Este domingo, 3 de septiembre, se cumple el segundo aniversario de la entrada en vigor de la Ley 8/2021, por la que se reformó la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Esta normativa significó un gran avance al poner fin a la incapacitación judicial de estas personas, reconociéndoles su derecho a decidir contando con los apoyos precisos para ellos. La ley designó a los notarios como la autoridad responsable del proceso.
Con motivo de esta fecha, el Notariado y otros expertos hacen balance en la revista Escritura Pública.
El presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz señala que “desde su puesta en marcha, con la ayuda y asesoramiento de los notarios, las personas con discapacidad han podido designar quién ha de prestarles apoyo y con qué alcance. También ha permitido establecer las salvaguardas necesarias para garantizar que en cualquier momento y circunstancia se respete su libertad”.
Antes de la aprobación de la esta ley, para ejercitar sus derechos ya fueran patrimoniales, familiares o sucesorios, muchas de las personas con discapacidad tenían que solicitar -ellos o sus familiares- la incapacitación judicial.
Ahora, tal y como detalla Patricia Arrizabalaga, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, “las personas con discapacidad, en el ejercicio de su capacidad jurídica, son iguales a las demás, y, en consecuencia, toman sus decisiones con los apoyos que precisen, los justos y necesarios, ni más ni menos. La persona con discapacidad se sitúa en el centro mismo del sistema. Es la protagonista absoluta, y así debe ser, desde un modelo social de derechos de humanos”.
Por su parte, Almudena Castro-Girona, directora de la Fundación AEquitas explica que, si bien la aprobación de esta ley supuso un hito que situó a nuestro país a la vanguardia de la legislación europea y mundial, dos años después de su entrada en vigor “aún se detectan reticencias, desinformación, recelos o miedos. Por ello, tenemos que unirnos para remar en el mismo sentido y superar los escollos. Debemos acompañar a la ley en su crecimiento y movilizar a la sociedad para conseguir que la igualdad sea efectiva”.
Luis Cayo Pérez, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), recuerda que se han dado importantes pasos, pero aún queda camino por recorrer: “Es una ley proceso que requiere de un gran trabajo de concreción y de aplicación, y eso va a llevar, al menos, una década”. “Esta gran trasformación del sistema jurídico tiene muchas implicaciones sociales, sociológicas, económicas, de formación y de pedagogía. Cada parte debe asumir el trabajo que le toca realizar”, concluye.
Colaboración institucional
Este objetivo de impulsar la colaboración y el conocimiento en torno a la Ley 8/2021 fue el que motivó en junio de 2023 el nacimiento de la ‘Alianza Apoyo y Autonomía’, una iniciativa de CERMI, junto con Fundación Aequitas y Fundación ONCE para impulsar el conocimiento e implementación de la ley.
Con respecto a ella, María Soledad Cisternas, abogada y una de las principales referencias mundiales en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, afirma: “Estoy totalmente convencida de que la alianza CERMI, ONCE y Aequitas es de una potencia gigante. Siento que con la participación de Aequitas se cubre un sector amplio de todo lo que es la Administración de Justicia: jueces, fiscales, defensores, etc., además de, por supuesto, los notarios”.
Otro de los proyectos desarrollados es el programa ‘Documentos notariales en lectura fácil’, destinado a hacer comprensibles para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo los documentos notariales. Una iniciativa impulsada por la Plena Inclusión España, la Fundación ONCE y Fundación Aequitas.
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