VOX organiza mañana, 21 de octubre, una sesión de trabajo en el Congreso de los Diputados en torno a cómo lograr la independencia real de la Justicia en España, bajo el título El Poder Judicial: el camino hacia una independencia real.
La sesión de debate contará con la presencia de expertos en la materia: magistrados, catedráticos de derecho, letrados, procuradores, abogados del Estado «y miembros de asociaciones judiciales que luchan por una verdadera justicia independiente». También participarán diputados de VOX, vicesecretarios y sus vicepresidentes, Javier Ortega Smith-Molina y Jorge Buxadé.
A juicio de VOX, en España la justicia se encuentra politizada «como consecuencia del reparto de los jueces y las instituciones que PSOE y PP llevan practicando desde que el Gobierno de Felipe González modificase en 1985 el sistema de elección de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial».
Confilegal entrevista a Ortega Smith-Molina para conocer el proyecto del partido en materia de Justicia y la razón por la que considera conveniente esta jornada en este momento.
¿Cuál es la razón por la que el grupo parlamentario realiza esta jornada sobre la independencia del Poder Judicial?
El grupo parlamentario lleva trabajando, desde que se constituyó en 2019 el primero, con una multitud de iniciativas de todo tipo -Proposiciones de Ley, Proposiciones No de Ley, preguntas parlamentarias o reuniones con asociaciones- para intentar dentro de nuestras posibilidades recuperar la independencia judicial. Y hemos considerado que ha llegado un momento en el que había que hacer unas jornadas para reunir a los principales actores jurídicos y judiciales -desde todas las asociaciones mayoritarias de jueces y magistrados, abogados, procuradores, el mundo académico, letrados de la administración de justicia, abogados del Estado, junto con asociaciones que trabajan por ese mismo objetivo- e intentar sacar unas conclusiones sobre la independencia judicial en sus tres facetas: lo que podría ser la independencia gubernativa, la independencia funcional y la independencia económica.
Consideramos que es un momento muy idóneo para recapitular todas las distintas iniciativas y las distintas opiniones para acertar en este momento, donde la independencia judicial no es que esté ya amenazada, está en un franco colapso o en situación de emergencia.
¿Cómo podría despolitizarse la Justicia? ¿Debe llevarse a cabo la reforma del sistema antes de la renovación?
Lo primero que hace falta es tener voluntad política, es aquí donde parte la clave, porque muchas veces nos perdemos en las soluciones concretas de reforma legislativa, pero la realidad es que lo primero que habría que tener es voluntad política. Y es una voluntad política que desgraciadamente sólo está manteniendo VOX y sólo está levantando la bandera VOX.
Tanto el Partido Socialista o sus socios -separatistas y proetarras- como el Partido Popular, que han tenido y tienen en sus manos la capacidad legislativa por la suma de las mayorías suficientes, como han tenido la capacidad de gobierno desde las mayorías absolutas del Partido Popular y Partido Socialista, no han tenido ninguna voluntad. Esto es lo primero que hay que decir. No es un problema técnico, sino un problema de voluntad política.
Nos ampara la Constitución y la prueba de lo que estamos pidiendo ya se puso en marcha fue la Ley Orgánica del Poder Judicial hasta 1985, que mantuvo esos niveles mínimos -vamos a llamarlos así- de independencia en el Consejo General del Poder Judicial.
Lo primero que hay que hacer es modificar la ley para que al menos 12 de los 20 vocales del Consejo General se elijan por y entre jueces y magistrados
Sobre el debate de que primero tiene que renovarse y luego tiene que modificarse la Ley Orgánica del Poder Judicial y las demás medidas legislativas, nos parece directamente una tomadura de pelo. Esto es siempre la patada hacia adelante. Llevamos décadas oyendo lo mismo de que «lo primero es desbloquear el Consejo». En el tiempo que llevan perdidos en ese debate de si primero hay que renovar y después reformar, podría haber reformado, como han hecho en esta legislatura. En pocos meses podría haber habido la reforma necesaria de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que al menos 12 de los 20 vocales del Consejo General se elijan por y entre jueces y magistrados, en una elección absolutamente igual, secreta y democrática, sin ninguna interferencia de asociaciones ni de partidos.
Por tanto, para nosotros, lo primero que hay que hacer es modificar la ley y decirles que llevamos ya tanto tiempo con el bloqueo que por tres o cuatro meses más no hay ningún problema. El problema es que nos tememos que no existe voluntad política y que los partidos, especialmente el PP y el PSOE, en el fondo no tienen ninguna voluntad de dejar de controlar y meter las manazas en el CGPJ y en las altas magistraturas del Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y, por supuesto, en el Tribunal Constitucional.
¿Cuál es el camino hacia la independencia funcional?
