La petición de la Cámara de Diputados busca que se implementen medidas para que las empresas con operaciones en el archipiélago tributen o realicen pagos de patentes municipales en dicho territorio.
Diez empresas manejan el 65% de la producción de salmón y trucha en Chile, las que promedia las 506 mil toneladas, de acuerdo a información proporcionada por la Asociación de la Industria del Salmón.
Las 40 compañías productoras existentes en el país, se reparten entre nueve extranjeras y 32 de capitales nacionales, las que controlan el 62% de las exportaciones, situación que da cuenta del creciente proceso de concentración e internacionalización de esta actividad económica.
Y aunque durante el último tiempo, las cosas no han andado muy bien para la mayoría de las empresas, cuestión que hace muy improbable nuevas compras y fusiones, distintos analistas concuerdan en que tarde o temprano esa senda será retomada.
Mediante la resolución 232, la Cámara de Diputadas y Diputados pidió al Ejecutivo (en el marco de la discusión de la reforma tributaria), que las empresas salmoneras con oficinas centrales en Santiago o Puerto Montt, pero con operaciones en Chiloé, paguen impuestos e inviertan en dicha zona.
La crisis ambiental estalló en una de las principales regiones productoras de salmón del mundo. A principios de mayo, la “marea roja” causó una mortandad de peces sin precedentes, en el archipiélago de Chiloé, al sur de Chile. Los pescadores culparon a las empresas salmoneras de causar la contaminación y el gobierno chileno se sostuvo en su postura: solo era marea roja.
La primera señal de que algo andaba mal en las aguas del sur de Chile ocurrió en tierra continental durante abril en la Caleta de Queule, un pequeño poblado de pescadores de la región de la Araucanía que amaneció con sus muelles y lanchas rodeadas de peces muertos.
Este fue el punto de partida de una varazón de sardinas nunca antes vista, por lo menos 500 toneladas de peces muertos en las inmediaciones de la desembocadura del río Toltén.
El texto propuesto por el diputado Fernando Bórquez (UDI) se aprobó en la Sala con 97 votos a favor, uno en contra y 39 abstenciones.
El objetivo es que con el presupuesto recaudado se invierta en programas que mejoren la vida de las y los habitantes de las comunas donde operan dichas empresas. Fundamentalmente en personas que tienen necesidades especiales, producto del aislamiento.
Según señala el documento, la industria salmonera ha impulsado miles de empleos en Chiloé, ya hace más de 40 años. Sin embargo las sedes centrales están en Santiago o Puerto Montt lo que implica que sus trámites se realizan en dichas ciudades y no en las comunidades donde instalan sus plantas procesadoras.
Además, se estima que el 30% del presupuesto de las comunas chilotas proviene de patentes comerciales. A su vez sólo el 30% de ese valor corresponde a tributación de empresas salmoneras. Monto bajo si se considera la gran presencia que tienen en el territorio.
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