Ignacio Valenzuela Yrazusta
Por LuisJa Sánchez
Para el vicepresidente de ANAVA-RC, debe aumentarse el plazo de prescripción de la acción para reclamar daños y perjuicios en caso de accidente de uno a tres o cinco años y suprimir las costas judiciales para el colectivo de víctimas de accidentes.
La situación de las víctimas de accidente de tráfico en un escenario de repunte de la siniestralidad sigue siendo preocupante. Para Ignacio Valenzuela, socio fundador de Valenzuela y Resel Abogados, el baremo de tráfico no resarce totalmente el daño.
“Es necesario introducir mejoras en esas indemnizaciones, retirar las costas del procedimiento judicial si se pierde el litigio y ampliar el plazo de prescripción actual de uno a tres o cinco años”.
El problema se acrecienta ahora por la huelga de los LAJS, antiguos secretarios judiciales que están provocado que muchos juicios que iban a celebrarse y donde se iban a fijar compensaciones para estas víctimas se demoren hasta uno o incluso dos años.
El papel de este colectivo será uno de los protagonistas del V Congreso Nacional de
Víctimas que organiza ANAVA-RC, asociación de víctimas de accidentes, de la que Ignacio Valenzuela es socio fundador y vicepresidente, junto con Manuel Castellanos, presidente y Amalia Segarra, tesorera. “Nacimos por las lagunas del baremo indemnizatorio de tráfico, regulado en la ley 35/2015 y nuestro papel es del acompañar a la víctima en la búsqueda de su resarcimiento”.
La asociación nació en el 2015 y agrupa a abogados especializados en responsabilidad civil y seguro de distintos ámbitos como contrapeso a las empresas aseguradoras. Actualmente cuenta con cerca de 250 despachos miembros, su labor es fundamentalmente formativa y han logrado desde la unidad, ser un interlocutor válido de las víctimas ante las administraciones públicas.
Ignacio Valenzuela tras licenciarse en 1997 en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid, empezó su carrera profesional en un despacho de abogados líder en temas de responsabilidad civil, para con posterioridad cinco años después, decidirse a crear su propio bufete junto con la abogada Lucia Resel. Su trabajo se centra especialmente en el asesoramiento a las víctimas de accidentes de tráfico “Es un trabajo muy satisfactorio ayudas a estas personas a rehacer su vida”.
¿En qué contexto se mueven las víctimas de accidentes de tráfico ahora?
Lo primero que hay que dejar claro es que todas las reformas sobre accidentes de circulación han ido contra las víctimas de estos siniestros. El papel de los abogados que asesoramos a las víctimas es el de acompañar a la víctima en el proceso de recuperación y negociar con las compañías de seguros unas indemnizaciones adecuadas, aunque en muchos casos los asuntos se judicializan por la falta de acuerdo.
En este contexto nació ANAVA-RC fruto de la relación profesional que manteníamos varios abogados entre los cuales hay que destacar a Manuel Castellanos, su presidente y Amalia Segarra su tesorera. La introducción de ese baremo
indemnizatorio en la ley 35/2015 y la despenalización del juicio de faltas obrada por la Ley Orgánica 1/2015, ayudo a que nos uniéramos y al germen de lo que es hoy ANAVA-RC.
En aquel momento esos cambios normativos genero mucha inquietud entre las víctimas de accidentes de tráfico por el desconocimiento de la norma y el cambio que suponía dirigir a las víctimas a un procedimiento civil con costes añadidos, como peritos y procuradores. Esto generó un cambio de 180 grados en proceso de reclamación de daños y perjuicios derivados de accidentes.
Sin embargo la asociación ha cuajado y se ha convertido en un referente dentro de sector de la responsabilidad civil…
Los comienzos fueron complicados pero los abogados del sector vimos que era necesario unirnos ante el poder de las aseguradoras. Empezaron las reuniones con otros compañeros por toda España y así fuimos creciendo como asociación. Ahora el Congreso Nacional que celebramos todos los años nos ayuda a repasar las cuestiones claves que nos afectan.
Desde ANAVA-RC, como asociación sin ánimo de lucro, trabajamos sobre todo la formación de nuestros profesionales. Es clave esa formación para que se pueda dar un asesoramiento integral cuando se produce un siniestro del tipo que sea. En esta oportunidad el V Congreso de los próximos 2 y 3 marzo con el nuevo fiscal de tráfico Luis del Rio es el evento adecuado para conocer la problemática que une a víctimas de accidentes y abogados.
Cuál es la evolución de los procedimientos judiciales en los que se ven envueltas las víctimas de accidentes de tráfico?
