La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) han recibido el VII Premio Hay Derecho en un evento celebrado este jueves en Madrid y clausurada por Ignació Gomá, presidente de la Fundación Hay Derecho, dedicada a la defensa del buen funcionamiento institucional.
«El objetivo concreto de estos premios es el reconocimiento de las personas que siguen luchando en defensa del Estado del Derecho y han hecho sacrificios personales en su lucha contra el poder y ciertas instituciones», dice Gomá en conversación con este medio, señalando que es importante que las personas dedicadas a estas tareas «se sientan acogidas por gente que los aprecia».
Salvador Viada, presidente de APIF apuntó que se premiaba el trayecto de la asociación, especialmente en lo que respecta a las acciones contra la vulneración de la autonomía del Ministerio Fiscal, con una Fiscal General del Estado que ha fungido como ministra de Justicia.
Según Viada, el Ministerio de Justicia controla la fiscalía «a través del control presupuestario y los sistemas de información, que no están sujetos a una gestión interna», una anomalía que permite que «las carreras profesionales se rijan por la ideología y la afinidad política».
«El Ministerio Fiscal ejecuta la política criminal del Gobierno», afirma Viada, señalando que su agrupación, ahora con 50 fiscales, va creciendo conforme más de ellos «deciden luchar». «Estamos convencidos de que la democracia no puede mejorar si el poder judicial es independiente».
Por su lado, la presidenta de AEB, Ana Losada, puso en relieve las denuncias que habían llevado a cabo desde la organización contra las sentencias que impuso la Generalitat para disminuir el uso de lengua castellana en los colegios de Cataluña, además de sus tareas de informar a la ciudadanía sobre sus derechos lingüísticos.
«Logramos que se ejecutara forzosamente que se cumpliera el 25% de castellano en las aulas, al menos una asignatura troncal además de la enseñanza del idioma», dijo, aunque el Parlament intentara posteriormente prohibir estos porcentajes.
Losada también señaló sus informes sobre discriminación lingüística y la solicitud de una sentencia condenatoria contra la Generalitat por no entregar la información sobre la Selectividad en la lengua oficial del país.
«Ahora es un problema que está en la agenda europea», declaró. Tras una denuncia ante las autoridades comunitarias, se espera que una misión de europarlamentarios lleguen a Cataluña a investigar estos hechos, calificados por Losada como la «vulneración de derechos fundamentales».
El hartazgo popular con las instituciones y la preponderancia de los partidos políticos son algunas de las razones que Gomá indica como motivos del deterioro y retroceso de la democracia. Y quedan pendientes los resultados de las denuncias de corrupción y los reclamos de una mayor transparencia.
«La democracia no son solo leyes, también son valores, y en una democracia adulta no podemos esperar a que otros resuelvan nuestros problemas», dice Gomá. «Necesitamos que la sociedad civil exija que las instituciones funcionen y que se respeten las normas del juego».
