• 17/06/2024 14:35

JJpD insta a Justicia y a Hacienda a comprometerse en las negociaciones para evitar el «enorme daño» de una huelga

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La asociación progresista de jueces, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha instado a los Ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública –y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a suscribir un compromiso con las asociaciones de jueces y fiscales para evitar “el enorme daño que puede provocar la convocatoria de huelga en la judicatura”.

A través de Edmundo Rodríguez Achútegui, integrante del Secretariado de JJpD –que actúa de portavoz en esta ocasión–, la asociación de jueces ha reclamado al gobierno un “esfuerzo significativo” para mantener un servicio público esencial en el Estado de Derecho, como es la Administración de Justicia.

Y afirma que, ante la convocatoria de huelga de jueces y fiscales, del próximo 16 de mayo, “el deterioro que padece el servicio público judicial debe afrontarse con mayor inversión, ampliación de la planta judicial y del número de personas que sirven en la judicatura y fiscalía, actualización de las retribuciones y unas cargas de trabajo razonables de las que tiene que responsabilizarse el Consejo General del Poder Judicial”.

«Los responsables públicos deben concretar de manera tangible su compromiso con el buen funcionamiento del servicio público que presta la Administración de Justicia”, para lo que sería un paso en la buena dirección “mostrar una actitud conciliadora y constructiva en la reunión que hay prevista el 3 de mayo, en la sede del ministerio de justicia, que podría evitar el inevitable perjuicio que supondría una nueva huelga en nuestro ámbito”, subraya Rodríguez Achútegui.

JJpD y la Unión Progresista de Fiscales son las dos únicas asociaciones de jueces y fiscales que no han secundado la declaración de huelga general indefinida acordada por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial independiente –por lo que se refiere a la judicatura– y de la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales –del Ministerio Público– para el próximo 16 de mayo.

Tanto JJpD y la UPF van a escuchar lo que el Ministerio de Justicia –y el de Hacienda y Función Pública, que es quien tiene la llave de la caja– tiene que ofrecerles en la Mesa de Retribuciones convocada para el próximo 3 de mayo, miércoles.

Según Rodríguez Achútegui, son necesarias un conjunto de medidas para mantener la confianza de la sociedad en el Poder Judicial, dirigidas a que puedan atenderse las demandas de la ciudadanía con rapidez y calidad, y no en la precaria situación en que se hace ahora.

ACTUALIZACIÓN RETRIBUTIVA, SÍ, Y MÁS COSAS

“La actualización retributiva es uno más de los impulsos que hay que dar para reconocer el compromiso y esfuerzo de la judicatura con la mejora del servicio público, junto al incremento de presupuestos para justicia, la ampliación de plazas judiciales, la asignación de cargas de trabajo que permitan analizar cada asunto minuciosamente y las mejoras de la eficiencia, pendientes de concretar en los proyectos de Ley Eficiencia Organizativa y Procesal”, afirma el magistrado.

De acuerdo con Rodríguez Achútegui, hay un importante número de tribunales que padecen sobrecarga de trabajo “que provoca demoras, menor calidad en la respuesta judicial y afectación de la salud de la magistratura, que no puede atender con rigor su función”.

JJpD, que ha instado varias veces a los miembros actuales del CGPJ a presentar la dimisión, critica duramente al órgano de gobierno de los jueces. «El CGPJ dice apoyar a la judicatura en la Mesa de Retribuciones, pero no resuelve el endémico problema de la carga de trabajo, que debiera presidir su actuación por afectar a la ciudadanía y a la salud laboral de quienes están al frente de juzgados y tribunales”.

Según el magistrado, “el CGPJ debe adoptar medidas paliativas, distribuir racionalmente la carga de trabajo y convocar las plazas judiciales a que está obligado, lo que no ha hecho”

“Es momento de responsabilidad, de asegurar la defensa de un Poder Judicial fuerte y una Administración de Justicia que sea un servicio público que garantice los derechos y libertades públicas”, concluye.