Estos procedimientos judiciales que se tramitan por la vía civil son lentos y costosos, pueden llegar a durar entre uno y dos años en primera instancia. En la mayor parte de ellos no se logra el resarcimiento íntegro de las víctimas, ni siquiera los grandes lesionados lo logran y culpa de ello lo tiene en baremo indemnizatorio, que debe revisarse al alza.
En estos pleitos es clave el papel del abogado de la víctima, que debe tener los conocimientos y la formación necesaria para hacer frente a una compañía aseguradora con todo lo que ello supone.
En este tipo de asuntos, los letrados expertos venimos reclamando que en caso de que se desestime una demanda presentada por una víctima frente a una compañía aseguradora, no se le impongan las costas judiciales.
Las costas judiciales en primera instancia pueden suponer el 30 por ciento de la cuantía total del procedimiento y en segunda instancia otro 15%. Esto hace que algunas víctimas se lo piensen dos veces y en muchos casos dejen de reclamar por miedo a perder el pleito.
¿Cómo interpretan los jueces este tipo de asuntos, en la práctica?
La verdad que cada procedimiento judicial es diferente por las particularidades de cada accidente y de cada víctima. En muchos casos se ganan los pleitos en su totalidad, aunque en mayor medida hay estimaciones parciales de las demandas, por lo que en estos casos no hay condena en costas y cada parte para las suyas.
El problema es cuando de desestima nuestra demanda por diferentes circunstancias, en ese caso el juez entiende que la oferta motivada que nos hace la aseguradora y con la que la víctima no estaba conforme, era ajustada y desestima nuestra reclamación. En ese caso sí que hay que pagar las costas judiciales, algo que debería evitarse dado que la reclamación es legítima, aunque no haya prosperado.
¿Qué impacto está teniendo la huelga de los letrados de la administracion de justicia en este colectivo?
La huelga de los LAJS ya va por su quinta semana y no se ve visos de arreglo en el conflicto que el colectivo tiene con el Ministerio de Justicia.
En nuestro caso, las suspensiones de juicios son notables, los asuntos de estos días se suspenden incluso hasta dentro de un año o más, con el consiguiente perjuicio económico para los afectados.
Junto con eso hay muchos otros procedimientos suspendidos como el otorgamiento de poderes apud acta o el pago de indemnizaciones que se encuentran en los juzgados congeladas. No podemos olvidar que las competencias de estos letrados de administracion de justicia se han incrementado en estos años y de su trabajo depende el normal funcionamiento de los juzgados.
Las grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla tienen una infraestructura judicial importante que ahora está casi paralizada. La litigiosidad existente se incrementa. Va a ser difícil que se logre poner al día nuestros juzgados cuando se desconvoque esta huelga indefinida.
Qué grado de compensación logran las victimas de accidente de tráfico entonces con la nueva normativa?
“A lo largo de mi experiencia profesional en estos veinticinco últimos años, se constata que las víctimas de estos siniestros siguen estando desprotegidas”.
Las dificultades a las que se enfrenta una víctima en este proceso de reclamación para que se vean resarcidos los perjuicios sufridos por las lesiones y los daños son incontables. La problemática arranca desde la asistencia sanitaria que reciben y que en muchos casos es insuficiente, lo que genera una serie de gastos, amén de infinidad de perjuicios como el lucro cesante producido por esa inactividad profesional en su baja laboral, etc..
Por si fuera poco, en este tipo de situaciones sin recuperarse totalmente del accidente tiene que afrontar su reclamación frente a la aseguradora del vehículo causante del accidente. Esto hace que, en muchas ocasiones por desconocimiento o buena fe, no se preste la atención debida a la oferta que reciben por parte de la compañía y con ganas de olvidar el asunto, acepten indemnizaciones más bajas de las que deberían recibir.
En este contexto, el papel de los abogados especializados en este tipo de asuntos parece más necesario que nunca…
Ese es nuestro caballo de batalla. Que las víctimas tanto de accidentes de tráfico como de cualquier percance tengan claro que necesitan un abogado especializado que les asesore en todo ese procedimiento. Es fundamental que esté asesorado desde el primer momento y no se conforme con la primera oferta, siempre a la baja que reciba de las aseguradoras.
En la actualidad las indemnizaciones que reciben las víctimas son claramente insuficientes. Cuando se aprobó la ley 35/2015 se habló que se incrementaban de forma notable esas compensaciones, pero eso en la práctica no se ha producido.
Le pongo un ejemplo, el día de baja laboral se pagaba más en 1997 que en la actualidad sin tener en cuenta el IPC. En la actualidad un día de hospital se paga a 89 euros y un día de curación o perjuicio personal básico en 35 euros, cuantías claramente insuficientes.
