• 04/05/2024 02:21

Aarón Rivero (Jupol):’El Gobierno tiene desde hace más de 30 años una deuda con la equiparación salarial de PN y GC’

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Aarón Rivero Martín, secretario general del sindicato Justicia Policial (Jupol), el mayoritario en el Consejo de la Policía Nacional, analiza en Confilegal la situación del colectivo y explica las principales reivindicaciones de la organización que lidera y que representa «a casi 26.000 afiliados». 

«De Interior conseguimos poco respecto a las peticiones que le hacemos, pero lo logramos en vía judicial», manifiesta.

¿Cuáles son las principales reivindicaciones de Jupol?

La principal reclamación es la equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil con Mossos d’Esquadra. Y dentro de lo que es la equiparación salarial también estamos luchando por la jubilación de los compañeros. 

Policía y Guardia Civil somos los únicos cuerpos policiales a los que no se nos permite la jubilación temprana a los 59 años -por la penosidad de nuestro trabajo- sin pérdida de poder adquisitivo y esto es un agravio comparativo. Nosotros nos tenemos que jubilar a los 65 años con una pérdida de poder adquisitivo de entorno a 900 o 1.000 euros respecto a lo que cobramos en activo, dependiendo de los puestos de trabajo, mientras que los funcionarios de los cuerpos autonómicos o policías locales lo hacen sin pérdida de poder adquisitivo. 

Estamos peleando para acabar con esta injusticia. Es una deuda histórica que el Gobierno tiene desde hace más de 30 años. 

Se da, además, la circunstancia de que recientemente han impulsado el reconocimiento de la penosidad y de la peligrosidad a la policía canaria, que ya está en estudio, pero para nosotros no. Quieren crear policías de primera y de segunda.

Pero desde Jupol vamos a luchar para conseguir la jubilación a los 59 años sin pérdida de poder adquisitivo.

Jupol ha denunciado esta situación ante el Defensor del Pueblo, con quien se reunieron el pasado mes de septiembre. Ya en diciembre de 2021 le entregaron un documento elaborado por el abogado José María Garzón exponiendo esa falta de igualdad… 

Exacto. Esta reunión ha supuesto un importante avance tras las negativas constantes del Gobierno a mantener encuentros con el sindicato mayoritario en la Policía Nacional.

El Defensor del Pueblo instará al Ministerio de Inclusión a equiparar las condiciones de jubilación de la Policía Nacional con las policías autonómicas y locales. 

De la relación con el ministro hablaremos más adelante. ¿Qué más reclamaciones hacen?

Queremos una jornada laboral digna. Jupol planteó en mayo de este año un conflicto colectivo ante el Ministerio del Interior por la equiparación salarial, los procesos selectivos y la jornada laboral, asuntos fundamentales que habían quedado atascados en la negociación con la Dirección General de la Policía sin avance alguno en los últimos años.

La Dirección General de la Policía se pretende quedar únicamente en el estudio de la jornada del 6×6 -trabajar seis días seguidos en jornadas que combinan turnos de mañana, tarde y noche y descansar otros seis-, pero nosotros abogamos por una jornada para toda la Policía. 

En el turno 6×6 trabaja alrededor del 30% de la Policía, el otro 70% trabaja en otro tipo de turnos -el complementario y el turno fijo de mañanas o de tardes- y lo que queremos es una actualización de todos ellos. 

Por otra parte, exigimos una modificación de la normativa que regula las comisiones de servicio y de la que regula las condecoraciones en la Policía, que es una ley de 1964. Y entre otros asuntos, también estamos muy encima del teletrabajo y la transposición normativa que se puede hacer a la Policía Nacional.

¿Alguna de sus reivindicaciones han sido ya atendidas por el Ministerio?

A raíz del conflicto colectivo por la jornada laboral hemos conseguido volver a abrir la mesa de trabajo, estamos ahora mismo pendientes de resolución y considero que ha sido una de las grandes batallas ganadas. 

Además, desde que entramos en el Consejo de la Policía, en 2018, hemos logrado que no se dé ninguna medalla pensionada a altos cargos policiales que no cumplan con los requisitos. Antes las medallas pensionadas, tanto la roja como la de plata, se venían dando prácticamente en la inmensa mayoría a los comisarios principales. 

Es cierto que el año pasado intentaron dar medallas de plata a cuatros comisarios y en el anterior a tres comisarios jubilados, pero las recurrimos en el Juzgado y lo hemos ganado porque no tenían los criterios necesarios para obtenerlas. Pero es que se da la circunstancia de que Interior se las ha vuelto a dar, esta vez con la artimaña de cambiar las nomenclaturas. 

Hemos sido el primer sindicato que ha denunciado esas 9 medallas de este año y ya tenemos fecha para el juicio: El próximo 15 de diciembre. Confiamos en que volveremos a tumbarlas.  

