La pregunta se podría construir de otra forma también: ¿Un Consejo General del Poder Judicial que estuviera pletórico de facultades y en pleno mandato habría elegido a la esposa de uno de sus vocales para el puesto de jefe de relaciones internacionales habiendo 15 candidatos más?
Mi opinión es que no. La elección de Felisa Herrero, esposa del vocal Vicente Guilarte –abogado y del sector conservador–, como poco chirría. No es estética. Y actúa como un potente disolvente de la confianza pública en el órgano de gobierno de los jueces, que si ya estaba en tela de juicio, con esta decisión la condena es segura. Además de politizado, un banco de favores personales. No es lo que necesita en estos momentos el Consejo.
Es cierto que Felisa Herrero tiene un buen curriculum, que es juez de enlace con Francia desde el 8 de octubre de 2017 en que fue designada por Rafael Catalá. Que habla inglés y francés, que tiene experiencia constrastada y que es una buena organizadora, aparte de una buena magistrada. Doy fe.
Pero es que un nombramiento como este no queda bien. En especial en estos momentos en los que el presidente en funciones del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, está urdiendo modos y vías para llegar a lo que más desea: ser magistrado del Tribunal Constitucional. El apoyo de Guilarte es esencial para conseguir su fin. Porque lo que tiene ante sí es una ventana de oportunidad única.
De hecho, Guilarte fue uno de los 12 votos necesarios para validar ayer el nombramiento de Álvaro García como nuevo fiscal general del Estado.
Su esposa, Felisa, también salió en ese mismo Pleno. En segunda votación, con 11 votos de 19. En la primera obtuvo 7.
En las filas del poder judicial la apariencia de nepotismo es tan nefasta como el nepotismo mismo. Y si no que se lo cuenten al Tribunal de Cuentas.
Todavía se recuerda el daño infligido a la imagen de la institución las decisiones tomadas por el ya exconsejero, Javier Medina, favoreciendo a sus familiares.
En aplicación al viejo principio latino, «Do ut des» o «Quid pro Quo», que tan famoso hizo Thomas Harris en su celebérrima novela, luego convertida en película «El silencio de los corderos». O, como dice mi buena amiga Yolanda, «tú me das ‘cremita’ y yo te doy ‘cremita’».
Esto, en la empresa privada, es más «entendible» por eso, porque la propiedad es privada. Pero en instituciones de este calado, por mucho que se quiera vestir al santo con supuestas razones de peso, no es admisible.
Da lo mismo que lo hayan votado por mayoría «los colegas». Colegas a los que Guilarte conoce muy bien porque lleva con ellos ocho años y siete meses viendose las caras.
Toda una vida, que diría Antonio Machín. La sombra de la «sospecha» del favor concedido siempre penderá sobre esta decisión.
LE AYUDÓ ANTES
Sin embargo, para decir verdad, no es la primera vez que Guilarte le echa una mano a su mujer.
Felisa Herrero podía haber sido «decapitada» en septiembre de 2018 como juez de enlace en París por la nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado. Lo mismo que ésta había hecho con la magistrada Gemma Gallego, que llevaba apenas tres meses escasos cuando fue cesada por Delgado.
Gallego fue uno de los vocales –sector conservador– del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que votó, en el pleno del 14 de mayo de 2010, por suspender a Baltasar Garzón, titular entonces del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, después de que el Tribunal Supremo abriera juicio oral contra él por un supuesto delito de prevaricación al investigar los crímenes del franquismo.
Catalá había designado a Gallego para ese puesto el 17 de mayo de ese 2018.
El caso en el que intervino Guilarte pasó desapercibido pero en Confilegal le prestamos una detenida atención.
Fue a finales de septiembre de 2018. El vocal conservador Guilarte salvó con su voto, a la entonces magistrada titular del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Victoria Rosell, de que la Comisión Disciplinaria, de la que él formaba parte –todavía lo es– le impusiera una falta muy grave.
