Francisco Marín Castán durante su discurso
El presidente del Tribunal Supremo en funciones, Francisco Marín Castán, pronunció en el día de la apertura del año judicial un severo discurso denunciando la situación de la justicia en términos muy duros. Marín Castán reclamaba una cooperación leal entre los diferentes actores políticos que sitúe a la Justicia por encima de los intereses partidarios.
“Hay momentos en los que deben dejarse a un lado las emociones y los tribalismos, e incluso los grandes postulados de la apuesta partidaria, en favor de principios constitucionales más elevados”, decía el presidente e.f. sobre la escandalosa situación del Poder Judicial que cumplirá cinco años sin renovación.
Reproducimos el discurso completo:
Discurso del presidente del Tribunal Supremo (e.f.), Francisco Marín Castán
SEÑOR
Sirvan mis primeras palabras para expresar en nombre de todos los jueces españoles nuestro profundo agradecimiento por presidir una vez más esta ceremonia, con la que cada año se da inicio al curso judicial, mostrándonos así una cercanía que nos honra y fortalece como institución.
Tradicionalmente, los discursos de apertura de tribunales han permitido dar cuenta del estado del Poder Judicial y han propiciado reflexiones de interés sobre algunos de los retos o desafíos más relevantes a los que se enfrenta la Justicia.
También han sido discursos que, precisamente por el momento y lugar en que se han producido, ponen de manifiesto su capacidad para congregar a un amplio abanico de representatividad institucional y, así, simbolizar lo que podríamos denominar la sana y necesaria cooperación entre poderes del Estado.
Porque aunque la separación de poderes es clave para el funcionamiento de cualquier democracia, esto no debe dar lugar a una compartimentación totalmente estanca de poderes sin comunicación: la enorme dimensión y la complejidad que han adquirido los Estados comporta que la cooperación y la colaboración responsable entre poderes, sin interferirse, resulten un elemento imprescindible no solo para el funcionamiento del Estado, sino también para la preservación de la propia calidad democrática del sistema.
Esa cooperación leal entre instituciones es una exigencia del propio Tratado de la Unión Europea, tal y como establece su artículo 13.2, pero, por desgracia, la evolución reciente de no pocos sistemas democráticos, incluso de algunos de los considerados como más perfectos, no va precisamente en ese sentido, sino en el de la polarización y la radicalización de los comportamientos.
En la obra “Cómo mueren las democracias”, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt advierten de que, en nuestros días, la democracia ya no muere necesariamente por un acto violento o dramático, esto es, con un golpe militar o una revolución, sino con un lamento prolongado: el lento y progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales, como son el Poder Judicial y la prensa, y la erosión global de las normas políticas tradicionales.
En un contexto fuertemente polarizado decae la visión de Estado y se impone con radicalidad la de partido. La destrucción del adversario, como objetivo político, es la antesala de un proceso de degradación democrática. Así lo constató 500 años antes de Cristo el historiador ateniense Tucídides, para quien la descomposición de la sociedad derivaba de ridiculizar la moderación, considerándola un disfraz de cobardía.
No es casualidad, por tanto, que el Poder Judicial, cuyo principio y símbolo es el equilibrio y la mesura, representado por la balanza de la Justicia, sea el poder del Estado más expuesto a la influencia de los otros poderes, que tienden, cada día más, a la polarización.
Ya a finales del siglo XVIII afirmó Hamilton que el Poder Judicial es claramente el más débil de los tres poderes[1], porque no influye sobre las armas ni sobre el tesoro, no dirige la riqueza ni la fuerza de la sociedad y solo cuenta con el peso de su razonamiento y la capacidad de expresarlo de manera clara, coherente, fundamentada con convicción y alta sensibilidad social. Esta debilidad fáctica justifica que el Judicial deba disponer de garantías que lo mantengan independiente, y si esas garantías se ven afectadas, debe existir un procedimiento efectivo para lograr restaurarlas.[2]
Es pues imprescindible, si queremos preservar la calidad democrática del sistema, no solo asegurarnos de que el armazón constitucional provea de todos los controles y equilibrios necesarios para asegurar la independencia y buen funcionamiento del Poder Judicial. También lo es que exista un verdadero compromiso democrático de cooperación leal entre los diferentes actores políticos que incluya dos tipos de conducta, una positiva y otra negativa.
La positiva consistirá en situar como objetivo de la acción política el buen funcionamiento y la independencia del Poder Judicial por encima de los intereses partidarios, y la negativa en abstenerse de todo comportamiento que de alguna manera pueda erosionar la consecución del mencionado objetivo. De otro modo, la democracia, y en consecuencia el Estado de Derecho, corren un serio riesgo.
