implicación a la propia vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Diaz en estas negociaciones “esta muy bien que nos de las gracias por haber transformado 370.000 contratos irregulares en indefinidos o por nuestro papel en la reforma laboral. Pero necesitamos un compromiso de mejora”.
Al final lo que este colectivo quiere es que Díaz se comprometa a cumplir el Plan Estratégico 2021 a 2023 para la Inspección de Trabajo, aprobado el 16 de noviembre en Consejo de ministros publicándose en el BOE el 3 de diciembre. “En su eje tercero se habla de crear una estructura laboral, necesaria para consolidar nuestro colectivo, pero sigue sin aprobarse”.
Inspección de trabajo y trabajadoras de hogar
En las próximas fechas, inspectores y subinspectores tendrán más tareas derivadas de otra normativa que acaba de cumplirse.
Han pasado ya casi tres meses desde el Gobierno de España anunciase la ratificación del Convenio 189 de la OIT, lo que da como consecuencia que las empleadas del hogar tengan derecho a solicitar la prestación por desempleo por primera vez en la historia de nuestro país.
No obstante, este hito sin precedentes en materia laboral no se ha materializado aún. Pero, ¿cuál será la fecha exacta?
Son casi las 500.000 trabajadores domésticas las que ahora se preguntan cuándo tendrán derecho a cobrar el paro finamente y tras muchos años de lucha. Fuentes confirman a Confilegal que la nueva ley de las empleadas del hogar se prevé aprobar en Consejo de Ministros y presentarla “a finales de mes”.
Sobre esta norma que se está preparando, más alla de reconocer la prestación por desempleo, como en el caso del resto de trabajadores por cuenta ajena, se asegurarán los periodos de descanso y vacaciones.
Otro fleco que se busca enhebrar desde el seno del Ministerio de Trabajo y Economía Social, liderado por Yolanda Díaz, tiene que ver con acabar con el despido arbitrario. Para saber de qué se trata con exactitud, se detalla cada uno de los puntos a continuación.
Respecto a las sanciones, la normativa indica que las infracciones parten desde los 6.251 euros, en su grado leve, hasta los 187.517 para los muy graves.
Control altas temperaturas
Al mismo tiempo desde hace unos días, como viene siendo habitual en estas fechas, la inspección de Trabajo ha activado el Plan Especial para proteger a trabajadores y trabajadoras de los riesgos ante la exposición a las altas temperaturas. Sectores como el del campo, construcción, hostelería e industria están siendo objetos de inspección.
Adicionalmente, la Inspección realiza una labor de difusión y sensibilización sobre los riesgos laborales con un envío masivo de más de 115.000 cartas a empresas de hostelería, recogida de residuos o labores al aire libre en las que se ha incluido información y documentación técnica con medidas para evitar el golpe de calor.
Según puede confirmar Confilegal, es bastante previsible que el accidente mortal por golpe de calor a un funcionario de limpiezas del Ayuntamiento de Madrid se habrá una investigación para conocer los detalles de ese luctuoso suceso.
Estas condiciones se suman a las ya habituales de control de la economía irregular y del fraude en la contratación temporal. Se controla el cumplimiento de las jornadas previstas, según los respectivos convenios colectivos, con la doble finalidad de supervisar el control del tiempo de trabajo fijado por convenio y el control de los tiempos de exposición a las elevadas temperaturas.
Los incumplimientos del deber de protección de la seguridad y salud de las personas trabajadoras pueden ser constitutivo de infracción grave o muy grave, sancionable respectivamente, con multas que van desde 2.451 euros hasta 49.180 euros las graves y desde 49.181 euros hasta 983.736 euros las muy graves.
