La privatización del agua, más en el contexto de escasez hídrica agravada por la crisis climática, amenaza el derecho humano a este recurso, advirtieron varias especialistas consultadas por EFE, quienes alertaron del riesgo de la especulación y subida en el precio del agua que implica dejarlo “en manos del mercado”, como ilustra el caso de Chile.
Chile, que acaba de rechazar en las urnas la Constitución que propusieron los ciudadanos de la Convención Constitucional -que, entre otras medidas, eliminaba la privatización del agua blindada por la actual carta magna chilena-, ha vivido recientemente una sequía que ha dejado a prácticamente el 50 % de su población bajo decreto de escasez hídrica.
Sin embargo, «no es culpa de la sequía que habiendo agua en Chile, las personas seamos las primeras afectadas», según la directora de campañas de Greenpeace, Estefanía González, quien incidió en la importancia de recuperar las propuestas de desprivatizar el agua en ese país y de que estén incluidas en la nueva Constitución.
Solo el 2 % de los recursos hídricos disponibles en Chile se usan para agua potable y saneamiento, señaló González, para criticar que «las personas no somos las que más agua consumimos y sin embargo somos las primeras en verse afectadas por la escasez hídrica», algo que atribuye al modelo de gestión privada y a que hay «más derechos de agua repartidos que agua disponible».
Mientras el país se ha enfrentado a medidas de racionamiento del agua para lidiar con el estrés hídrico, se han dado casos de especulación por parte de titulares de derechos de agua que han acumulado este recurso y esperado a que se agrave la escasez, para así vender el agua más cara, según denunciaron informes recientes.
Un ejemplo es la provincia chilena de Petorca, donde una investigación de la Universidad de Chile reveló la desigualdad y la especulación en esta región -una de las más azotadas por la sequía en el país- tras analizar el circuito de agua distribuida por camiones aljibes y comprobar que esa agua venía de la misma cuenca hidrográfica donde se estaba vendiendo: los proveedores eran agricultores de la zona.
La tendencia a privatizar
Pero la privatización no es un fenómeno exclusivo del país latinoamericano, sino que es una realidad palpable en muchas otras partes del mundo -desde Estados Unidos hasta Australia- y una tendencia que contradice la de retirar los tradicionales derechos sobre la propiedad del agua, sugirió la especialista en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad de Amsterdam, Joyeeta Gupta.
En conversación con Efe, Gupta destacó la paradoja de que, por un lado, los estados estén “intentando recuperar el control” de las reservas de agua subterránea, retirando los derechos de propiedad a terratenientes para poder hacerse cargo de la gestión y garantizar el suministro durante la crisis y que, por otro, otorguen concesiones a empresas que firman contratos a largo plazo para usos industriales.
La experta indicó que, en la práctica, estas concesiones -que pueden prolongarse a incluso 50 años, algo que ha considerado «mucho tiempo, especialmente teniendo en cuenta los impactos del cambio climático»- se traducen en nuevos derechos de propiedad del agua.
Así, Gupta criticó que lo único que se está haciendo es sustituir el “esquema tradicional” de la propiedad del agua por otro modelo de privatización, que no garantiza el suministro a la población, sino que incluso lo compromete, al elevar el precio, transferir sus usos industriales a aquellos más rentables -en lugar de dar prioridad a las necesidades humanas o de la naturaleza- y no asegurar las reservas de agua subterránea para el futuro.
El problema de aumentar la desigualdad
«Estamos agotando en una generación el agua que han acumulado cientos de generaciones», lamentó, y a medida que quede todavía menos agua subterránea, “su precio en un sistema de mercado normal subirá”, lo que podrá disparar aún más las desigualdades en el acceso, advirtió.
Un problema que, según esta experta, acentúa la desigualdad es que los países del sur global a menudo carecen de recursos para costear la compensación económica que implica rescindir los contratos con las multinacionales que tienen esas concesiones incluso en momentos de estrés hídrico.
Un caso paradigmático, señaló, es el de Bechtel vs. Bolivia, en el que la compañía estadounidense demandó al gobierno de Bolivia por 25 millones de dólares después de que éste invalidara el contrato con la empresa a causa de las protestas que había provocado en Cochabamba el aumento en las tarifas del agua como consecuencia de la concesión.
En Chile, la reforma constitucional “es el momento perfecto” para hablar de los problemas que acarrea la privatización del agua, concluyó Gupta, que lamentó que, al rechazar su población el proyecto de nueva Constitución, el país “ha perdido su oportunidad, por ahora”. EFEverde
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