• 09/06/2023 03:13

Justicia y Hacienda y Función Pública se verán en su hora de la verdad ante jueces y fiscales en la reunión del 3 de mayo

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Es una realidad que en los Ministerios de Justicia y Hacienda y Función Pública existe una profunda molestia por la formalización de la convocatoria de una huelga general indefinida para el 16 de mayo por parte de tres de las cuatro asociaciones de jueces y dos de las tres asociaciones de fiscales.

Porque denota una profunda desconfianza, por parte de jueces y fiscales, en que en la reunión de las 11 de la mañana del 3 de mayo, miércoles próximo, fecha en la que se ha convocado la Mesa de Retribuciones en que salga algo.

Los representantes de ambos colectivos tienen muy presente que en 2010 se les bajó el 10 % su sueldo base y un 5 % los complementos.

Desde comienzo del año pasado vienen reclamando el estricto cumplimiento de la Ley 15/2003, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, que establece que cada 5 años se revisen y actualicen sus salarios en el marco de esa Mesa de Retribuciones.

Y no están dispuestos a que les mareen la perdiz. A reuniones interminables sin ningún resultado claro.

Los dos ministerios tienen 13 días, entre el 3 y el 16 de mayo, para producir algo con sustancia.

Por eso han convocado la huelga, como una advertencia clara de que no aceptarán prácticas dilatorias; también como un evidente medio de presión.

En una interpretación de inspiración claramente romana: «si vis pacem parabellum», si quieres la paz, prepárate para la guerra.

TIENEN QUE PONER UNA OFERTA SOBRE LA MESA

Tanto el Ministerio de Justicia y, en muy especialmente, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que es el que tiene la llave de la caja, y la solución a este conflicto, están obligados a poner sobre la mesa una oferta solvente.

Porque han tenido tiempo suficiente para ello. Es lo que entienden jueces y fiscales.

Las asociaciones progresistas Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales –se supone que en línea ideológica con el Gobierno– no se han subido al carro de la convocatoria de huelga sino que esperan a ver lo que hay el miércoles.

Pero si no ven nada, lo más probable es que también se suban a ese tren.

El miembro del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia, Edmundo Rodríguez Achútegui, hizo un llamamiento público el pasado sábado al Gobierno para que se comprometa y sea generoso.

Y advirtió del “enorme daño que puede provocar la convocatoria de huelga en la judicatura”.

Más claro, agua.

LA DUREZA DE JUECES Y FISCALES, CONSECUENCIA DEL ACUERDO CON LOS LAJ

La dureza de las asociaciones de jueces y de fiscales convocantes –Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales– es la consecuencia directa del acuerdo al que llegaron ambos ministerios con las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia (LAJ) para poner fin a su huelga de dos meses.

Es el llamado efecto dominó.

Previsible desde el minuto uno en el que se dio carpetazo a ese conflicto de los LAJ.

«Si es el lenguaje de la huelga lo que entienden vamos a hablar en ese lenguaje», piensan «sus señorías».

Llega, por lo tanto, la hora de la verdad para Justicia y Hacienda y Función Pública. De conocer si en aquella cesión había un plan inteligente para impedir esto, que se avecina –una huelga combinada de jueces, fiscales y funcionarios de justicia– o si fue el producto de la dirección ocurrente, una decisión para salir del paso.

Si no hubiera oferta alguna se olerá debilidad desde el lado del Gobierno y las cosas irían mal. Muy mal.

EL CGPJ TAMBIÉN SE HA SUBIDO AL CARRO DE LOS JUECES Y FISCALES

Se prevé que en la reunión del miércoles estén, además de representantes de los dos ministerios y de las asociaciones de jueces y fiscales tres representantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los vocales José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán y Juan Martínez Moya. Así lo establece la ley.

El CGPJ en su último pleno apoyó las demandas de las asociaciones: Es «necesario revisar y actualizar las retribuciones» de los jueces «adecuándolas a los principios cuantitativos y cualitativos» que recoge la Ley de retribuciones de las carreras judicial y fiscal y Ley Orgánica del Poder Judicial.

Y recordó lo evidente: que el régimen retributivo de los miembros de la carrera judicial constituye un «elemento vertebrador de su independencia económica, íntimamente vinculada a la independencia en el ejercicio de la potestad jurisdiccional», así como «a la realización de la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos».

Traducido: para un Estado es muy peligroso pagar mal a sus jueces. Hasta un CGPJ caducado se siente fuerte en este campo.

A los Ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública les toca mover ficha en esta partida de ajedrez en que se ha convertido las negociaciones para una actualización salarial.

El movimiento que hagan determinará los acontecimientos en otros dos tableros: el de los funcionarios de justicia y el de los abogados del turno de oficio, un conflicto que va cogiendo más fuelle después de la concentración del pasado jueves.

Y las elecciones municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina, el 28 de mayo. Como los incendios forestales, si no se toman medidas, serán muy difíciles de controlar.