La última legislatura del Parlamento Europeo ha vuelto a demostrar el tremendo poder de las grandes empresas en la toma de decisiones de la Unión Europea (UE). Esto no sólo carcome la democracia, sino que supone un enorme obstáculo para lograr la justicia social y ambiental.
Este fenómeno, conocido como captura empresarial, ha tenido consecuencias devastadoras para el bien común, desde el cambio climático hasta el coste de la vida.
Durante la pandemia del coronavirus, la Comisión Europea dio prioridad a los beneficios de las grandes farmacéuticas (a través de patentes monopolísticas perjudiciales) frente al acceso a vacunas que podrían haber salvado vidas entre las poblaciones empobrecidas del mundo.
Tras la invasión de Ucrania por el gobierno ruso, Von der Leyen otorgó a los gigantes de los combustibles fósiles una gran influencia sobre la estrategia energética de la UE (RepowerEU), desperdiciando una gran oportunidad para efectuar una transición hacia un modelo energético socialmente justo. Los bancos y las empresas energéticas registraron beneficios récord mientras que la pobreza aumentó y el coste de la vida se hizo insoportable para muchas.
Las industrias aeroespacial y armamentística llevan años presionando para conseguir un acceso más fácil a materiales. En 2023 han trabajado mano a mano con la Comisión y el Consejo de la UE para aprobar la Ley de Materias Primas Críticas. Presentada públicamente como una legislación respetuosa con el clima, la Ley es en realidad una «barra libre» para la industria que perpetúa un modelo neocolonial y extractivista. Así garantizaron que incluya los metales esenciales para sus intereses y que se abran minas para construir armas.
También hemos visto cómo los grupos de presión de la industria química y agricultura intensiva así como sus aliados en las instituciones saboteaban leyes europeas cruciales para proteger la salud y los ecosistemas. La legislación prevista para reducir a la mitad el uso de pesticidas fue rechazada por el Parlamento. La Comisión y el Consejo también han aparcado propuestas de leyes cruciales para eliminar miles de sustancias químicas tóxicas.
Uno de los factores clave fue la renovada estrategia electoral antiecologista del Partido Popular Europeo (PPE), basada en asustar a los votantes con falsas afirmaciones sobre los costes de las medidas medioambientales y sanitarias. También ha instrumentalizado las protestas agrarias. La estrategia de los conservadores aspira a una mayoría gobernante junto con la extrema derecha -Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), Identidad y Democracia (ID) y No Inscritos- en el nuevo Parlamento Europeo.
Hay muchas personas aportando su grano de arena en la defensa de los derechos sociales, la sanidad y educación pública, así como en la lucha contra el genocidio en Gaza, las guerras y la crisis climática. Con la misma seriedad debemos poner fin a los privilegios de que disfrutan los grupos de presión empresariales en las instituciones de la UE y su influencia indebida.
Cuando la UE responde más a las grandes empresas que a los problemas de la población, se alimenta la desconfianza, la ira y la sensación de impotencia. Esto crea un terreno fértil para la conspiración y la manipulación de la extrema derecha, que se presenta ante el electorado como «antisistema» mientras impulsa políticas antisociales en beneficio de los ricos.
Para evitar que los próximos años se conviertan en una era monstruosa y belicista con niveles sin precedentes de captura corporativa y corrupción, es crucial que como sociedad nos organicemos, nos movilicemos y que estos problemas -y sus soluciones– se conviertan en un tema candente el 9 de junio y después.
Ojalá reflexionemos sobre la siguiente pregunta antes de ir a las urnas: ¿qué candidatas y candidatos se han comprometido a poner cortafuegos a la influencia perjudicial del lobby de las grandes empresas, defender el interés público y oponerse al impulso desregulador neoliberal?
(*) Belén Balanyá & Olivier Hoedeman (Corporate Europe Observatory) y Tom Kucharz (Ecologistas en Acción)
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