En otras palabras, el buen funcionamiento de la Justicia debe ser un asunto de Estado, y cuando ese buen funcionamiento está en entredicho todos los actores políticos deben ser conscientes de que las altas responsabilidades que el pueblo soberano les ha confiado están por encima de los intereses partidarios.
Y esto, Majestad, me permite ahora volver al principio.
Pese al gran honor que para mí supone intervenir como presidente del Tribunal Supremo en este Acto Solemne de Apertura de Tribunales, las circunstancias actuales me hacen sentir una profunda tristeza.
Iniciaba estas palabras aludiendo al tradicional discurrir de los discursos de apertura de tribunales. A su profunda dimensión institucional.
Sin embargo, esta tradición se ha visto en los últimos años, por desgracia, alterada.
Hace exactamente hoy un año, en este mismo acto y desde este mismo lugar que ahora ocupo, mi predecesor en la presidencia del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, dejaba constancia de cómo el escenario político de estos últimos años está debilitando y erosionando las principales instituciones de la Justicia española: el Consejo General del Poder Judicial y este alto tribunal. Recordaba que el Estado de Derecho debe ser preservado por los jueces, pero no solo por ellos, y subrayaba que “es una obligación de todos los poderes públicos sin excepción, de manera que si no existe una actuación conjunta en esa dirección todo el andamiaje sobre el que está construido se resiente o se debilita”3.
Pues bien, desde que estas palabras fueron pronunciadas, los graves problemas que afectan al funcionamiento de nuestro Poder Judicial no han hecho más que empeorar como consecuencia de que no se haya renovado el Consejo y no se hayan provisto las plazas vacantes del Tribunal Supremo y de muchos otros órganos jurisdiccionales.
¿Puede afirmarse que forma parte de la normalidad democrática la existencia de un Consejo General del Poder Judicial cuyo mandato lleva ya agotado casi cinco años?
¿Es compatible con la normalidad democrática un Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes según establece la Constitución, cuyos efectivos se hallan mermados en más de un 30% y algunas de cuyas salas se encuentran al borde del colapso?
Estas son preguntas que no podemos soslayar y deben pesar ahora más que nunca sobre todos nosotros.
Es por ello conveniente, aprovechando este solemne acto, efectuar una breve descripción, desprovista de todo adorno, del estado del Tribunal Supremo, que se resume en una sola palabra: desolador.
El tribunal se encuentra, a fecha de hoy, sin presidente titular, sin vicepresidente y con un total de veintitrés vacantes de magistrados, distribuidas así entre sus salas: dos en la Sala Primera, una en la Sala Segunda, once en la Sala Tercera (una de ellas la de presidente de sala), seis en la Sala Cuarta (una de ellas también la de presidente de sala) y tres en la Sala Quinta, dándose la irónica circunstancia de que precisamente hoy tiene lugar la jubilación de un magistrado de la Sala Quinta, que implica llegar a las 23 vacantes mencionadas .
Esta situación, sostenida en el tiempo, está dando lugar a una disminución de las cifras de resolución de recursos mediante sentencia, y la solución a este problema no puede pasar sin más por la asignación de un mayor número de ponencias a los magistrados y magistradas que aún permanecen en las salas afectadas, que ya soportan una carga de trabajo altísima cuyo incremento resultaría del todo incompatible con el estudio sosegado que es inherente a la creación de la jurisprudencia.
El escenario es especialmente crítico en las Salas Tercera y Cuarta, hasta el punto de que se hizo imprescindible proponer al Ministerio de Justicia un plan de refuerzo con letrados que, como medida de absoluta emergencia, servirá para paliar la situación y evitar que se cumplan las peores previsiones, que estimaban hasta mil sentencias menos al año, pero que en modo alguno solucionará el colapso en la fase de decisión que se está produciendo por la falta de magistrados.
Señor, la primera víctima de esta situación es sin duda el justiciable: ciudadanos y ciudadanas, empresas e instituciones públicas y privadas que están viendo cómo la tutela efectiva de sus derechos consagrados en la Constitución se ve mermada de forma inadmisible. Un justiciable que contempla con perplejidad cómo los actores políticos, los representantes políticos elegidos en las urnas, se muestran incapaces de alcanzar los acuerdos necesarios para poner fin a esta situación.
Pero el impacto para el Estado de Derecho es también de una extrema gravedad, al resentirse la formación y actualización de la jurisprudencia, retrasarse el control de legalidad del quehacer institucional que se concreta en la casación y, en definitiva, verse en entredicho la seguridad jurídica, valor superior de todo ordenamiento jurídico.
