Nueve de cada diez españoles viven en apenas el 2,6% del territorio nacional. Mientras provincias como Madrid o Barcelona superan los 750 habitantes por kilómetro cuadrado, otras como Soria o Teruel no alcanzan los 10. Estas cifras evidencian un profundo desequilibrio en la distribución demográfica y exigen políticas públicas decididas que impulsen un desarrollo más equitativo y sostenible.
Es imprescindible promover actuaciones transversales que fortalezcan la integración entre el mundo urbano y el rural. Solo así garantizaremos una verdadera igualdad de oportunidades y un acceso efectivo a servicios, infraestructuras y recursos.
Las políticas de cohesión territorial y reto demográfico requieren continuidad; no son cuestión de una o dos legislaturas, sino de una estrategia que debe impregnar el ADN del país, independientemente de quién gobierne.
En un escenario tan complejo, nuestra mayor fortaleza radica en la capacidad de generar consensos y trabajar junto a alcaldes, entidades locales, empresas, organizaciones y con toda la ciudadanía dispuesta a construir una sociedad donde valga la pena quedarse, prosperar y disfrutar de una vida plena, sin importar el lugar de residencia.
En este sentido, los avances no provienen solo de la Administración General del Estado. Las comunidades autónomas han desarrollado leyes y estrategias regionales que funcionan como auténticos laboratorios de experimentación para identificar las mejores soluciones en cada territorio.
Para consolidar este camino, el Consejo de Ministros ha aprobado la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, una hoja de ruta integral que da coherencia a las políticas públicas destinadas a garantizar el desarrollo equilibrado del país, abordando las desigualdades y desafíos demográficos desde un enfoque integral.
Reto demográfico: una política transversal
La equidad territorial y el reto demográfico es, probablemente, la política más transversal que existe. Posee un vínculo ineludible con el desarrollo social y, por ende, con la mayor parte de los sectores públicos. Está intrínsecamente ligada a la vivienda, la calidad de vida, la movilidad, la energía, el empleo, la sanidad y la cultura. Por ello, desde 2019, el Gobierno de España cuenta por primera vez con un programa transversal específico para combatir la despoblación.
Este camino comenzó con las Directrices Generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico y se materializó en el Plan de 130 Medidas, el eje estratégico del Gobierno para reducir la brecha urbano-rural y fijar población, especialmente en municipios de menos de 5.000 habitantes.
Alineado con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), este plan se tradujo en una inversión de más de 13.000 millones de euros entre 2021 y 2024 a través de 10 ejes de acción. De hecho, cerca de 4.000 millones de euros de los fondos del PRTR han incorporado de forma consciente la perspectiva demográfica en favor de los pequeños municipios.
Asimismo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha puesto en marcha medidas de apoyo al medio rural, con el respaldo a proyectos de energía limpia y rehabilitación energética en municipios de reto demográfico, el impulso a las comunidades energéticas locales, la bioeconomía o los proyectos de saneamiento, depuración y abastecimiento de agua en pequeños municipios, con una dotación conjunta de más de 1.200 millones de euros.
Equidad territorial y la mirada al “país de los 30 minutos”
Partiendo de las lecciones aprendidas, transitamos hacia una estrategia estructural que trasciende las métricas demográficas habituales, como la natalidad o la longevidad, para centrarse en la cohesión del territorio y en la defensa de un derecho vital: el derecho a permanecer.
Queremos que cada persona pueda elegir libremente dónde desarrollar su proyecto de vida, ya sea en un pueblo, en una ciudad intermedia o en una gran urbe, sin verse obligada a emigrar por falta de oportunidades o servicios.
Conseguir que todos los territorios sean funcionales no solo beneficia al medio rural, sino que alivia la presión sobre las grandes zonas urbanas saturadas.
Para lograr estos territorios vivos, la nueva Estrategia establece directrices de coordinación y consenso entre todas las administraciones. El documento se acompañará de un plan de coordinación denominado «País de los 30 minutos», cuyo objetivo es que cualquier ciudadano pueda acceder a los servicios y bienes esenciales para su calidad de vida en un tiempo máximo de media hora.
Además, se creará el Observatorio para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, encargado de emitir un informe anual de la situación a través de indicadores precisos que evalúen la funcionalidad o vulnerabilidad de cada zona.
La Estrategia, el Plan y el Observatorio crearán un nuevo marco estratégico en la política de país frente al reto demográfico que se construirá de la mano de las comunidades autónomas y los municipios, pues la vertebración territorial está estrechamente ligada a la calidad de nuestra democracia y a la superación de la brecha rural-urbana.
Construir territorios de futuro
Para alcanzar una equidad real debemos romper con estereotipos caducos. La innovación es la clave de este proceso, porque no existen pueblos sin futuro, sino pueblos sin proyectos. Es fundamental que cada localidad cuente con una estrategia propia, liderazgos claros y comunidades implicadas que pongan en valor sus recursos locales.
Desde la Secretaría General para el Reto Demográfico ejercemos como motor de este desarrollo mediante un acompañamiento continuo. En 2022 pusimos en marcha la Red de Centros de Innovación Territorial (Red CIT) mediante convenios con las diputaciones de Soria, Cuenca y Teruel, por ser las provincias con mayor urgencia demográfica.
Hoy, ya son 26 las diputaciones y comunidades autónomas uniprovinciales adheridas. Estos centros conectan a los actores locales, identifican oportunidades y facilitan proyectos de movilidad, transición energética o relevo generacional que refuerzan la resiliencia territorial y que pueden ser replicados en el resto del país.
Debemos avanzar hacia una sociedad demográficamente más equilibrada y frenar la inercia de la aglomeración urbana. Afortunadamente, los datos nos invitan al optimismo: según el Instituto Nacional de Estadística, nuestros pueblos llevan siete años creciendo, no en lugares concretos, sino en términos generales.
Aproximadamente 400.000 personas se han trasladado al medio rural en este periodo, incluso, y el 40% de los municipios de menos de 5.000 habitantes ha ganado población.
Aunque se ha roto la tendencia negativa, el riesgo de despoblación sigue latente.
El éxito de nuestras políticas públicas radicará en desterrar definitivamente la idea de una España vacía o sentenciada, consolidando en su lugar una España de oportunidades donde coexistan comunidades, tanto rurales como urbanas, que sean fuertes y dinámicas.
Los pueblos custodian la memoria y la identidad de lo que somos como país; mantenerlos vivos es la única forma de asegurar que nuestra cultura, tradiciones y memoria oral sigan transmitiéndose entre generaciones.
Fancesc Boya es secretario general para el Reto Demográfico.
Esta tribuna puede reproducirse libremente citando a sus autores y a EFE Verde.
Otras tribunas de Creadores de Opinión Verde (#CDO)
Este blog de «influencers verdes» fue creado por Arturo Larena y ha sido finalista en los Premios Orange de Periodismo y Sostenibilidad 2023 en la categoría de «nuevos formatos».
La entrada Ni vacía, ni sentenciada: una España rural de oportunidades. Por Francesc Boya (secretario general para el Reto Demográfico) se publicó primero en EFE Verde.
