La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda en número de afiliados de las cuatro existentes, ha remitido al comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, una propuesta de directriz para establecer un Estatuto de los Jueces de la Unión Europea.
AJFV plantea esta iniciativa porque a diferencia de los jueces que integran el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), el resto de los jueces de la Unión carecen de un estatuto común que garantice la aplicación del Derecho de la Unión a todos los ciudadanos.
«Esta propuesta de directriz es un texto normativo que busca unificar estándares y concretar unos criterios mínimos que permitan plasmar cuáles son los principios, garantías y derechos que tienen que cumplirse para asegurar la independencia de los jueces de la Unión Europea», señala a Confilegal Sergio Oliva, miembro del Comité Nacional de AJFV.
Indica que si este Estatuto ya fuera una realidad «no se hubiera producido la situación de degradación actual del Consejo General del Poder Judicial, ya no sólo por la situación de no renovación, sino porque se habrían aplicado los principios de mérito y capacidad para todos aquellos nombramientos discrecionales, potestad del propio órgano de gobierno de los jueces».
El texto remitido por AJFV a Reynders se compone de 46 artículos, que son los que el TJUE y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han ido fijando en sus sentencias a lo largo de los últimos años. Su propuesta aborda cuestiones relativas a la independencia judicial, la función de los jueces nacionales como garantes de la aplicación del Derecho de la Unión, a la selección y nombramiento de los jueces, así como aspectos relacionados con los regímenes retributivos y disciplinario, y de la responsabilidad civil.
Según explica a este diario Sergio Oliva, esta iniciativa, en la que llevan trabajando los últimos seis meses, «ha surgido ante la preocupación de que España corra el riesgo de parecerse a países como Polonia y Hungría, donde hay poderes que están intentando quebrantar las garantías básicas de los jueces».
LOS PRINCIPALES EJES DE LA INICIATIVA
Uno de los ejes centrales es el relativo a las medidas que deberían tenerse en cuenta para garantizar la independencia judicial, toda vez que “la preservación y efectividad del espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores que la Unión Europea ofrece a sus ciudadanos” requiere de “jueces independientes en sus estados miembros”.
En relación con las medidas para garantizar la independencia, AJFV destaca que se debe poner fin a las puertas giratorias entre la Justicia y Política, de tal forma que aquellos jueces o magistrados que decidan pasar a la actividad política no puedan volver posteriormente a ejercer la actividad jurisdiccional. “Los jueces de la Unión Europea no deben participar en funciones políticas, de tal modo que una vez tenido lugar dicho acceso, no será posible volver a desempeñar funciones jurisdiccionales”, sostiene.
AJFV indica que la Comisión Europea tendría un papel más que relevante a la hora de que los Estados garanticen la independencia de los jueces de la Unión Europea frente a los poderes legislativo y ejecutivo. En concreto, propone que la Comisión Europea pueda “requerir su cumplimiento” si se observa que algún Estado no está cumpliendo con ese pilar esencial como es la independencia de los jueces.
Además, señala que la Comisión Europea tendría igualmente potestad para realizar un seguimiento para verificar que los Estados miembros ponen los medios necesarios para que sus jueces puedan resolver los asuntos en un tiempo razonable. «Y no solo ese seguimiento, sino que la Comisión podrá, en caso de incumplimiento, requerir al Estado afectado para que de forma urgente adopte las medidas necesarias a fin de corregir esa situación», indica.
La AJFV propone, además, que este Estatuto de los jueces de la UE recoja un apartado relacionado con la protección social de los mismos, ya que se trata de otro aspecto vinculado a la independencia judicial. En ese apartado aboga porque se realice un estudio de la carga máxima asumible por los jueces en casa Estado, “debiéndose adoptar medidas eficaces para que se solucione la sobrecarga de trabajo”.
Y ello porque, según hace hincapié n el documento remitido a Reynders, los jueces de la Unión Europea no deben soportar una carga de presión de trabajo “que ponga en peligro su salud laboral”.
En cuanto a las resoluciones relativas a la selección, contratación, nombramiento, desarrollo de la carrera o cese del cargo de los jueces de la Unión Europea, pide que se efectúen o bien por un organismo independiente respecto al Poder Ejecutivo y al Legislativo “integrado, al menos en la mitad por jueces preferentemente elegidos por ellos mismos, siguiendo un procedimiento que garantice su más amplia representación, o bien a propuesta de dicho organismo, o con su conformidad o según su parecer”. En todo caso, añade que tales resoluciones “estarán fundadas en los principios de mérito y capacidad”.
