José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y miembro de Juezas y Jueces para la Democracia, e Ignacio Sancho Gargallo, magistrado de la Sala de lo Civil de ese mismo Alto Tribunal y perteneciente a la Asociación Profesional de la Magistratura, son los dos nombres que más suenan en este proceso de reactivación del nombramiento de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde al Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Una reactivación que anunció ayer el grupo conservador del CGPJ tras la reunión celebrada por la noche en la sede del Consejo después de que las negociaciones entre el Gobierno y el PP saltaran por los aires ante la intención del Ejecutivo de reformar a la baja el artículo de la sedición del Código Penal, beneficiando a los separatistas catalanes.
En dicha reunión tomaron parte los que conforman el bloque de ocho, José Antonio Ballestero Pascual, Gerardo Martínez Tristán, Juan Martínez Moya, Nuria Díaz Abad, Carmen Llombart Pérez, Juan Manuel Fernández Martínez, José María Macías Castaño y María Ángeles Carmona Vergara.
A los que se unió Wenceslao Olea –el magistrado que recurrió ante el Supremo el acuerdo de que Rafael Mozo sea presidente interino, solicitando su anulación; fiel amigo de Carlos Lesmes–.
«Se considera imprescindible recuperar los encuentros con los interlocutores para consensuar el nombramiento de los dos magistrados del TC cuya propuesta corresponde al CGPJ«, explicó el grupo conservador en un corto comunicado enviado casi al final del día.
«En los próximos días se llevarán a cabo los contactos para determinar los candidatos posibles que los nueve vocales del grupo consideren más adecuados y que expresen su disponibilidad a participar en el proceso de selección», añadió.
LOS QUE MÁS SUENAN
Entre los nombres que más suenan por el lado progresista están el del mencionado José Manuel Bandrés, de 66 años, magistrado del Supremo desde 2003 –hace 19 años– y antes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña –durante 14 años–; y el de su compañero de Sala, Pablo Lucas Murillo de la Cueva, de 67 años, magistrado del Alto Tribunal desde hace 21 años. Su nombre ha sonado bastante en medios por ser el juez del CNI, quien decide si las operaciones encubiertas del Centro Nacional de Inteligencia que se van a poner en marcha cumplen el cometido de preservar la seguridad nacional.
Por el lado conservador, uno de los favoritos es Ignacio Sancho Gargallo, de 59 años, magistrado del Supremo desde 2012. Previamente, entre 2005 y 2012, fue magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona. Sancho Gargallo, perteneciente a la Obra, es considerado un «factotum» dentro de la Sala de lo Civil.
De la misma forma, otro de los posibles candidatos –su nombre también suena– es Julián Sánchez Melgar, de 67 años, magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo, donde sirve desde hace 22 años. Entre 1993 y 2000 sirvió en la Audiencia Provincial de Ávila, que presidió. Fue, asimismo, fiscal general del Estado tras el inesperado fallecimiento del muy querido José Manuel Maza.
Los dos elegidos vendrían a sustituir a Juan Antonio Xiol, actualmente vicepresidente del Tribunal Constitucional, y a Santiago Martínez-Vares, cuyo mandato de 9 años en el máximo tribunal de garantías llegó ya a su fin el pasado mes de junio.
Al Gobierno le corresponde elegir a las dos personas que sustituirán al actual presidente, Pedro González-Trevijano, y a Antonio Narváez.
El grupo conservador del CGPJ reclama, en su comunicado, recuperar las competencias para la elección de los altos cargos judiciales que le fueron cercenadas con la aprobación de la Ley 4/2021.
«Se hace imprescindible que por parte del gobierno de la Nación se reconsidere la oportunidad de mantener la vigencia de la Ley Orgánica 4/2021 vista la magnitud de los perjuicios que está generando para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia y la lesión del derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, por lo que se estima imprescindible que se impulse su derogación, por sí o a través de los grupos parlamentarios que le dan apoyo en las Cortes Generales», dicen en su comunicado.
Cosa que, a estas alturas, es alto improbable.
Ahora le corresponde al bloque progresista mover ficha. Dependiendo de lo que decidan, esta renovación tomará velocidad de crucero, o no.
