Más de 45 países están reunidos esta semana en Santa Marta, Colombia, con el objetivo de abordar algo que las negociaciones climáticas llevan tres décadas eludiendo: cómo dejar atrás los combustibles fósiles.
No se trata de una cumbre bajo el paraguas de Naciones Unidas, sino una iniciativa inédita, impulsada por Colombia y los Países Bajos, que busca abrir un camino allí donde los foros tradicionales han quedado estancados.
Y es que, pese a los avances en compromisos y metas, la cuestión central —cómo reducir y, en última instancia, eliminar la producción de petróleo, gas y carbón, principal motor de la crisis climática— sigue sin abordarse de forma directa.
Es tiempo de reconocer que la urgencia climática y estabilidad económica están del mismo lado, no se contraponen. La guerra actual lo está demostrando. Un conflicto en un punto específico del planeta está afectando a casi todas las economías del mundo.
En Latinoamérica se manifiesta en apagones, alzas del precio de los combustibles y del costo de la vida en general, ejerciendo presión sobre todo en los hogares más vulnerables. La dependencia de los combustibles fósiles no da estabilidad, nos hace vulnerables.
La crisis, marcada por la guerra, revela con claridad el camino más razonable, el de reducir la dependencia de los combustibles fósiles e invertir en un modelo energético soberano, menos expuesto a lo que ocurra en un estrecho al otro lado del mundo.
Al mismo tiempo, esa misma guerra empuja en la dirección contraria. A medida que se estrecha la oferta global, aumenta la presión para ampliar la extracción en nuevos territorios, y América Latina vuelve a presentarse como frontera de expansión.
La aceleración del megaproyecto de fracking en Vaca Muerta, en Argentina y la reactivación de exportaciones venezolanas bajo licencias de Estados Unidos, son dos ejemplos claros.
Las inversiones se multiplican con la promesa de altos retornos a corto plazo, mientras consolidan una dependencia que ya ha probado ser insostenible.
Ante esta encrucijada, la Conferencia de Santa Marta no podría ser más oportuna. Por primera vez, los países dispuestos a avanzar en la salida de los combustibles fósiles se sientan a la misma mesa sin el veto de quienes han bloqueado las conversaciones por treinta años.
Es una oportunidad para darle tracción a lo que la crisis ha hecho evidente, que abandonar los fósiles no es sólo una exigencia climática, sino una decisión estratégica de seguridad, soberanía y estabilidad.
Además, estos países no parten de cero. La base jurídica y científica ya existe. Tribunales internacionales han reafirmado la obligación de los Estados de proteger a las personas y al planeta de los efectos de la crisis climática, incluyendo expresamente la obligación de regular la producción fósil.
El Acuerdo de París y las contribuciones nacionales (NDCs) que le dan vida establecen metas y principios de transición justa que son vinculantes. El reto es traducir esos compromisos en legislación y políticas públicas domésticas efectivas, capaces de implementarse y que sobreviva más allá de los ciclos políticos.
Pero aquí entramos en otro nivel del problema. La transición debe ser justa, si ha de dar los resultados que se necesitan. Con frecuencia, cuando los proyectos se cierran o se abandonan, lo hacen sin remediación ambiental, sin compensación y sin dejar alternativas económicas.
Ese patrón fue documentado recientemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por comunidades y organizaciones civiles. La evidencia es clara. La extracción suele terminar sin garantías para quienes han soportado sus impactos, especialmente pueblos indígenas y afrodescendientes.
Y ahí reside la condición clave. Una transición que ignore derechos o que abandone territorios degradados sin rendición de cuentas difícilmente generará el respaldo social y político necesario para sostenerse.
No se trata solo de un imperativo jurídico, sino práctico, ya que sin justicia no hay transición viable.
Por eso Santa Marta es algo más que otra reunión internacional.
Es la oportunidad para que América Latina deje de ser frontera de expansión fósil y se transforme en el lugar donde se construye, en sus propios términos, una transición que funcione para la gente y para el planeta, y que marque la pauta para el resto del mundo.
Gladys Martínez de Lemos es directora ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
Esta tribuna puede reproducirse libremente citando a sus autores y a EFEverde.
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