Hay Derecho, la organización sin ánimo de lucro dedicada a la lucha contra la corrupción y por la transparencia pública, ha elaborado, en colaboración con la Cátedra de Buen gobierno e Integridad de la Universidad de Murcia, su informe que mide la situación del Estado de derecho del país, a partir de datos e información pública.
El informe analiza el periodo de entre 2018 y 2021, un contexto político de especial complejidad debido a las consecuencias del ‘procés’, la pandemia del Covid-19 y las características de la XIV legislatura, marcada por la fragmentación y la polarización política. Circunstancias excepcionales que están poniendo a prueba el Estado de derecho.
“En Hay Derecho defendemos el derecho de la ciudadanía a contar con análisis rigurosos y objetivos que les permita tomar decisiones informadas y ser sujetos activos en el proceso democrático», explica Safira Cantos, directora general de Hay Derecho. «Es fácil perderse en el carrusel diario de noticias por eso hemos querido ofrecer un mapa claro, amplio y objetivo de la situación actual del Estado de derecho”.
“La calidad de nuestro Estado democrático de Derecho tiene un impacto directo para los ciudadanos y nos parece que los datos que presenta el informe ponen de relieve una situación muy preocupante” añade Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho y codirectora del informe junto con los profesores Fernando Jiménez y Germán Teruel, de la Cátedra de Buen Gobierno e Integridad de la Universidad de Murcia.
El informe, titulado “Midiendo el Estado de derecho: antes y después de la pandemia”, hace hincapié en la politización de la justicia y su impacto en la eficacia del sistema judicial, poniendo de manifiesto cómo el bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha provocado una disminución del 14% de la plantilla de magistrados en el Tribunal Supremo hasta el momento y la resolución de 1.000 sentencias menos al año entre todas las Salas.
Por otra parte, según datos de la Comisión Europea recogidos en el informe, España es uno de los países que más invierte en justicia y que, sin embargo, cuenta con menor número de jueces además de ser uno de los que presenta un mayor retraso en la ejecución de las sentencias. En nuestro país se tarda de 6 a 12 meses, frente a países como Bélgica que establece un plazo máximo de 2 meses, Francia de 3 a 4 meses o Hungría con plazo máximo de abono de 8 días
Sobre el poder legislativo, el informe destaca como “especialmente preocupante” el abuso del decreto-ley como forma ordinaria de legislar, recogido en la Constitución para casos de extraordinaria y urgente necesidad que permite aprobar textos legales con rapidez sin apenas debate parlamentario y sin posibilidad de introducir enmiendas.
Este instrumento legislativo ha sido utilizada una media de 2, 8 veces por mes en la actual legislatura. El gobierno encabezado por Pedro Sánchez es el que más ha utilizado este tipo de normas, un punto por encima de la media de cualquier otra legislatura en los últimos 40 años.
“Gobernar a golpe de decreto ley produce no solo una disminución de la legitimidad de las normas, que no emanan del Parlamento sino del Poder Ejecutivo lo que sólo está previsto para supuestos excepcionales, sino también un acelerado deterioro de su calidad técnica”, explica De la Nuez.
A la vez, señala otra cuestión que incide en lo anterior. “Es habitual que los decretos leyes regulen materias totalmente diferentes y heterogéneas en absoluto relacionadas entre sí, es decir, se introducen en la misma norma cuestiones urgentes y otras que no lo son en absoluto y que deberían de ser reguladas de forma independiente y siguiendo la tramitación parlamentaria ordinaria”.
Otro gran problema que señala el informe es el retraso en el cumplimiento de las obligaciones de trasposición de las normas de la Unión Europea al Derecho nacional. España encabeza el listado de países que no trasladan las normas europeas a su ordenamiento jurídico, o lo hacen incorrectamente o con retraso.
Como resultado, España lidera desde 2016, de forma ininterrumpida, el listado de países con mayor número de procedimientos de infracción del derecho comunitario con 105 procesos abiertos en 2021, frente a los 31 y 48 de Dinamarca y Finlandia respectivamente.
Otro problema del Poder Legislativo que el informe señala es el de “legislar para la foto”, vinculado con una precipitada e ingente producción normativa, muchas veces a consecuencia de la necesidad de responder políticamente a un titular o una noticia. “Esta forma de legislar supone una fuente de inseguridad jurídica para los ciudadanos, además de una mayor dificultad para los agentes jurídicos”, destaca De la Nuez.
También destaca el incumplimiento de los Planes Anuales que elabora el Gobierno con las previsiones que realiza para la aprobación de normas. Según evidencia el informe con mayor profundidad, hay importantes diferencias entre lo que se planifica y lo que se hace finalmente en el plano normativo.
En materia de transparencia y rendición de cuentas, destaca el creciente interés ciudadano por hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública mediante las solicitudes de acceso a la información pública a nivel estatal que no deja de ascender, particularmente desde el inicio de la pandemia, en 2020, con 11.453 solicitudes, frente a las 7.449 del año anterior.
Este crecimiento interés de la ciudadanía por la transparencia de datos, choca sin embargo con una cierta resistencia al cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) por parte de los organismos afectados, que se manifiesta tanto en los numerosos recursos judiciales interpuestos contra dichas resoluciones como en los casos en que las resoluciones firmes del CTBG son ignoradas por la Administración que debería cumplirlas.
El informe analiza además la situación en la Fiscalía General del Estado, la protección de los derechos humanos en España en relación con las condenas a nuestro país por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la situación de los contrapesos institucionales (los llamados “checks and balances”), la situación de las autoridades independientes y los mecanismos de rendición de cuentas, con especial referencia a los medios de comunicación públicos y la sociedad civil organizada.