En este contexto se habla del papel de los médicos forenses, aunque parece que no están de todo bien formados. ¿Qué papel juegan en estos accidentes de tráfico?
El papel de los médicos forenses es importante y aunque son grandes profesionales no todos están bien formados. Su papel es clave y su dictamen fundamental para que en muchos casos el juez fije las compensaciones de esa víctima merece en función de las lesiones sufridas.
Todavía existen algunos forenses que no han entendido la problemática de este nuevo baremo indemnizatorio de tráfico. Es muy importante que reciben la formación adecuada para que conozcan bien el funcionamiento de esta herramienta que compensa a las víctimas y que sepan manejar los criterios interpretativos existentes.
¿Qué valoración puede hacernos de la reforma legislativa que se hizo en el Código Penal para castigar la imprudencia y el abandono del lugar del accidente por parte del conductor”?
En los últimos años el legislador está revirtiendo la situación generada con la despenalización de la imprudencia con la eliminación del juicio de faltas y cada vez está introduciendo más elementos sancionadores.
La reforma del Código Penal dispuesta por la Ley 11/2022, de 13 de septiembre, adapta la normativa de las situaciones de Imprudencia en la conducción, circulación y delito de fuga a la realidad actual.
Estas modificaciones evitan en la práctica algunas reducciones de penas y disponen sanciones por los delitos menos graves.
La ley es muy reciente. La persona víctima o protagonista de una imprudencia en la conducción debería consultar a un abogado especializado, para conocer con certeza sus derechos y para saber cómo gestionar la situación personal a la que se enfrenta.
Antes de esta reforma legal, las imprudencias menos graves generalmente se archivaban, porque el Código Penal las condicionaba a la entidad de la imprudencia en la conducción a efectos de las penas y a la gravedad de las lesiones sufridas.
En caso de que la entidad de la infracción no hubiera producido consecuencias graves, se habilitaba al juez a enviar la causa a archivo.
Esta situación era perjudicial para las víctimas, pues no atendía a sus reclamaciones y favorecía al infractor.
La reforma del Código Penal de septiembre de 2022, acota esta posibilidad y protege a las víctimas. Las modificaciones introducen precisiones y limitan la libertad del juez en las decisiones de archivo.
Se pretende evitar que imprudencias por infracciones que deben entenderse como menos graves se pasen a archivo por tipificarlas como leves. Ahora habrá que ver los fallos judiciales y si van en esa línea que marcaba dicha reforma
¿Qué opinión le merece que la prescripción de estos asuntos en vía civil sea solo de un año para hacer dicha reclamación”
Esta es otra de las reivindicaciones de nuestro colectivo. Que se amplie este plazo de prescripción. En España la acción de prescripción es solo de un año desde que la víctima tiene estabilizadas sus lesiones. Sin embargo en la práctica hay muchos casos en los que es complicado determinar cual es ese “dies a quo”, desde donde empieza a contar ese año. Ello supone que víctimas que continúan en tratamiento pero que ya están estabilizadas a efectos legales, se encuentran con que sus acciones han prescrito sin ser conscientes de ello.
Eso hace que las víctimas por este tipo de accidentes tengan que estar muy pendientes de los plazos y tengan que tener cerca un abogado especializado que les ayude en estos momentos y sobre todo a preparar esa reclamación dentro del plazo que marca la ley. Lo lógico es que el plazo se ampliara a tres o cinco años.
En un año como este 2023, ¿Qué mejoras reclama ANAVA-RC de cara a una mejor compensación de los daños de las victimas de accidentes de tráfico?
Por desgracia los años electorales son años de promesas que quedan luego en agua de borrajas. Pero realmente lo estamos comentando en esta entrevista. La supresión de las costas judiciales en estos procedimientos parece claro al igual que la ampliación del plazo de prescripción para que la víctima reclame su compensación
Al mismo tiempo le recuerdo que alrededor de la ley 35/2015 del baremo de tráfico se creó una Comité de Expertos, de carácter transversal donde estaban presentes todos los operadores del sector entre abogados de aseguradoras y víctimas.
Este Comité presento en julio del 2020 un documento con cincuenta medidas para mejorar la implantación del dicho baremo y entre la pandemia y otras cuestiones, todavía los poderes públicos no lo han tenido en cuenta.
También le digo que el sector asegurador tiene mucho poder y cualquier reforma de calado intenta frenarla. Hay que mejorar las compensaciones a las víctimas de accidentes y el baremo debe tener una actualización anual conforma al IPC. Este año se ha subido un 8% conforme al índice de revalorización de las pensiones, pero en otros años la subida ha sido insignificante y nunca conforme al IPC, otra de nuestras reivindicaciones.
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