Majestad, permitidme recordar en este punto que la independencia judicial es un principio fundamental de nuestro sistema democrático, que busca que los integrantes del Poder Judicial puedan tomar decisiones libres de influencias externas, porque esa independencia es esencial para la promoción de la justicia en una sociedad libre y democrática.
Señor, como acertadamente señalasteis en las cariñosas palabras que dirigisteis a la última promoción de jueces, en el solemne acto de entrega de despachos que tuvo lugar el pasado 31 de enero en Barcelona, la independencia es, en efecto, la clave de bóveda de nuestra función, un baluarte que constituye la esencia del Estado de Derecho porque asegura el principio de separación de poderes que consagra nuestra Constitución. Y, por tanto, como tal debe ser proclamada, preservada y respetada tanto a nivel institucional como individual.
Pues bien, i, como gráficamente expresó el político y escritor británico Disraeli, los individuos pueden formar comunidades, pero únicamente las instituciones pueden forjar una nación, se entenderá por qué estas deben ser, efectivamente, preservadas y protegidas. Porque el ataque a la independencia judicial puede ir proyectado no directamente hacia el juez que resuelve un litigio, sino contra la institución que tiene la obligación de salvaguardar su independencia.
En efecto, los ataques a la independencia judicial pueden tener diversos orígenes y mostrar múltiples variantes. En ocasiones son comportamientos activos, de intromisión directa o indirecta en la toma de decisiones judiciales para influir en ellas, procedentes incluso de los propios dirigentes políticos. Pero esos ataques pueden surgir también de comportamientos omisivos, mucho más sutiles y por ello más peligrosos para el funcionamiento del sistema democrático, porque sus efectos perniciosos se despliegan no respecto de una decisión judicial concreta, sino respecto del propio funcionamiento del Poder Judicial, con el efecto, preconcebido o no, de provocar su desprestigio, debilitarlo y, si llega el caso, desviar la atención pública de otras cuestiones.
Así, si el Consejo General del Poder Judicial tiene como misión fundamental velar por la independencia de los jueces, no proceder a su renovación en tiempo y forma no deja de ser una manera de cercenar la plenitud de esa independencia, del mismo modo que lo es mantener al más alto tribunal de la nación en una situación crítica, casi de respiración asistida.
Majestad, decíamos antes que uno de los impactos ya perceptibles y más preocupantes de toda esta situación es el retraso que sufren un buen número de procedimientos ante este Tribunal Supremo.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha constatado en no pocas sentencias los perniciosos efectos que producen los retrasos en los procedimientos, así como su incidencia directa en la violación del derecho fundamental contemplado en el art. 6.1 de la Convención Europea.
Ese mismo tribunal también ha afirmado la responsabilidad en que incurre el Estado por las dilaciones indebidas en los procesos jurisdiccionales, así como el deber que le incumbe de mejorar la situación de la judicatura para hacer frente y evitar dichos retrasos.
Del mismo modo, nuestro Tribunal Constitucional, en sus sentencias 125/2022 y 31/2023, ha declarado que la demora en el señalamiento de litigios que carecen de especial complejidad es constitutiva de una dilación indebida que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente del derecho a obtener una resolución en un plazo razonable.
Pues bien, cuando las dilaciones son debidas a la ausencia de los acuerdos políticos necesarios para asegurar la renovación de los órganos de gobierno que tienen, entre otras, la función de efectuar los nombramientos de altos cargos judiciales, son los mismos cimientos del sistema constitucional los que se ven afectados. De alguna manera lo que está fallando es el impulso democrático.
Fue esa falta de impulso o de voluntad de los actores políticos para impedir el gravísimo daño provocado al justiciable y al propio Poder Judicial la que condujo al que sin duda pasará a la historia como uno de los episodios más tristes de nuestra historia constitucional: la renuncia del presidente Lesmes tras reiterados e infructuosos esfuerzos hasta el último momento para evitar esta situación de deterioro y una vez perdida toda esperanza de rectificación por parte de quienes tenían en su mano hacerlo.
Su dimisión fue, por tanto, consecuencia de un movimiento sísmico institucional de efectos devastadores para nuestro sistema de justicia. Efectos que, más allá de la esfera española, se han trasladado también al ámbito europeo.
Baste recordar las reiteradas llamadas de atención de las instituciones europeas -la última, muy reciente, en el informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho publicado el pasado día 5 de julio- acerca de la necesidad de proceder con urgencia y prioridad absoluta a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de acometer, inmediatamente después, la reforma del modelo de designación de los vocales procedentes del turno judicial siguiendo los estándares europeos.
