El movimiento B Corp, que agrupa empresas que quieren ser parte de la solución de los retos sociales y ambientales con su actividad, va ganando peso en España con crecimientos anuales de entre el 30 y 40 %, un avance que podría ser aún mayor de contar con el marco regulatorio adecuado.
B Corp existe desde 2006 y, a nivel mundial, representa a unas 5.200 compañías que buscan generar un impacto positivo en el planeta y en las personas al tiempo que generan beneficios, ha dicho a EFE Pablo Sánchez, director en España de Fundación B Lab, organización que introdujo este movimiento el país en torno a 2013.
Tras unos primeros años de «evangelización», a partir de 2018 y, sobre todo, a raíz de la pandemia, «vimos un cambio de tendencia y que se aceleraba el interés por B Corp», comunidad que en España suma cerca de 160 asociadas, el 70 % pymes.
Que el peso de las pymes se debe a que esta comunidad ha nacido «desde abajo», es decir, desde compañías que nacen con el propósito de dar respuesta a una necesidad social o ambiental, aunque cada vez son más las grandes compañías que se suman, como, por ejemplo, Danone, MasMovil, Isdin o Laboratorios Ferrer.
Reconocerlas por ley para impulsarlas
«La magnitud de los desafíos a los que tenemos que dar respuesta como sociedad requiere de la participación privada, ya no es únicamente la labor del sector público ni del tercer sector dar respuesta a las emergencias sociales o climáticas», ha subrayado.
Para reconocer a las empresas que quieren aportar al bien común desde su actividad sin renunciar a su viabilidad económica, surgió la certificación B Corp, que concede B Lab tras someter a las candidatas a un proceso que evaluación basado en estándares internacionales.
«Desde los 80, predomina maximizar el valor para el accionista y velar por intereses particulares. Lo que proponemos nosotros es que una empresa no solo vele por un interés particular, sino que también lo haga por el interés común», ha apuntado Sánchez en una entrevista con EFE.
Sin embargo, estas empresas, que usan recursos privados para dar respuesta de carácter público, hoy en día no se sienten reconocidas en la Ley de Sociedades.
«Son SA o SL que no ven recogida su forma de actuar en el ordenamiento jurídico. Necesitan un apellido que las identifique, pues cuando existan legalmente, el mercado podrá desarrollar un conjunto de actividades para impulsarlas», ha insistido Sánchez.
Así, su identificación permitiría, por ejemplo, atraer financiación, que las administraciones públicas las priorizaran a la hora de contratar o que los consumidores las pudieran premiar eligiendo sus productos o servicios.
Por ello, ha pedido acelerar el cumplimiento de la disposición adicional incluida en Ley Proyecto de Ley de Creación y Crecimiento de Empresas que identifica la figura de las Sociedades de
Beneficio e Interés Común como aquellas que, voluntariamente, deciden recoger en sus estatutos su compromiso con la generación explícita de impacto positivo social y ambiental a través de su actividad.
La disposición incluida en la ley, que ahora tramita el Senado, recoge que se contemplará la metodología de validación de esta figura mediante desarrollo reglamentario, a la que también deben someterse voluntariamente estas empresas. EFEverde
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