No es posible que a compañeros que se juegan la vida, literalmente, o que hagan unos servicios extraordinarios no reciban condecoración alguna y se dé una medalla de plata pensionada que puede suponer 200 o 300 euros mensuales a cada comisario el resto de su vida por el simple hecho de ostentar este cargo y dirigir una comisaría.

De Interior conseguimos poco respecto a las peticiones que le hacemos, pero lo logramos en vía judicial.

¿Cómo es la relación entre Marlaska y el sindicato mayoritario en el Consejo de la Policía?

Prácticamente inexistente. En los tres años y medio que llevamos de bagaje sindical en el Consejo sólo nos ha recibido una única vez, hace justo ahora un año, y fue el preludio de la manifestación contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, porque la intención que tenía el ministro era continuar con esta reforma legal sin contar con los Cuerpos policiales, que al final somos los encargados de aplicar esa ley.

Desde entonces no hemos vuelto a tener ningún tipo de contacto con él. Aunque sorprenda, así están las cosas. 

¿Y en qué ha quedado esa reforma?

A raíz de la manifestación multitudinaria que convocó Jusapol -en la que conseguimos unificar a todas las policías autonómicas- está paralizada. No sabemos en qué momento tienen pensado volver a abrir la mesa de trabajos sobre esta reforma pero, desde luego, si siguen sin querer contar con los policías, volveremos a salir a la calle. 

Por cierto, Interior calcula en un 38% la subida para policías y guardias civiles sumando los Presupuestos Generales del Estado y el acuerdo de equiparación. ¿Es esto cierto?

No, no es cierto. Es un dato totalmente tergiversado por parte de Interior de manera torticera, creo que con la única intención de echarnos encima a la población.

Todo el mundo sabe que la Policía Nacional y la Guardia Civil son las instituciones mejor valoradas del Estado por los ciudadanos, que quieren que su Policía esté bien pagada y que estemos con los medios adecuados. 

Si el Gobierno empieza a lanzar mensajes de que nos han subido casi un 40% los sueldos y que aún así estamos descontentos, la única intención que tiene es echarnos encima a las familias más vulnerables que lo están pasando mal. Pero nada más lejos de la realidad. 

Lo que el Gobierno tiene con la Policía Nacional y la Guardia Civil es una deuda histórica, de más de 30 años, con la equiparación salarial de ambos Cuerpos con Mossos, Ertzaintza y policías autonómicas. 

¿Vio necesario hacer un frente común con CSIF?

Sí. Ha sido uno de los mayores logros, porque hemos conseguido que el sindicato mayoritario en función pública y el mayoritario en Policía Nacional unan sus fuerzas. La unión de dos sindicatos fuertes y potentes como nosotros redunda en positivo en la defensa de los derechos de todos los funcionarios, y de los policías en particular. 

Hay muchas mesas de trabajo que afectan directamente a Policía Nacional y a nosotros sistemáticamente se nos excluye pese a ser un sindicato mayoritario que representa a casi 26.000 afiliados. 

No se tiene en cuenta a nuestro sindicato para debatir la subida de los funcionarios públicos, cuando la Policía Nacional y la Guardia Civil suman 150.000 funcionarios. 

Tampoco para la actualización de las dietas, que llevamos con ellas paralizadas desde 2022. No es posible que a un policía y a un guardia civil que por necesidades del servicio tiene que desplazarse, por ejemplo, a Mallorca en verano le den 49 euros para dormir, 14 euros para comer y 14 para cenar. Es imposible comer, cenar y dormir por 70 euros al día en Mallorca o en cualquier otra ciudad de España.

De izquierda a derecha: Aarón Rivero, secretario general de Jupol; Miguel Gómez, presidente de Jusapol, y Ernesto Vilariño, secretario general de Jucil, haciendo el gesto de una J, que representa la Justicia para la Guardia Civil y la Policía Nacional.

¿Qué otros sindicatos apoyan a Jupol en el conflicto colectivo?

Actualmente ninguno. He tenido reuniones con los secretarios generales del resto de sindicatos con representación en el Consejo y hasta en cinco ocasiones les he invitado a presentar un conflicto colectivo en igualdad de condiciones y sin personalismos con la única intención de conseguir doblegar el brazo a la Dirección General de la Policía e intentar que atienda a nuestras peticiones, pero no se suman.

Es curioso que en los tres conflictos colectivos que ha presentado Jupol -tanto el de la equiparación salarial, como el de jornada laboral y el de procesos selectivos- los argumentos de fondo que utilizamos son prácticamente idénticos a los que usaron el resto de ellos para no apoyar a la administración. Sin embargo, no apoyaron el conflicto colectivo y no sabemos por qué. 

Debería de haber unidad de acción, porque cuando hay unidad el Gobierno tiene un enemigo enfrente, pero si consigue dividirnos… Ese es el problema: Que no somos capaces de juntarnos. Desconozco los motivos reales, porque ellos dicen que no nos apoyan porque no comparten las formas de hacer. Entonces les digo «vamos a hacerlo como vosotros queráis», pero tampoco.

