La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha firmado junto con el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, un convenio de colaboración entre ambas instituciones en materia de prevención de riesgos laborales, que se enmarca dentro del Esquema Común de Seguridad Laboral en la Administración de Justicia.
El convenio, que tendrá una vigencia de cuatro años, incluye a los integrantes de la carrera judicial y al resto de personal de la Administración de Justicia cuando concurran en un mismo centro de trabajo. Será también de aplicación a jueces sustitutos y magistrados suplentes cuando se encuentren ejerciendo funciones jurisdiccionales; así como a los alumnos de la Escuela Judicial, a los jueces y magistrados, que desempeñen su cargo como letrados del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.
Tanto el CGPJ como el Ministerio de Justicia se comprometen a garantizar la seguridad y salud en los centros de trabajo en el ámbito de sus respectivas competencias, llevando a cabo actuaciones específicas que favorezcan su integración desde una perspectiva de género; implementar protocolos de actuación específicos en relación con riesgos concretos de carácter pandémico; lograr un mejor conocimiento de las causas de los accidentes de trabajo y las contingencias personales; impulsar las medidas de protección adecuadas durante los periodos de gestación, maternidad y lactancia; asegurar de manera específica la protección de los trabajadores, que por su características personales (como aquellos que tengan reconocida alguna forma de discapacidad), sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.
Asimismo, se efectuarán conjuntamente actividades preventivas, se ofrecerá formación e información a los destinatarios del convenio y se promoverá su participación en la adopción de las decisiones relativas a la evaluación y prevención de riesgos en el trabajo, y de seguridad y salud laboral.
Para coordinar las diversas actuaciones que se emprendan, así como para llevar a cabo su seguimiento, vigilancia y control, se establecerán canales de comunicación directa entre los responsables de la prevención de cada una de las partes y se creará una comisión mixta de seguimiento.
El convenio establece también la coordinación de las partes con las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia, que podrán optar por adherirse a él.
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