El 97 % de la población considera que los incendios intencionados deben conllevar penas de prisión, y más del 37 % piensa que las imprudencias en esta materia también deberían conllevar cárcel, según un estudio de SEO/BirdLife en el marco del proyecto LIFE Guardianes de la Naturaleza.
Los españoles identifican por tanto al fuego como delito ambiental, por encima de cualquier otra conducta, explica en un comunicado la ONG ecologista sobre el estudio, que pretende conocer la percepción social de la sociedad frente a los delitos ambientales y las acciones que se llevan a cabo para la investigación y determinación de la responsabilidad legal de los autores.
Sensibilización ante los delitos ambientales
Según este trabajo, más del 70 % de las personas considera que los delitos ambientales son igual de importantes que el resto de los delitos incluidos en el Código Penal -un 6 % más que en 2019-, mientras que el porcentaje de las que los consideran más importante es un 18,8%.
Desde la veterana organización ecologista consideran que tres de los bloques de medidas que se han estudiado y que deberían adoptarse en la lucha contra los delitos medioambientales son los recursos de las instituciones, la gravedad de las penas de los delitos y la concienciación y sensibilización.
La sensibilización (a distintos niveles), mejora del funcionamiento de la justicia y aumento de las penas para estos delitos son las medidas más valoradas por los encuestados.
“El alto número de incendios que se producen a lo largo del año, la labor de difusión y denuncia de diversas entidades como las ONG y la amplia acogida en los medios de comunicación de este tipo de agresiones ambientales, sin duda contribuye a su conocimiento”, ha comentado David de la Bodega, coordinador del Life Guardianes de la Naturaleza y responsable del Programa Legal de SEO/BirdLife en un comunicado.
Por su parte, el 15,5 % de la población considera que son necesarias principalmente medidas de aumento y especialización de los profesionales (policías, jueces, fiscales, etc) y de los recursos necesarios para abordar este tipo de delincuencia.
Los resultados de esta encuesta demuestran por tanto, según ha insistido el coordinador de la ONG, que «las agresiones más graves contra el medio ambiente que recoge el Código Penal cuentan con un amplio rechazo social y justifican su consideración como delitos”, asegura de la Bodega. EFEverde
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