El Acuerdo Final de Paz se firmó en 2016 durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón
El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera consistió en un pacto político y jurídico para poner fin a más de 50 años de conflicto armado.
El acuerdo definitivo se rubricó recién el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá entre el Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP). Se logró tras un proceso de negociación que combinó fases secretas, diálogos formales en el exterior, la renegociación tras un revés electoral y su posterior ratificación legislativa.
PLEBISCITO
El 24 de agosto de 2016 se anunció el acuerdo final y se firmó inicialmente en Cartagena. Sin embargo, el 2 de octubre de 2016 se sometió a un plebiscito nacional, en el cual el «No» ganó por un estrecho margen (50,21% frente al 49,78% del «Sí», con una alta abstención).
El Gobierno abrió espacios de diálogo con los sectores que promovieron el «No» para recoger sus objeciones y modificaciones. Se incorporaron cambios al texto y el nuevo Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto se firmó el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá.
ACUERDO DE PAZ
El Acuerdo estableció el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, la dejación de armas por parte de las FARC (verificada por una misión de la ONU) y la reincorporación económica y social de los exintegrantes de la guerrilla.
Además, previno una solución al problema de las drogas ilícitas a través de programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, prevención del consumo y la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada.
Finalmente, tenía como objetivo proteger a las víctimas del conflicto, creando el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Así, nació la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para juzgar los crímenes más graves, junto con la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, priorizando los derechos de las víctimas.
La JEP es un mecanismo de justicia transicional encargado de investigar, juzgar y sancionar los delitos más graves cometidos en el marco del conflicto armado interno antes del 1 de diciembre de 2016. Investiga a exintegrantes de las FARC-EP, miembros de la Fuerza Pública y terceros civiles que participaron de manera determinante en los hechos. Actualmente, en el Congreso de la República y diversos sectores políticos, se discuten iniciativas para anticipar su cierre o modificar sus competencias (como el Proyecto de Acto Legislativo 018 de 2026, que propone fijar su terminación en marzo de 2028).
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no entrega indemnizaciones económicas directas a las víctimas, ya que por ley esa función recae en la Unidad para las Víctimas.
El rol de la JEP dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición consiste en contribuir a la reparación a través de la justicia restaurativa, la verdad y el reconocimiento de responsabilidades.
Según informes de la Defensoría del Pueblo presentados en noviembre de 2026, la reparación integral sigue siendo uno de los mayores pendientes; se calcula que solo una pequeña fracción de las víctimas (alrededor del 4,6% según los datos consolidados recientes) ha culminado por completo su proceso de reparación.
La Defensoría del Pueblo señala que, a diez años del Acuerdo de Paz, la reparación integral de las víctimas sigue siendo uno de los mayores retos pendientes en el país debido a limitaciones de cobertura, presupuestales y de articulación institucional.