Falta muy grave por «revelación de hechos o datos conocidos por un juez o magistrado en el ejercicio de su función o con ocasión de ella”, según el artículo 417.12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Rosell es la actual delegada del Gobierno contra la violencia de género, a propuesta de Unidas Podemos.
La magistrada había publicado el 13 de abril de 2018 en su cuenta de Twitter un documento que formaba parte de un procedimiento judicial al que, por razón de su cargo, tuvo acceso, para expresar su opinión en esa red social. Tenía entonces 36.700 seguidores,
El “tuit” en cuestión reproducía fotográficamente la primera página del atestado de la Guardia Civil en la que aparecían los números profesionales del instructor y del secretario del caso así como la matrícula del coche denunciado.
Wenceslao Francisco Olea Godoy, presidente de dicha Comisión y magistrado del Tribunal Supremo, la magistrada Carmen Llombart Pérez, y la letrada de la Administración de Justicia, María Ángeles Carmona Vergara, los tres del lado conservador –como Guilarte– ratificaron que la publicación de esa imagen había sido muy grave.
Consideraron que la propuesta del promotor disciplinario y del teniente fiscal era la adecuada: suspensión de un mes de empleo y sueldo,
Pero también conllevaba la imputación de un delito de revelación de secretos del artículo 417.1 del Código Penal. Este artículo dice: «La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años».
Casi nada. Suponía un golpe mortal para la carrera política de Rosell.
Los tres vocales conservadores argumentaron que no sería muy diferente de la publicación, por parte de un médico de la Seguridad Social, de la carátula de un informe con los datos de un paciente, datos a los que habría tenido acceso por razón de su cargo.
En contra de la magistrada pesaba, además, el hecho de que mantuvo la carátula en su «tuit» a pesar de haber sido avisada por otros «tuiteros».
A CARA DE PERRO
El debate que se produjo en el seno de la Comisión Disciplinaria fue «a cara de perro», según pudo saber Confilegal.
A favor del archivo se mostraron las magistradas María Victoria Cinto Lapuente –recientemente fallecida–y Roser Bach Fabregó [ambas progresistas] y el abogado Enrique Lucas Murillo de la Cueva [elegido por el PNV].
Guilarte tuvo en su mano la suerte de Rosell, que en aquel momento aspiraba a ser vocal del CGPJ. Un Consejo que debía renovarse en tres meses, con un Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos.
En ese momento, su esposa Felisa llevaba once meses en París, de magistrada de enlace.
Esas cosas pesan.
Finalmente, Guilarte encontró «la solución» en el dolo, la intencionalidad, para votar en contra de la sanción.
Los cuatro de la mayoría de ese caso –tres progresistas y un conservador– argumentaron que cuando Rosell tiró del documento, hizo una foto y la publicó en su cuenta de Twitter, en la que había publicado más de 7.000 tuits, no lo hizo con ninguna intención concreta.
De esa forma, el vocal conservador salvó por los pelos la carrera política de Rosell. El expediente de la magistrada quedó limpio de cara a su selección para que fuera elegida nueva vocal del CGPJ apoyada por Podemos y por el PSOE.
Lo que jamás ocurrió. El PP siempre le puso el veto.
Hay que subrayar que ese resultado supuso un favor muy valioso para el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos. Evitó lo que sin duda hubiera sido un escándalo mediático de grandes proporciones.
Después de aquello, Felisa Herrero jamás ha tenido problemas con su continuidad como juez de enlace de España en París con ninguno de los tres ministros socialistas. Ni con Delgado, ni con Juan Carlos Campo ni con Pilar Llop.
Ahora, de nuevo en Madrid, seguro que tampoco tendrá ningún problema en su nuevo destino. Porque es una mujer que se integra, que es muy proactiva y muy encantadora. Con evidente don de gentes.
Pero eso no quita para que su nombramiento sea, como solía decir el padre de Julio Iglesias, «raro, raro, raro». Y eso no es bueno ni para ella, ni para su marido ni para la institución.
Lo evidente es lo que nadie ve hasta que alguien lo explica con claridad.
