Madrid.- El organismo supervisor de la ONU responsable de fijar el nuevo mercado mundial de carbono ha dado «un paso histórico» al aprobar la creación del Procedimiento de Apelaciones y Quejas, que reforzará la protección de los derechos humanos «ambientales y sociales».
En un comunicado facilitado a través de la web de las Naciones Unidas, la presidenta del Órgano de Supervisión del Mecanismo de Acreditación del Acuerdo de París, la saudí María AlJishi, ha asegurado que se trata de «un momento decisivo», ya que se están «estableciendo nuevas vías para empoderar a las comunidades e individuos vulnerables, garantizando que sus voces sean escuchadas y sus derechos, respetados».
El Órgano de Supervisión está compuesto por doce miembros de las Partes del Acuerdo de París y se encarga de desarrollar y supervisar los requisitos y procesos necesarios para poner en funcionamiento el conocido como Mecanismo del artículo 6.4, lo que incluye el desarrollo y aprobación de metodologías, el registro de actividades, la acreditación de organismos de verificación de terceros y la gestión de su propio registro.
Esta entidad facilita a los países aumentar su ambición climática y aplicar planes de acción a nivel nacional de manera asequible, además de identificar y fomentar oportunidades para la reducción de emisiones verificables, atraer fondos al sector y potenciar la cooperación entre los países.
Las nuevas salvaguardas introducidas por el nuevo procedimiento, que han entrado en vigor de manera automática, «permitirán a las personas afectadas por actividades bajo el Mecanismo apelar decisiones o presentar una queja», lo que constituye «un paso crucial» hacia el desarrollo de un nuevo mercado internacional de carbono que establezca el punto de referencia para créditos de carbono de alta integridad.
El vicepresidente del Órgano de Supervisión, el irlandés Martin Hession, también ha mostrado su «sensación de alivio»: «Después de años de debate sobre las apelaciones, finalmente hemos creado un sistema sólido que nos hace responsables de nuestras decisiones y garantiza que las actividades que aprobamos sean responsables de sus impactos», especialmente «en un mundo donde el Estado de derecho y los derechos humanos están amenazados». EFEverde
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