Por (*) Cristina Vázquez es CEO de TEIMAS.
Cada vez son más las normas que deben cumplir las empresas en favor de la sostenibilidad. Cada vez son más numerosas las obligaciones y más complejas las responsabilidades. Cada vez toca ser más conscientes del impacto que dejamos en el planeta y en las personas.
Esta tendencia no es nueva. Europa lleva más de una década tratando de forjar un movimiento en favor de la neutralidad en carbono. Un movimiento que, más allá de las palabras, tenga un impacto real en un asunto de índole global como es el cambio climático.
En 2015, en el marco del Acuerdo de París, numerosos dirigentes acordaron metas ambiciosas para mantener la temperatura media mundial en niveles aceptables. Aceptable significa que no pongan en riesgo nuestra forma de vida, nuestro ecosistema, nuestra fauna, nuestra flora, nuestra salud.
No obstante, ha sido y sigue siendo necesario recordar, fomentar e impulsar este compromiso, pues la realidad es que casi una década después, los pasos que se han dado son, a efectos de neutralidad climática, claramente insuficientes.
Europa se da cuenta de que cambiar el mundo requiere redirigir los flujos de inversión en base a nuevos parámetros que estén más alineados con ese desarrollo sostenible. La inversión pública no es suficiente y las empresas e inversores privados deben estar implicados para generar un cambio real.
Europa crea en 2018 el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles y poco después una Taxonomía o sistema de clasificación que ayuda a identificar, precisamente, cuáles son las actividades económicas que se consideran sostenibles.
Se crea también el Green Deal o Pacto Verde Europeo, que describe la estrategia de la UE para lograr los objetivos de neutralidad climática. Los pilares son la reducción de la dependencia de países terceros, la descarbonización y la digitalización.
Con esta hoja de ruta, una de las conclusiones es que se necesita adaptar la legislación de la UE para conseguir los objetivos climáticos. Así, a partir de este momento comienzan una serie de cambios en numerosas normas, reglamentos y directivas.
Otra de las conclusiones es que los cambios deben integrarse en la política presupuestaria. Un ejemplo es el Plan de Recuperación Next Generation, con un 30% de las inversiones en acciones climáticas.
Pero hacer que los flujos de inversión cambien y se centren en actividades más sostenibles, conseguir que se diseñen productos adecuados para que sean reparables y duren más tiempo, conseguir que la mentalidad de las empresas cambie para elevar la importancia del impacto medioambiental y social al mismo nivel que el financiero… todo eso requiere de muchos cambios, mucho dinero y más tiempo del que nos gustaría admitir.
Europa “fomenta” en base a normativa y, así, siguen apareciendo en los últimos años toda una serie de modificaciones de normas que tienen impacto directo en muchas empresas españolas.
Destacan algunos ejemplos, como la Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) que obliga a las grandes empresas y pymes cotizadas a equiparar la información sobre sostenibilidad con la información financiera (intensificando la antigua norma de Información No Financiera).
Las empresas deben presentar la información no financiera de acuerdo a unos estándares comunes (ESRS o NEIS) para generar datos fiables y comparables. Además, las compañías estarán sujetas a auditorías independientes y a procesos de certificación.
En diciembre de 2023 se llega a un acuerdo para el Reglamento de Ecodiseño, que establece el marco para mejorar la circularidad, eficiencia y sostenibilidad de los productos en la UE.
Se establece la creación del Pasaporte digital de Producto en el que las empresas tendrán que proporcionar información relativa a todo el ciclo de vida, durabilidad, reparación, reciclabilidad, consumo de energía y huella de carbono entre otros datos.
Hace unas semanas, en 2024, se acuerda la Directiva sobre Diligencia Debida (CSDDD), que obliga a las grandes empresas a adoptar medidas para identificar, prevenir, detectar y mitigar cualquier efecto adverso sobre los derechos humanos o el medio ambiente.
Deben tener en cuenta también los socios comerciales, incluyendo toda la cadena de valor, desde proveedores de materias primas hasta los procesos de gestión de residuos.
Además, el Consejo Europeo adoptó la revisión del Reglamento de Traslado de Residuos para actualizar los procedimientos de envío de residuos para reflejar los objetivos de la economía circular y la neutralidad climática, hacer uso de la tramitación electrónica y el intercambio de información, y combatir las prácticas ilegales.
Europa tiene, además, la intención de crear un punto único de información pública relacionada con finanzas y sostenibilidad sobre empresas y productos de inversión (PAUE) para el año 2027.
Si bien es cierto que comenzaba esta reflexión comentando que los resultados en cuanto al avance en neutralidad climática son insuficientes, lo que también es innegable es que el trabajo normativo ha sido extremadamente prolijo y la explosión de normas y obligaciones para las empresas se está produciendo a un ritmo a veces demasiado rápido.
Las empresas se ven obligadas a un gran cambio, no sólo en la manera de producir, de gestionar los costes, o en la manera de mostrarse al mercado, sino un cambio en su manera de pensar, de concebir la propia compañía, de establecer prioridades.
A día de hoy, los temas medioambientales son cuestiones que van más allá de la imagen, más allá del compliance y más allá de la gestión de riesgos.
Aglutinan la percepción del inversor, del consumidor, de las autoridades y de otros grupos de interés. Están cada vez más cercanas al núcleo de la empresa y cada vez más presentes en los planes estratégicos.
Ya no vale la elocuencia y las declaraciones superficiales.
Toca priorizar y centrarse en acciones concretas, en acciones tangibles.
Cada vez es más insuficiente “decir” y más necesario “demostrar”.
(*) Cristina Vázquez es CEO de TEIMAS.
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