La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha constatado en los movimientos de la cuenta de la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (Acodap) que dirige el exmagistrado Fernando Presencia Crespo pagos de 7.860 euros a las hermanas de éste y supuestos gastos personales del mismo por valor de 16.537,39 euros, que van desde pagos en superficies de alimentación, en grandes almacenes, en carnicerías, tiendas de animales, talleres y lavados de vehículo, restaurantes y bares.
A través de la web de Acodap y de redes sociales, se solicita a los usuarios de Internet que efectúen donaciones en favor de la Asociación Acodap y de su presidente Fernando Presencia -quien se atribuye falsamente la condición de juez- como contribución económica para apoyar y hacer posible una supuesta lucha contra la corrupción.
Pero la Guardia Civil concluye que si bien hay gastos que «se podrían vincular a la actividad que desarrollaría la asociación», también otros que, al menos a priori, «no tendrían nada que ver con el desarrollo de la actividad que realiza».
Así lo expone en un informe que ha remitido a la Audiencia Nacional, según publica hoy el periodista Pablo Gabilondo en El Confidencial. La Guardia Civil advierte, además, de acuerdo al citado medio, de que «existen movimientos sobre los que no constan detalles» y exigen «información complementaria y ampliatoria», por lo que seguirá el análisis sobre el dinero que recibe la asociación que lidera este exmagistrado que fue expulsado de la Carrera Judicial, condenado en dos ocasiones por sendos delitos de prevaricación judicial e inhabilitado para ejercer como juez.
El origen de los fondos proviene de la recepción de transferencias bancarias de ámbito nacional e ingresos en efectivo, «por importe de 188.012,09 euros, en concepto de ayudas, donaciones y pago de las cuotas por los socios de Acodap», y este informe de la Guardia Civil recoge los movimientos desde el 1 de enero de 2019 al 28 de julio de 2022, periodo en el que se han registrado «más de 1.400 apuntes bajo estos conceptos».
Entre los pagos destacan 3.764,37 euros en Mercadona, 3.248,25 en Carrefour, 1.485,36 en Amazon, 1.147 en una óptica, 1.069,93 en una carnicería, 1.034 en una clínica veterinaria, 880,30 en Mediamarkt, 601,55 en una gasolinera, 555,07 en una web de ‘streaming’ y 444 euros en un dentista.
Respecto a las hermanas de Fernando Presencia detalla que I.P.C. habría recibido 4.500 euros, y L.P.C., 3.360 euros, sin poder determinar la Guardia Civil el concepto en el que han recibido dichos pagos y si han desarrollado alguna labor dentro de la asociación en la que haya resultado pagar sus servicios.
En el caso de L.P.C. precisa que recibió un pago de 3.000 euros con «guardería» como concepto.
INVESTIGADO POR INJURIAS, CALUMNIAS Y CONTRAS LAS ALTAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
Presencia está siendo investigado por el magistrado de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea por supuestos delitos de injurias, calumnias y contra las altas instituciones del Estado. Tras admitir a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra Presencia.
El informe de la Guardia Civil también recoge un pago de 27.200 euros a Alberto Royuela Fernández, también investigado por Gadea, que es uno de los firmantes de las cuatro denuncias presentadas ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria junto a Juan Martínez Grasa, otro de los investigados, y que son publicadas en la web de Acodap.
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso Cristóbal, denunció a Presencia por un presunto delito de injurias y/o calumnias, del artículo 205 y siguientes del Código Penal, así como un delito contra las altas instituciones del Estado, previsto en el artículo 504, «no pudiendo descartar que se sumen otras infracciones de carácter patrimonial».
También dirige la denuncia «contra todas aquellas personas que puedan haber participado en la comisión de los hechos descritos en la presente denuncia y que se puedan ir determinando a lo largo de la instrucción de la causa».
Gadea ofreció el pasado mes de junio la posibilidad de personarse como perjudicados a todos los magistrados afectados, entre los que se encuentran el ya expresidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y los magistrados del Alto Tribunal Julián Sánchez Melgar, Vicente Magro Servet, Pablo Llarena Conde, Carmen Lamela Díaz, Ángel Luis Hurtado, Andrés Palomo del Arco, Susana Polo García y Andrés Martínez Arrieta.
DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA DEL MAGISTRADO DEL TS JULIÁN SÁNCHEZ MELGAR
Esta actuación de la Fiscalía se produjo a raíz de la denuncia que interpuso ante la Fiscalía General del Estado el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar, exfiscal general, quien en su comparecencia solicitó la intervención del Ministerio Público a causa de la publicación a través de dicha página web de una información relativa a él que pudiera considerarse de carácter injuriosa o calumniosa. En concreto, de determinadas informaciones que le imputan la posesión en un paraíso fiscal de cantidades importantes de dinero supuestamente obtenidas mediante sobornos.
Posteriormente, otros seis magistrados de esa Sala –Carmen Lamela Díaz, Vicente Magro Servet, Pablo LLarena Conde, Ángel Hurtado Adrián, Susana Polo García y Andrés Martínez Arrieta– presentaron sendas denuncias por las mismas razones ante la Unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado.
Como ha informado Confilegal, Presencia ha cargado, a través de su asociación, contra los 16 magistrados que componen la Sala de lo Penal, ha denunciado a 9 de ellos y recusado al resto.
Según fuentes jurídicas consultadas por este diario, con estas prácticas el exmagistrado estaría tratando de impedir que la Sala de lo Penal pueda formar tribunal para enjuiciarlo en un futuro y con ello evitar su entrada en prisión, si el fallo final fuera la inadmisión de su recurso de casación, ya que tiene antecedentes penales.
En paralelo, el juez Manuel Buceta Miller, juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Talavera de la Reina, investiga a Presencia tras recibir testimonio proveniente de la Audiencia Nacional por la posible comisión de un delito de falsedad por parte de este exmagistrado, en relación a la denuncia que interpuso Presencia y su asociación contra la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputándoles los supuestos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
Denuncia que la AN rechazó por considerar que está basada en documentación falsa, pero Gadea fue más allá y la remitió a los Juzgados de Talavera de la Reina para que allí –donde tiene su domicilio Presencia– el juez de instrucción al que le corresponda investigue si todo ha sido una invención, una denuncia falsa, y actúe judicialmente en consecuencia.
BATERÍA DE DILIGENCIAS ORDENADAS POR GADEA
Gadea ordenó a finales de junio una batería de diligencias, entre ellas un examen médico a Presencia a fin de decidir sobre su imputabilidad y «ante el riesgo de que pudiera adolecer de algún tipo de patología».
El instructor constató que tras una rápida comprobación se han cerciorado de que desde la página siguen efectuándose publicaciones contra altas instituciones del Estado, de similar naturaleza a las denunciadas por la Fiscalía, «evidenciando una contumaz voluntad delictiva de la que se permite inferir rasgos compatibles con algún tipo de patología».
Esta última en cualquier caso, subrayó que «deberá ser pericialmente valorada, atendida la naturaleza de los hechos y el comportamiento del denunciado pese a la incoación de este procedimiento» con el citado examen forense.
Gadea ha justificado su decisión para poner fin de modo inminente a la «permanente situación de atentado contra los bienes jurídicos de las víctimas, y las instituciones del Estado que están siendo impúdicamente infringidos por el denunciado, y que en ningún caso se ve amparado por el derecho a la libertad de expresión».
A petición de la UCO también se dirigió a las autoridades francesas para solicitar «el cierre o bloqueo» de la página web desde la que Presencia lanza acusaciones contra magistrados del Supremo. Gadea ya había acordado el cierre cautelar de la misma, pero éste no ha podido ejecutarse en tanto que el dominio se encuentra geolocalizado en el país galo.
También libró un mandamiento judicial a la entidad bancaria Liberbank a fin de que facilitara información sobre una cuenta bancaria presuntamente vinculada a Presencia. En concreto, que se aporten datos sospechosos de blanqueo de capitales, cobro de cheques y movimientos asociados a la misma.
Asimismo, Gadea ordenó a la UCO que realizara las averiguaciones oportunas para determinar los posibles afectados por las publicaciones efectuadas en la página del exjuez, así como la existencia en otros canales de los contenidos difundidos por Presencia. También ordenó a los agentes que informen sobre si concurren los presupuestos para poder decretar la suspensión y en su caso disolución de la asociación Acodap.
El pasado 10 de junio, el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, denunció a Presencia ante el CGPJ por difundir «imputaciones radicalmente falsas» y «calumniosas» que no guardan relación alguna con la «verdad» de la situación patrimonial de los magistrados del alto tribunal.
El Alto Tribunal ya avanzaba que estaba previsto que el entonces presidente del TS y del CGPJ, Carlos Lesmes, remitiera la documentación a la Fiscalía para que realizara las investigaciones pertinentes y, en su caso, actuara contra Presencia.