El camino es una suma de las tres independencias. No podemos hablar de la independencia del Poder Judicial, el tercer poder del Estado, que para nosotros es vital porque sin división de poderes, sin un Poder Judicial independiente no se puede hablar de Estado de Derecho, no se puede hablar de democracia. Esto lo decimos hasta la saciedad porque a veces se olvida, parece que estamos hablando de una cuestión menor, circunstancial. Estamos hablando de la esencia del Estado de Derechos, la división de Poderes. Y dentro de esa división de poderes, además de que debería existir un control real del Ejecutivo por el Legislativo, que no existe, debería haber una independencia real.
¿Y cuál es el camino?
En primer lugar, tiene que tener la capacidad el Poder Judicial de gobernarse a sí mismo, sin interferencias de los partidos políticos, mediante modelo de elección que comentaba de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, de la elección basada siempre en criterios de excelencia de los altos cargos y de las altas magistraturas y nunca por motivos de amiguismo, conveniencia o de cercanía política, que es lo único que se está buscando, tanto por uno como otro.
Y junto con ello no podemos olvidarnos que ese funcionamiento necesita presupuesto. Y, por tanto, debe haber una autonomía económica. Que dentro de los Presupuestos Generales del Estado se garanticen las partidas necesarias y no como ahora, que el Poder Judicial no ha podido manejarse con la autonomía necesaria.
España no necesita gastar más dinero en Justicia, lo que se necesita es que se gaste correctamente y que el Poder Judicial pueda gastarlo con autonomía
Yo defendí ayer mismo, en la Comisión de Justicia, algo que a muchos les sorprendió, empezando por otros partidos políticos: Que España no necesita gastar más dinero en Justicia. Somos de los países de la Unión Europea que de media gastamos más en Justicia. Lo que se necesita es que se gaste correctamente, que no se despilfarre el dinero.
No se entiende cómo gastando más que otros países tenemos el menor ratio de número de jueces y de fiscales y el mayor volumen de asuntos por juez al año y, algo muy importante, estamos entre los países de la Unión Europea que más tardan en resolución de asuntos y en su ejecución. Por tanto, no es una cuestión de más cantidad de dinero, sino que el Poder Judicial pueda administrar con autonomía ese dinero dinero que a través de los Presupuestos Generales se le destine y que pueda tener la capacidad de elegir, porque ellos mejor que nadie saben dónde hay que proveer plazas, dónde hay que crear nuevos órganos y dónde hay que hacer las inversiones.
Otra cuestión de la que tampoco podemos olvidarnos cuando hablamos de la Justicia es que necesita el apoyo de unas reformas procesales que agilicen los procedimientos judiciales, que desburocraticen la administración de Justicia, y que, por tanto, faciliten el trabajo a los jueces, a los fiscales, a los abogados, etcétera.
Ayer declaró en el debate de los presupuestos en la Comisión que son «una tomadura de pelo». Explíquese.
El presupuesto para Justicia es suficiente, pero muy mal distribuido. Se gasta mucho, pero muy mal. Alguien podría decir «si necesitamos más órganos judiciales, más jueces, habrá que gastar más» y nosotros decimos «la media de los países que tienen mayor número de jueces por cada 100.000 habitantes o mayor número de fiscales o que tienen menor carga de asuntos -en España sobrepasamos los 1.000 asuntos al año por juez, lo que significa una carga de una media de tres asuntos al día-.
Que los presupuestos son una tomadura de pelo lo digo porque están llenos de propaganda, de palabrejas de estas que les gusta, lenguaje progre: Que quieren una Justicia resiliente, una Justicia consolidada…
Yo les decía medio en broma que si estaban hablando de una batería o de una bombilla, porque al final lo que no utilizaban eran términos como una Justicia independiente; una Justicia profesional; una Justicia eficaz, en la medida de que resuelva pronto y rápido los asuntos, pero con garantías…
Es una paradoja que probablemente se dé dentro de estos Presupuestos Generales en pocos Ministerios -hay algunos en los que directamente todo lo que se está gastando debería suprimirse, como «el Ministerio de la Desigualdad». Suena chocante decir que en Justicia no es necesario gastar más recursos, pero sí es necesario gastarlos bien, porque la realidad es que se va el dinero en burocracia administrativa y no somos capaces de proveer el número de órganos judiciales, de jueces y, por cierto, que tengan una retribución los jueces, magistrados y los operadores judiciales de acuerdo con la gran responsabilidad y la gran carga de trabajo que se les exige a diario.
