Sevilla.- La Fiscalía ha presentado un recurso contra el archivo judicial de la causa que investigaba varios pozos no autorizados administrativamente en la finca Aljóbar de Aznalcázar (Sevilla) de la Casa de Alba, situada en el entorno de Doñana.
Este recurso del Ministerio Público, al que ha tenido acceso EFE, se une al que ya presentó como acusación popular la organización Ecologistas en Acción.
Ambos recursos ya han sido admitidos a trámite por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), según recoge la resolución judicial a la que igualmente ha tenido acceso EFE.
La acusación pública considera que existen «indicios suficientes» de delito contra el medio ambiente, teniendo en cuenta la «extracción sistemática y de carácter industrial» de agua en una superficie «muy extensa y mantenida durante muchos años con grave perjuicio para el medio natural».
Todo ello, añade, sin perjuicio de que puedan haberse autorizado luego derechos de aguas privadas a concesión de aguas públicas.
Según la Fiscalía, la legalización «posterior» de pozos o extracciones de agua por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) no eliminaría en este caso el delito contra el medio ambiente que podría haberse «consumado».
‘Peligro hipotético’
«Nos encontramos ante un delito de peligro hipotético, basta con acreditar que la extracción clandestina e incontrolada tuvo aptitud potencial para causar un perjuicio grave al recurso hídrico legalmente protegido», señala el recurso.
La Fiscalía considera por tanto que «la autorización, concesión o licencia que ahora pueda llegar a concederse no tienen efectos retroactivos que anulen la previa conducta delictiva».
Los hechos investigados afectan a la denominada ‘Finca Aljóbar’, situada en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla) y perteneciente a la empresa Eurotécnica Agraria, vinculada a la Casa de Alba.
La Fiscalía argumenta que la existencia de un peligro grave para el bien jurídico protegido debe ser debatida en el juicio oral, por lo que pide que se revoque el auto de archivo y que siga el procedimiento.
El auto de archivo recurrido, al que también tuvo acceso EFE, acordó además el cese de las medidas cautelares adaptadas, para lo que trasladaba al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil el «desprecinto» de los pozos investigados.
Entre las partes personadas en el procedimiento están la Fiscalía, que inició las actuaciones con una querella por un posible delito contra el medio ambiente; Eurotécnica Agraria, como sociedad encargada de la gestión de la finca; y Ecologistas en Acción, organización que también recurrió la decisión de archivo.
En este caso llegó a declarar como investigado el nieto de la duquesa de Alba, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, quien señaló el 20 de febrero de 2025 que se había iniciado la regularización de los pozos investigados a raíz de la denuncia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. EFE Verde
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