La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) reivindica “con total firmeza” la autonomía e independencia de los fiscales de España en favor de la “necesaria y urgente despolitización de la Justicia en claro desprestigio por las continuas y abusivas injerencias gubernamentales”.
Así lo han reclamado los miembros de la APIF en el Congreso anual de la asociación para la renovación de la Ejecutiva, en el que ha sido reelegido como presidente Salvador Viada Bardají, fiscal del Tribunal Supremo (TS) y vocal de la asociación en el Consejo Fiscal.
La APIF exige actuaciones precisas para la recuperación de la dignidad profesional de la carrera fiscal.
Sobre la necesidad de autonomía real del Ministerio Fiscal respecto del Gobierno, esta asociación constata que el Ministerio Fiscal es, en la ley, un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado en el Poder Judicial con autonomía funcional artículo 2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF)-, pero destaca que «esa autonomía se amenaza desde el Gobierno de diversas maneras».
Según explica, esto es así «con el sistema de elección prácticamente libérrimo del fiscal general por el Gobierno; con la elección para ese cargo de personas de marcado acento político partidista; con el mantenimiento del control presupuestario del Ministerio Fiscal y con diversas funciones que continúan atribuyéndose al Gobierno sobre el Fiscal en materia disciplinaria, de nombramientos o de prevención de riesgos laborales».
La APIF denuncia el «abuso» de las prerrogativas gubernamentales sobre la autonomía de la Carrera Fiscal. Esta asociación considera indispensable, en este momento, «empezar a trabajar para reducir las injerencias gubernamentales y para atribuir autonomía presupuestaria a la institución, como medidas imprescindibles para garantizar la autonomía funcional de la Fiscalía en el ámbito del Poder Judicial, como establece la Constitución, y no en el territorio gubernamental».
ARTÍCULO 25 DEL EOMF
La APIF también denuncia la «mala práctica» utilizada por la Fiscalía General del Estado de aprovechar la comunicación de asuntos relevantes (artículo 25 del EOMF) por parte de los fiscales, para «!interponer como órgano de interlocución con quien comunica a la Secretaría Técnica de la FGE».
«De ese modo, se determina una actuación concreta de la Fiscalía, contra el criterio profesional del fiscal encargado, sin que nadie asuma responsabilidades. El fiscal jefe del fiscal hace lo que le dicen; el FGE se desentiende porque no ordena nada; quien interviene es el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, que lo hace a través de “sugerencias o consejos” -no tiene competencia para intervenir- y por tanto, tampoco figura como responsable de nada. Y al final, quien debe hacer aquello con lo que no está conforme, es el fiscal encargado, sin que en la Institución nadie asuma la responsabilidad de torcer el criterio profesional», argumenta.
Salvador Viada hace hincapié en que la comunicación del artículo 25 del EOMF es solo una comunicación dirigida al fiscal general y que si hay reacción por parte de la Fiscalía General debe venir del destinatario de la comunicación, el máximo responsable de la institución.
La APIF exige transparencia en las comunicaciones que se produzcan tras la puesta en conocimiento de un asunto por la vía del citado artículo; en cuanto a la actuación del fiscal general o de otro fiscal autorizado expresamente por aquel; en el contenido de las instrucciones realizadas al fiscal; y también en las comunicaciones en las instrucciones realizadas al fiscal jefe del fiscal encargado.
«Si no se respetan estas exigencias, se está abocando a la institución a permanecer en un entorno de arbitrariedad no compatible con una Justicia y una sociedad democrática. Y, además, la desviación de poder es perfectamente posible», advierte.
Si el fiscal general decide emitir una Instrucción sobre la cuestión, la APIF reclama la observancia de dichas exigencias en la misma. Además, en tiempos de cambio del modelo procesal ve necesario reforzar las garantías de indemnidad de los fiscales «ante esta nueva generación de amenazas a la actuación estrictamente profesional de los fiscales, con medidas de blindaje del criterio profesional del fiscal a cargo de un asunto, así como transparencia y motivación de las decisiones de la jerarquía».
DENEGACIÓN DE VOTACIONES POR EL FISCAL GENERAL EN EL CONSEJO FISCAL
La APIF considera «gravemente lesiva» de los derechos de los fiscales la práctica de denegar en el Consejo Fiscal una votación cuando un asunto se ha introducido en el orden del día y afecta a la mejora del servicio y al ejercicio de la función fiscal. Cuestiona la legalidad de esa práctica, que entiende que «no es democrática ni progresista y perjudica los derechos de los fiscales y el funcionamiento de la propia Fiscalía».
Por otra parte, reclama la regulación de las causas de abstención en el Consejo Fiscal. En este sentido, manifiesta que la limpieza en el funcionamiento de dicho órgano es incompatible con la «emisión de votos para devolver favores o para perjudicar adversarios o incluso, para designar a quien será el fiscal jefe directo de quien emite el voto».
PRESUPUESTO PROPIO
Otra de sus exigencias es que la Fiscalía tenga un presupuesto propio diferenciado en los Presupuestos Generales. La APIF considera que esta es «una condición necesaria y no prescindible para que la Fiscalía adquiera autonomía respecto del Gobierno y satisfaga convenientemente las necesidades que demanda su actividad».
Señala que es prácticamente unánime esta reclamación en todo el Ministerio Fiscal, «aunque las cautelas del fiscal general para hacer una reclamación frente al Gobierno que le nombra han impedido que el Consejo Fiscal se manifieste en este sentido». «El fiscal general no puede convertirse en un ‘desactivador’ de las reclamaciones básicas de la Fiscalía, especialmente cuando conoce perfectamente que esas reclamaciones son fundamentales para el desarrollo de la Institución», subraya.
La APIF deplora la cancelación por parte del Ministerio de Justicia de su compromiso de reunir a las asociaciones de jueces y de fiscales para discutir las condiciones retributivas actuales de nuestros colectivos. Demanda al Ministerio de Justicia la inmediata convocatoria de la reunión de la Mesa de Retribuciones para jueces y fiscales, que estaba prevista para el 26 de octubre y ha sido desconvocada recientemente sin explicación alguna.
RECLAMACIONES PROFESIONALES
En cuanto a derechos profesionales, la APIF reclama que «de una vez» se empiece a elaborar un sistema racional de cargas de trabajo que soportan los fiscales especialmente en materia de salud laboral. Lamenta la «falta de voluntad (encubierta siempre de falta de recursos para ello) que se muestra en la Fiscalía General, y la falta de preocupación por la materia que acredita el Ministerio de Justicia». «Tienen la obligación de hacerlo desde hace décadas, pero no lo hacen», critica.
Además, pide la conversión de plazas de tercera en plazas de segunda. «En la ley de presupuestos del presente año se contempla la conversión de más de doscientas plazas de tercera en plazas de segunda categoría, pero el Ministerio de Justicia no sabe cómo hacerlo (mientras ahorra, mes a mes, lo que debería ir pagando), y la Fiscalía General, parece que tampoco», expone.
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