Los bloques progresista y conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) siguen sin llegar a un acuerdo sobre la renovación del Tribunal Constitucional (TC).
Los vocales José Antonio Ballestero y Carmen Llombart, interlocutores del lado conservador, y Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Roser Bach– los del ala progresista han mantenido hoy una reunión para iniciar las negociaciones destinadas a nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que corresponde al órgano de gobierno de los jueces, sin resultados más allá de comprometerse a que los candidatos sean magistrados del Tribunal Supremo y que los nombramientos se alcancen por una «amplia mayoría».
Así, la primera reunión para acercar posturas, que se ha celebrado por videoconferencia y se ha prolongado aproximadamente hora y media, ha acabado como se esperaba: sin nombres, cuatro días después de vencer el plazo legal.
Han acordado volver a verse el próximo miércoles, día 21, a las 9.30 horas, en la sede del Consejo, para analizar ya los currículos de candidatos concretos, con preferencia por los que procedan del Tribunal Supremo (TS). Valoran la posibilidad, en caso de que fuera preciso, de continuar la reunión el jueves.
El sector progresista se ha comprometido a llevar a la próxima reunión una lista de nueve candidatos ordenada alfabéticamente.
Los negociadores progresistas han dado a conocer ya esos nueve nombres, entre ellos Pablo Lucas Murillo de la Cueva, el juez encargado de controlar las actuaciones del CNI; María Luisa Segoviano Astaburuaga, la primera mujer en presidir una Sala del Alto Tribunal, la de lo Social; y su homólogo de lo Militar, Jacobo López Barja de Quiroga.
La mayoría de los magistrados del Supremo que se han postulado desde el bloque progresista pertenecen a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que junto a la de lo Social es una de las más afectadas por las vacantes sin cubrir. Se trata de José Manuel Bandrés Sánchez Cruzat, Eduardo Espín Templado, Isabel Perelló Doménech y Ángeles Huet de Sande.
A estos siete postulantes se suman la magistrada de la Sala de lo Social Rosa María Viroles Piñol y el magistrado jubilado Rafael Fernández Valverde, que formó parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y del actual CGPJ.
Los vocales progresistas han rechazado la propuesta del ala conservadora que buscaba garantizar primero un consenso en el seno de ambas corrientes para perseguir después un consenso colectivo que permita convocar un nuevo Pleno ya con dos candidatos claros.
En el Pleno extraordinario del pasado 8 de septiembre, los vocales ya acordaron que no se convocaría otro hasta que hubiera dos candidatos decantados.
Para nombrar sus dos candidatos al TC, el CGPJ debe sumar una mayoría reforzada de tres quintos, es decir, 12 votos, por lo que a los ocho que aglutina el sector progresista habría que añadir cuatro conservadores.
CUATRO EXMINISTROS DE JUSTICIA URGEN AL CGPJ A CUMPLIR LA LEY PARA RENOVAR EL TC
Los exministros de Justicia Francisco Caamaño, Alberto Ruiz Gallardón, Rafael Catalá y Juan Carlos Campo urgieron ayer al CGPJ a renovar el TC porque los vocales «tienen que cumplir con las leyes» y con la Constitución.
Respecto a la renovación del Consejo, Gallardón ha dicho que es «optimista» y cree en un «plazo razonablemente leve y mucho antes de que termine esta legislatura habrá acuerdo y se renovará el CGPJ» porque «eso es lo que necesita España». «Me guste o no me guste la ley, creo que el CGPJ tiene que cumplirla», declaró en las XII Jornadas de las Juntas de Gobierno de los Colegios de Procuradores de España.
Catalá, en cambio, ve «mala pinta a la cosa» porque nota «tensión, conflicto, falta de diálogo, rechazo de propuestas» sin olvidar «las campañas electorales en el horizonte».
Campo, por su parte, ha expresado: «El consejo dura cinco años. ¿Cuál es el mandato constituyente? Cada cinco, puerta, porque es lo que da sanidad al modelo», en alusión al cese inmediato de los vocales por ley. Y ha insistido en que primero «hay que cumplir las leyes y una vez que las cumpla se pueden reformar» porque «hay muchos modelos» pero «no cabe parar el tren» porque «no puede haber constitucionalismo a tiempo parcial».
Caamaño, último ministro de Justicia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha defendido que «el mejor Consejo General del Poder Judicial es el que no existe». «No es un elemento imprescindible, de hecho no es un poder del Estado: es otra cosa que hemos copiado», ha afirmado. En esta línea, el exministro socialista se ha preguntado por qué las funciones desempeñadas por el órgano de gobierno de los jueces no pueden ser asumidas por el Ejecutivo.
“Lo que politiza la Justicia en España es el Consejo, con independencia de su composición. No está funcionando en Portugal, en España y en Francia”, opina. Al margen de ello, subraya que «los órganos tienen que ser renovados» porque «lo que no se puede hacer es: yo fijo condiciones que no están en las leyes», en alusión al PP.
“Un Consejo que ya lleva el doble de tiempo de prestado deja mucho que pensar (…) Todos tenemos la obligación de sentarnos y llegar a un acuerdo, no solo el Gobierno y la oposición”, ha zanjado.
