La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) celebrará este martes la audiencia sobre la presunta vulneración de derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario de Ecuador, que puede sentar un precedente para otros casos similares en países como Brasil, Colombia, Perú y Paraguay.
En su 150 periodo ordinario de sesiones, que se celebra en Brasilia, la CorteIDH escuchará a la partes enfrentadas en el caso sobre los tagaeri y taromenane, dos etnias nativas que viven en aislamiento dentro del Parque Nacional Yasuní y cuyos derechos varias organizaciones consideran afectados por el Estado al promover la explotación de petróleo en la zona.
Por primera vez, la CorteIDH deberá evaluar y determinar los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, comunidades nativas en las zonas más remotas y recónditas de la Amazonía que prefieren mantener su modo de vida ancestral dentro de la selva y vivir al margen de la sociedad actual.
«Estamos convencidos de que la Corte va a fallar a favor de estos pueblos«, aseguró a Efe el abogado Mario Melo, de la Fundación Pachamama, quien intervendrá en la audiencia en patrocinio conjunto con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y el Centro de Derechos Humanos de Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), y en compañía de abogados del colectivo Yasunidos.
Su argumento principal es «la presencia de las actividades petroleras en el territorio de los pueblos en aislamiento por donde ellos viven y transitan está ya prohibida por la Constitución del Ecuador» y que el territorio ancestral de los tagaeri y taromenane va más allá de la zona intangible establecida por el Estado dentro del Yasuní, el área natural protegida más grande del Ecuador continental.
Son varios los campos petroleros que tienen pozos cercanos a la zona intangible del Yasuní, establecidos bajo la declaración de interés nacional también contemplada en la Constitución y operados por la estatal Petroecuador, que afirma aplicar estrictos protocolos para evitar cualquier impacto eventual al entorno.
Violentos episodios
El caso se remonta a tres episodios violentos ocurridos en 2003, 2006 y 2013 donde murieron aproximadamente 60 personas de estos pueblos.
De acuerdo al informe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó a la CorteIDH en 2020, fueron «el resultado de contactos con terceras personas, debido a la mencionada falta de garantías efectivas para impedir el acceso de terceros al territorio«.
La CIDH estableció que, bajo la premisa de no contacto y de autodeterminación de los pueblos indígenas, «no es posible intervenir sus territorios para aprovechamiento económico cuando ello pueda entrar en tensión con la salvaguarda de su subsistencia«.
Paralelismos con caso Sarayaku
Para Melo, el caso de los tagaeri y los taromenane puede tener tantas repercusiones como tuvo en 2012 el caso de la comunidad indígena de Sarayaku, también en Ecuador, donde por primera vez la CorteIDH reconoció el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados previamente sobre los proyectos que el Estado quiera realizar en sus territorios.
Este fallo permitió a Sarayaku expulsar a una petrolera que había ingresado a su territorio sin su consentimiento y sentó un precedente clave a nivel internacional sobre los derechos territoriales de las comunidades indígenas.
Posibles implicaciones internacionales
Melo advirtió de que las repercusiones del fallo que emita la CorteIDH pueden tener implicaciones para otros países de Sudamérica que también tienen pueblos indígenas en aislamiento voluntario como Brasil, Colombia, Paraguay o Perú.
Está el caso de los yanomami afectados por la minería ilegal en las zonas fronterizas de Brasil y Venezuela, sobre el que la CIDH ya dictó medidas cautelares este año.
Asimismo, en Perú existen pozos de gas del yacimiento de Camisea dentro de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y Otros (RTKNN), establecida para pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. EFEverde
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