También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha denunciado, de manera muy clara, la situación en la que hoy nos encontramos. Lo ha hecho con ocasión de la sentencia en la que, el pasado mes de junio, declaró vulnerado el derecho a ser oídos por un tribunal de varios de los miembros de la Carrera Judicial que desde 2018 optan a ser designados vocales del Consejo y cuyo recurso de amparo frente a la inacción de las Cortes Generales fue inadmitido por el Tribunal Constitucional.
En esa sentencia, el Tribunal Europeo recuerda que, según establece la Constitución Española, el Parlamento está investido de la función no legislativa de renovar la composición del Consejo General del Poder Judicial y que el ejercicio de esa función es obligatorio y está sujeto a un plazo específico. Y añade que, pese a esa obligación legal, el procedimiento de designación de los vocales ha permanecido pendiente ante las Cámaras, en su fase inicial, durante tres legislaturas consecutivas.
No podemos olvidar que la calidad, el buen funcionamiento y la eficiencia del Poder Judicial no solo contribuyen a forjar la imagen que otros tienen de nosotros desde el exterior, sino que también son factores decisivos en la toma de decisiones de inversión y, en última instancia, contribuyen a la prosperidad y al bienestar de la nación.
Yendo más allá, la falta de la necesaria concertación política para la renovación y el fortalecimiento de las instituciones judiciales proyecta también su sombra de manera muy preocupante -como ya mencionaba antes- en la percepción de la independencia judicial. En este sentido debemos ser conscientes de que año tras año nuestro país, con ligeras oscilaciones, figura en la parte baja del cuadro de indicadores de Justicia de la Comisión Europea en lo tocante a percepción de independencia[3].
Y es que el enfrentamiento abierto y reiterado entre las diferentes fuerzas políticas en lo tocante al Poder Judicial acaba generando una perniciosa percepción de las instituciones y del quehacer jurisdiccional en la ciudadanía. Una percepción que, aun cuando no se ajuste a la realidad, es ya de por sí enormemente dañina.
Con estas consideraciones no pretendo, ni mucho menos, negar la legitimidad de la lucha política, que en definitiva es la esencia de la democracia, sino llamar la atención sobre la necesidad de acompañar el debate ideológico y la acción política partidaria con esfuerzos serios y leales de consenso en asuntos nucleares para el Estado, como lo es la Justicia.
Al final, la historia de las grandes democracias es una historia dialéctica de confrontación y acuerdo, y esa historia nos demuestra cuán importante es la concertación para superar los grandes retos a los que una nación se enfrenta en determinados momentos.
Señor, no es al presidente del Tribunal Supremo a quien le corresponde formular propuestas de estrategia política, pero dada la gravedad de la situación no parece descabellado sugerir, con todos los respetos y con las miras puestas únicamente en el interés superior de nuestro país y de sus ciudadanos, unas breves líneas maestras por la mejora de la Justicia que bien podrían ser asumidas por todos los actores político-institucionales, como son las siguientes:
La renovación del máximo órgano de gobierno del Poder Judicial debería producirse siempre con arreglo a los tiempos marcados por la Constitución; las políticas relacionadas con el Poder Judicial deberían formularse buscando consensos amplios con una clara salvaguarda del principio de independencia y debiendo evitarse, tanto por los actores político-institucionales como por los propios miembros del Poder Judicial, todo tipo de acciones o iniciativas que comprometan o puedan comprometer su independencia; los nombramientos de altos cargos judiciales deberían llevarse a cabo con el máximo respeto a los principios de mérito y capacidad, evitando cuotas o equilibrios derivados de afinidades ideológicas o similares, y teniendo presente que -como indicó la Comisión de Venecia- el mérito no es solo una cuestión de conocimientos jurídicos, competencias analíticas o excelencia académica, sino que su evaluación también debería tener en cuenta la personalidad, el criterio, la accesibilidad, la aptitud para la comunicación y la eficacia en la toma de decisiones, entre otros factores.
Por su parte, la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial debería efectuarse con arreglo a lo previsto en la Constitución y atendiendo a los estándares marcados por Europa, tratando de elegir para ello a las personas más idóneas para la misión encomendada y evitando en todo el proceso acciones o manifestaciones que puedan asociar la designación con afinidades o simpatías partidistas. Del mismo modo, el nombramiento de la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial debería efectuarse con arreglo a lo previsto por la Constitución, sin intervención de las fuerzas políticas, evitando pronunciamientos o conductas que puedan causar en la sociedad una percepción de politización.
