La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha estimado parcialmente el recurso de apelación presentado por el ex vicepresidente del Gobierno y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, ordenando reabrir la investigación del llamado ‘caso Dina Bousselham‘ para esclarecer si la cúpula policial estuvo implicada en alguna medida en el robo del teléfono móvil en 2015 de la entonces asesora de Iglesias y en la posterior difusión de su contenido.
En un auto de este mismo miércoles, la Sección Tercera ordena al titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García Castellón, retomar la investigación de esta pieza separada del ‘caso Villarejo’ otorgándole una prórroga de dos meses.
Revoca así las resoluciones por las que el magistrado acordó poner fin a las pesquisas el pasado 29 de enero al considerar que habían llegado a un punto muerto, después de que expertos informáticos de la Policía Nacional determinaran que el daño sufrido por la tarjeta del teléfono móvil de Dina Bousselham impedía averiguar quién y cuándo provocó los desperfectos.
Esta decisión judicial tiene lugar casi una semana después de que García-Castellón remitiera la causa a los los juzgados de instrucción de Madrid para que investiguen si Bousselham y su pareja, Ricardo sa Ferreira, cometieron un delito de falso testimonio por las distintas versiones que ofrecieron al magistrado sobre el estado en que llegó la tarjeta mini SD, del móvil, cuando Iglesias se la devolvió, meses después de recibirla de Antonio Asensio Mosbah, editor de la desaparecida revista Interviú.
También acordó la deducción de testimonio a los juzgados de Alcorcón por la presunta comisión de un delito de acusación y denuncia falsa y/o delito de simulación del delito, contra los dos.
EL RECURSO DE IGLESIAS
Iglesias recurrió esta decisión al estimar que se trataba de un cierre en falso de la causa porque no se había ahondado si el robo del móvil de la ex asesora ‘morada’ pudo obedecer a una especie de ‘Operación Kitchen’ –el presunto espionaje parapolicial al ex tesorero del PP Luis Bárcenas para sustraerle toda la información sensible que pudiera tener sobre el partido y sus dirigentes–.
El otrora ‘número dos’ del Ejecutivo advertía en su recurso de que el robo del teléfono de su entonces asesora podría haber tenido un «móvil político», «teniendo en cuenta la existencia del informe PISA», y de que el presunto encargo podría haber recaído sobre la «‘policía patriótica’, servicios ilegales pero realizados con efectivos y medios policiales».
Según recuerda la Sala de lo Penal, presidida provisionalmente por el magistrado Alfonso Guevara, Iglesias solicitó continuar las pesquisas para «esclarecer si el robo del teléfono denunciado por Bousselham, cuyos contenidos fueron incautados al comisario José Manuel Villarejo, se llevó a cabo por iniciativa de éste o consecuencia una orden que le fue dada por algún superior, en el marco de una operación realizada por la Dirección Adjunta Operativa de la Policía (DAO) sobre Podemos o sus dirigentes y si existe documentación de tales pesquisas».
A tal fin pedía «que se requiera a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía copias de los oficios o notas informativas sobre Iglesias o la tarjeta de Bousselham, remitidos a dicho organismo por Villarejo entre el 1 de noviembre de 2015 y julio de 2016».
La Sala de lo Penal ha accedido a que la DAO entregue «copia de los oficios o notas informativas relativos a la tarjeta del terminal telefónico de Dina Bousselham que haya remitido a dicho organismo José Manuel Villarejo entre el 1 de noviembre de 2015 y julio de 2016».
UNA PRIMERA DILIGENCIA «SUFICIENTE»
No obstante, ha rechazado reclamar esa misma documentación en relación con el propio Iglesias, así como la petición de este último para obtener también «copia de cualquier informe, oficio, nota o expediente relacionado con cualquier tipo de investigación sobre Podemos o sobre cualquiera de sus dirigentes, o se certifique la existencia de la investigación y su objeto».
La Sección Tercera argumenta que «no es esta la sede procesal adecuada para determinar las investigaciones policiales que, en las fechas de los hechos, pudieran haberse llevado a cabo sobre actividades de algunos miembros de Podemos, relacionadas con la financiación de este partido».
«De existir alguna conexión entre esas posibles investigaciones y los hechos relativos a la tarjeta de Bousselham, debe ser suficiente para verificarla la diligencia cuya pertinencia se ha valorado anteriormente», sostiene.
A su juicio, es «evidente» la procedencia de acoger parcialmente la solicitud del ex jefe de Podemos, puesto que «se trata de datos de carácter personal, que han podido ser objeto de conductas delictivas de injerencia o revelación, cuyo alcance objetivo y subjetivo podría contribuir a esclarecer la diligencia solicitada».
A ello anuda que «está claro que el objeto de la presente pieza separada es el esclarecimiento de las conductas potencialmente delictivas de Villarejo y de otras personas con él vinculadas, relativas a la obtención y/o difusión, no autorizadas por la titular, de la información contenida en el terminal móvil antes referido».
EL RECORRIDO DE LA TARJETA
En el auto de procesamiento dictado en 2020 por García Castellón contra el ahora comisario jubilado y dos periodistas, fijó el origen de esta pieza separada en unos archivos encontrados durante el registro a la casa de Villarejo efectuado en 2017 en los que había información personal de Bousselham y datos sensibles del partido ‘morado’.
De acuerdo con el relato judicial, en noviembre de 2015 sustraen en el IKEA de Alcorcón el abrigo de la pareja de Bousselham –Ricardo Antonio Sa Ferreira–, en cuyo interior había varios objetos entre los que se encontraba el teléfono móvil de ella.
Justo dos años más tarde de ese robo, en noviembre de 2017, aparecen en el domicilio del comisario un disco duro y dos memorias USB en los que se almacenan unas carpetas denominadas DINA 2 y DINA 3, que contenían archivos procedentes de la mini SD del móvil sustraído a Bousselham.
El recorrido que tuvo la tarjeta telefónica desde que se robó el móvil hasta que parte de su contenido apareció publicado en prensa aún no se ha trazado con claridad.
La Sala de lo Penal descarta que ahondar en el asunto tenga un carácter «prospectivo» y, en este sentido, recuerda la declaración judicial realizada el pasado 15 de marzo por el jefe de la DAO en esa época, Eugenio Pino, que negó haber recibido personalmente algún documento relacionado con la información contenida en el teléfono de la ex asesora política, pero «no excluyó la posibilidad de que tal información pudieran haberla recibido otros funcionarios de dicho organismo».