Son una tomadura de pelo porque son una propaganda. A las pruebas nos remitimos: Si de estos presupuestos lo que tenemos es una Justicia cada vez más lenta, cada vez menos eficaz y más colapsada, evidentemente son una tomadura de pelo y es propaganda lo que están haciendo, porque son incapaces de poner en marcha los procedimientos procesales para sacar el máximo resultado de los órganos judiciales, que se ven atascados. Y luego la otra mitad que denunciamos en la Comisión de Justicia, que es tan importante como unos buenos presupuestos es lo que he mencionado antes de que nada nos vale una Justicia con unos buenos presupuestos y con medios humanos y materiales necesarios si al final es un títere controlado por los partidos políticos.
Por tanto, condición primera: Garantizar la absoluta independencia del Poder Judicial; condición segunda: Que tenga los medios humanos y materiales necesarios para ser una justicia rápida, eficaz y una Justicia que logre llevar a ejecución todas sus resoluciones, que se quedan en la inmensa mayoría en papel mojado.
No es tanto gastar más dinero, sino darle la oportunidad al Poder Judicial de que pueda gastarlo con más cabeza y con menos gasto en cuestiones que son puramente de ideología política y que no tienen nada que ver con el funcionamiento de la Justicia.
¿De qué nos valdría una Justicia que funcionase ágil, rápida e independiente si luego hay un poder político que por la puerta de atrás va indultando a todos los que no le gusta que haya condenado la Justicia?
Cambiando de tercio, ¿qué opina del viaje del comisario de justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, a España? ¿Y de que la UE exija a nuestro país, bajo advertencia de infracción, que primero proceda a renovar y luego reforme el sistema de elección de los vocales según los estándares comunitarios?
Nosotros lo que consideramos es que España no puede ceder su soberanía judicial y su competencia sobre el Poder Judicial.
Aplaudimos muchas de las recomendaciones que están viniendo de la Unión Europea, especialmente en las que señala la vergüenza que significa que los partidos políticos se estén repartiendo los puestos en órganos judiciales -en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Supremo, en el órgano de gobierno…- pero lo que no podemos aceptar de ninguna manera es la intromisión de que se diga a España, que es un país soberano, o que pretende ser un país soberano, cómo tiene que organizar su Poder Judicial y su Justicia.
Reconozco que nosotros nos apoyamos muchas veces en organismos judiciales que están luchando por esa independencia judicial y que están denunciando las injerencias políticas en el mundo judicial, pero eso tiene que ser siempre dejando bien claro que en última instancia quien decide el cómo lo hace y cuándo lo hace es España. Me refiero a todo lo relacionado con si España tiene la obligación -lo que me suena más a recomendación del propio Gobierno a través de órganos de la Comisión de la Unión Europea- de primero llegar a un acuerdo PP-PSOE para la renovación de lor órganos judiciales. Eso lo decidirá España.
Las renovaciones se han venido haciendo sistemáticamente y cada vez está más politizada la Justicia. Hay que modificar la ley, y una vez modificada proceder a un sistema de elección democrática de los vocales. A partir de entonces, los órganos judiciales tendrán esa condición de independencia y excelencia en la elección de sus vocales y de sus órganos de dirección gubernativa.
Por último, ¿qué dice de los ataques de Podemos al Poder Judicial?
Son normales para un partido que abraza una de las ideologías más totalitarias que ha habido en el planeta, que es el marxismo. Es lógico que ellos ataquen al Poder Judicial, porque lo que entienden del Poder Judicial, y además no se ocultan, es que es una especie de tribunales populares donde la Justicia no sólo es que esté sometida al Poder Político, sino que la Justicia ha de ser del partido. Y esto lo dicen quienes luego se le llena la boca hablando de democracia, cuando abrazan regímenes como Cuba o Venezuela donde si algo brilla por su ausencia es el menor atisbo de justicia y de independencia de un órgano judicial y donde todos los órganos judiciales, especialmente de los Tribunales Supremos y de los órganos de máxima dirección y resolución en el escalafón judicial, están absolutamente controlados y dirigidos por el partido.
Tampoco nos debe sorprender del Partido Socialista, que sólo dice respetar la Justicia cuando le es favorable, pero cuando condenan a dos de sus expresidentes ya salen corriendo a poner en duda las resoluciones judiciales y a ir preparando los indultos para ponerlos en la calle, que por cierto eso es un tema que va totalmente unido a la independencia judicial. Para VOX, la derogación de la ley de los indultos sería una condición necesaria para que no sea utilizada, o al menos reformada hasta tal punto que no pueda nunca utilizarse para indultar delitos de terrorismo, de corrupción política, de corrupción de menores, de organizaciones criminales de narcotráfico… ¿De qué nos valdría una Justicia que funcionase ágil, rápida e independiente si luego hay un poder político que por la puerta de atrás va indultando a todos los que no le gusta que haya condenado la Justicia? Nos parece fundamental que ese coladero de indultos políticos no pueda producirse nunca y el Gobierno de la nación no pueda saltarse al Poder Judicial por la puerta de atrás.