¿Y qué logros jurídicos ha conseguido Jupol?

Infinidad de ellos. El fin último de un sindicato es la defensa de sus afiliados y del conjunto de los compañeros, y en Jupol tenemos la suerte de contar con un gabinete jurídico potentísimo, con 64 despachos de abogados que ejercitan la representación legal de nuestro sindicato. Hacemos frente a cualquier problemática que se dé, tanto laboral, como de la vida particular de los policías.

Desde que estamos en el sindicato hemos conseguido sentencias muy novedosas, como la del caso de los policías nacionales desplazados a Cataluña a los que se les prohibía votar en las elecciones generales de noviembre de 2019. Jupol presentó un recurso ante el Tribunal Supremo y pudieron votar. Es una sentencia novedosa en España porque nunca antes había demandado algo así. 

Esta semana nos han llegado dos sentencias de dos compañeros a los que les denegaron una medalla. A uno de ellos por un servicio en el temporal de Filomena -encontró a una persona con una hipotermia severa y la llevó a un refugio y pudieron salvarla-, la Dirección General le denegó la condecoración y hemos conseguido que un juzgado se la dé, pero que tengamos que llegar a estos extremos porque la Dirección General no considera merecedor de una medalla a un compañero que le salva la vida a una persona…

También estamos consiguiendo sentencias de compañeros que tienen hijos con cáncer terminal a los que la Justicia les otorga una reducción del 99% de la jornada. En España lo máximo que se conseguía era el 50%.

En referencia al 6×6 hemos conseguido dos sentencias también muy novedosas por el exceso horario que provocaba el turno rotatorio que teníamos hasta ahora, el 6×5. En una de ellas, en Burgos han reconocido al compañero una compensación de 1.200 euros al año por hacer este tipo de turnos. 

Y otra en el TSJ de Madrid reconoce un exceso horario de 19 jornadas anuales por cada año. Eso quiere decir que la jornada laboral que se firmó en 2015 causaba un perjuicio tanto económico como laboral a los compañeros hasta el punto de que si contamos los 19 días por año trabajados de más desde entonces hasta ahora, prácticamente asciende a un año de más.

También hemos conseguido que la Justicia ordene a la Dirección General de la Policía que pague las indemnizaciones a tres agentes cuyos agresores se declararon insolventes. Además, confío en que ganaremos otra en Andalucía de 18.000 euros. Estamos recuperando del orden de 80.000 euros en indemnizaciones a compañeros por insolvencias del propio condenado. 

Quizás lo que habría que hacer es forzar a que esa gente pagara las condenas, pero es un derecho que tiene el propio policía que ha resultado lesionado, la Dirección General les niega el pago de esas indemnizaciones y nosotros las estamos consiguiendo. 

Estamos también con una reclamación de los compañeros jubilados por el complemento de paternidad, maternidad y de los hijos. Según me ha informado el equipo jurídico, hemos conseguido indemnizaciones de hasta 20.000 euros para compañeros, que ascienden en su conjunto a un montante total de unos 600.000 euros.

Como decía, nosotros podemos sacar pecho del gabinete jurídico que tenemos. 

Hablemos de la Escuela Nacional de Policía, en Ávila. ¿Qué opina del Real Decreto de procesos selectivos en relación a nuevos ingresos?

La Dirección General de la Policía aprobó ese Real Decreto que ha salido recientemente sin ningún apoyo de los sindicatos. Todos votamos en contra de ese proyecto en las condiciones que salió y aún así la Dirección General aplicó el rodillo que suele aplicar normalmente y sacó el borrador en los términos y condiciones que quiso.

Luego que no les extrañe que les lluevan las reclamaciones y los contenciosos-administrativos. Que no espere que nos vayamos a quedarnos en el inmovilismo frente a las reclamaciones.

¿Y qué posicionamiento tiene Jupol respecto al nuevo Centro Universitario de la Policía Nacional?

Ya lo hemos recurrido ante la Justicia, como anunciamos en cuanto salió el borrador. Por la limitación de acceso. El próximo lunes, 14 de octubre, está prevista la apertura del curso escolar. Se han sacado sólo 400 plazas. La Dirección General impide que miles de agentes accedan al nuevo centro universitario, que además llega siete años tarde.

Por cierto, se ha nombrado como director de la universidad de la Policía a un comisario principal que antes fue subdirector de logística y que recientemente se ha jubilado. ¿Cómo puede nombrar a un comisario jubilado director del centro universitario? 

Las puertas giratorias…

Tal cual. Con estas cosas lo que consiguen es que este señor en vez de una pensión tenga un sueldazo con el rango de director general.


Artículo de RosalinaMoreno publicado en https://confilegal.com/20221024-aaron-rivero-jupolel-gobierno-tiene-desde-hace-mas-de-30-anos-una-deuda-con-la-equiparacion-salarial-de-pn-y-gc/