Un total de 25 organizaciones de la sociedad civil han enviado al Gobierno y a los grupos parlamentarios un decálogo de mejoras del actual Anteproyecto de Ley que transpone la Directiva Europea de protección de los alertadores de corrupción –también conocida como Directiva «Whistleblowing»– para evitar que el texto final pueda resultar en perjuicio de los propios informantes, también llamados alertadores.
Urgen al Gobierno que modifique aspectos cruciales del texto en el procesos de aprobación final. El documento establece 10 puntos claves a modificar con el objetivo de aumentar la protección y seguridad jurídica de estas personas.
Las organizaciones impulsoras son Blueprint For Free Speech, Access Info, Hay Derecho, Xnet, junto con miembros de la Coalición Pro Acceso, plataforma que promueve el derecho de acceso a la información, y Whistleblowing International Network (WIN), plataforma de organizaciones por la defensa de informantes.
El decálogo se suma a las alegaciones y comentarios al texto normativo enviados en la consulta abierta por el Ministerio de Justicia en marzo de este año por distintas organizaciones de la sociedad civil con el fin de mejorar la norma que proteja a las personas informantes.
El proyecto de Ley fue aprobado en segunda discusión el 13 de septiembre por el Consejo de Ministros.
La UE establecía el 17 de diciembre de 2021 como fecha límite para la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva Europea 2019/1937 de protección de informantes. El retraso de ocho meses del ejecutivo ha supuesto ya una sanción para España.
Para las organizaciones firmantes, la tardanza en aprobar la ley deja “solos y desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas valientes que han decidido exponerse personalmente para destapar casos de corrupción y abusos que afectan a toda la sociedad”.
Para los promotores del Decálogo, la Ley llega tarde, pero, además, con importantes lagunas e imprecisiones.
LAS MEJORAS
En este sentido, el decálogo elaborado por miembros de la sociedad civil con amplia experiencia en casos de informantes de corrupción y otros abusos, solicita mejoras en el texto definitivo como:
• La necesidad de eliminar cualquier condicionalidad con respecto a la motivación de quien informa y ampliar la inversión de la carga.
• Definir los conceptos de interés público y, en especial, el de represalia para evitar interpretaciones restrictivas, incluyendo situaciones como tratamiento injusto, coerción, intimidación o discriminación y eliminar cualquier limitación temporal ya que los informantes a menudo sufren represalias por la información que han revelado a lo largo de muchos años.
• Que el alertador entre en el ámbito de protección de la Ley independientemente de si mantiene o no una relación laboral o profesional con la organización sobre la que informa e independientemente de sus motivaciones, es decir, que se le aplique el principio de “creencia razonable en la veracidad de la información” tal y como establece la Directiva Europea.
• Garantizar el anonimato y la seguridad de la persona informante, estableciendo características técnicas obligatorias para los canales y permitiendo, además, que elija, sin condicionantes, si informa a través de los canales internos de la organización sobre la que informa o por vía externa, como, por ejemplo, a través de la futura Autoridad Independiente de protección al informante.
Asimismo, el decálogo pide garantizar que los informantes tengan acceso a asistencia jurídica especializada y gratuita, apoyo psicológico, cobertura médica, y apoyo económico y material como regla general y no de forma excepcional como establece el Anteproyecto de Ley.
Además, solicita que se implanten mecanismos que garanticen la imparcialidad y la independencia de la futura Autoridad Independiente de protección al informante, como evitar que la Presidencia del organismo sea nombrada a propuesta del Ministerio de Justicia como recoge actualmente el Anteproyecto de Ley, y que rinda cuentas ante el Parlamento.