Soy consciente de que alguno o algunos de los puntos de las anteriores líneas maestras, pese a su sencillez, pueden ser de difícil puesta en marcha, habida cuenta de algunas de las prácticas consolidadas a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, la lejanía del horizonte no debería impedirnos iniciar la travesía.
No se me oculta tampoco que la estigmatización de muchos de los nombramientos es hoy por hoy una realidad, y no solo en España.
En muchos países, y el nuestro no es una excepción, existe la tendencia a etiquetar a un juez cuando es nombrado para el Tribunal Supremo o cuando dicta una sentencia con relevancia social, política o mediática, como progresista o conservador, por más que los propios interesados se hayan esforzado tradicionalmente en explicar que sus perfiles no son ni pueden ser clasificados en términos políticos, aunque como es patente cada juez tenga diferentes perspectivas o aproximaciones al entendimiento y aplicación del derecho.
Por ello también nosotros, los miembros del Poder Judicial, deberíamos esforzarnos no solo con nuestras sentencias, sino con nuestras actitudes, en dejar bien claro que, como cualquier otro cuerpo profesional, somos plurales y tenemos visiones y entendimientos del derecho que no siempre han necesariamente de coincidir, pero que en ningún caso somos poleas de transmisión de agendas políticas, y en ese esfuerzo deberían acompañarnos decididamente los actores políticos e institucionales. De nuevo, un ejemplo más de la necesaria colaboración, leal y respetuosa, entre los poderes del Estado, y del comportamiento óptimo que se espera de sus servidores.
Majestad, no quisiera concluir mis palabras sin hacer referencia al día después.
La crisis en la que se hallan tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Tribunal Supremo llegará sin duda a su fin. Estoy convencido de que, antes o después, entre todos seremos capaces de pasar esta oscura página de nuestra historia. Cuando esto suceda tendremos un arduo cometido por delante.
Un futuro que nos pondrá ante diversos desafíos, entre ellos sin duda el de los numerosos nombramientos que tendrá ante sí el nuevo Consejo General del Poder Judicial.
Será necesario proveer cuanto antes esas designaciones, pero al mismo tiempo nadie debería caer en la tentación de aprovechar la ocasión para obtener ventajas políticas. Se haría un flaco favor a la democracia si se dejara pasar la oportunidad de despolitización y de concertación en el seno del Consejo General del Poder Judicial ante una situación tan crucial como delicada y con efectos tan nocivos como los señalados. La designación de nuevos magistrados del Tribunal Supremo es urgente, sí, pero no debe hacerse de manera apresurada, sino con prudencia y reflexión, de modo que la necesaria incorporación de savia nueva se acompase, sin trastocarlo, al funcionamiento de una institución que supera los dos siglos de historia.
Tenemos ante nosotros las grandes posibilidades que todas las crisis generan y es el momento de ponernos a trabajar para no desperdiciarlas.
Para ello, Señor, me veo en la necesidad, una vez más y como ya hiciera en años anteriores mi predecesor, de emplazar aquí, de manera pública y solemne, a los responsables de las diferentes fuerzas políticas con representación parlamentaria para que, con urgencia, alcancen un acuerdo que permita renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Este Salón de Plenos volverá a ser entonces testimonio de aquellos discursos de apertura de tribunales que todos deseamos escuchar. Discursos tal vez menos intensos, en los que toca dar cuenta de lo que ha sido el normal discurrir del quehacer judicial a lo largo del año precedente y tratar de alguno o algunos de los temas de interés para el Poder Judicial.
La democracia exige mucho de sus partícipes. Tanto, que hay momentos en los que deben dejarse a un lado las emociones y los tribalismos, e incluso los grandes postulados de la apuesta partidaria, en favor de principios constitucionales más elevados. No es tarea fácil, pero la buena salud de las instituciones bien vale el esfuerzo.
El Tribunal Supremo necesita, cuanto antes, volver a la normalidad, y no puede hacerlo sin una acción política decidida para ello. Es la hora de los grandes políticos y de los grandes demócratas. Sería una enorme decepción sentir su falta.
De nuevo, Señor, muchas gracias por Vuestro constante y sólido apoyo al Poder
Judicial.
[1] Federalist Papers (78): (the judiciary is beyond comparison the weakest of the three departments of power…)
[2] Victor Manuel Collí, en el comentario titulado “Judicatura fuerte”, en la Revista Hechos y Derechos, versión electrónica , de 14 de noviembre de 2016. 3 Discurso apertura de Tribunales Año Judicial 2022
[3] EU Justice Scoreboard
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