Recientemente se celebró el Congreso CMS de Recuperación Judicial, un evento cuyo objetivo era conocer la actualidad regulatoria, las mejores prácticas, procesos y retos a afrontar en el sector financiero desde la perspectiva de la recuperación judicial, la gestión concursal y Legal Tech. Los organizadores del evento tuvieron el acierto de organizar una mesa redonda que llevaba por título «Panorama actual de la Justicia digital en España: mejorar la eficiencia, la accesibilidad y la calidad del sistema judicial«, con una gran elenco de ponentes entre los que brillaba con luz propia Joaquín Delgado, Magistrado desde hace 33 años que ha estado en distintos órganos judiciales (ahora está en la Sala Penal de la Audiencia Nacional) y atesora experiencia en la gestión pública, en el Consejo del Poder Judicial y en el Ministerio de Justicia, precisamente en temas de modernización y transformación digital. Tuvimos el honor de hablar con él y este es el valiosísimo contenido que nos dejó.
Joaquín, acabas de intervenir en una más que interesante mesa redonda, y has identificado claramente tres retos en la transformación de la Justicia. El primero realmente es muy significativo. Hay que cambiar la orientación al documento y sustituirla por una orientación al dato. El Ministerio de Justicia pone mucho énfasis en ese aspecto, por lo que vemos en su Foro de Transformación Digital.
El principio de orientación al dato tiene tres patas. La primera pata es la tecnológica, es decir, que las soluciones tecnológicas sean capaces de tratar adecuadamente todos los datos. La segunda tiene una perspectiva organizativa, es decir, que nos organicemos para que el tratamiento del dato sea posible. Pero la tercera es la importante, es la procesal, y nos genera obligaciones a todos nosotros sobre cómo hay que hacer el trabajo, cómo hay que presentar el escrito y cómo no, cuándo se hacen las notificaciones, cómo hay que hacerlas, cómo y cuándo se dictan las resoluciones judiciales, etc. No se trata de regular el documento que se presenta, sino cómo tiene que ser la presentación de ese documento electrónico. Tiene que hacerse, concretando, con determinados metadatos, con determinados criterios de calificación del escrito, con un determinado índice interactivo de la documentación que se presenta junto con el escrito. Y eso lo llevo a la parte a lo que hacen los profesionales, pero también a la parte judicial. El principio de orientación al dato, al final, es esencial para que puedan funcionar todas las tecnologías que vamos a ir aplicando en el proceso.
Como segundo reto, planteas el de la implantación del expediente judicial electrónico, cuyo impacto todavía está por ver ya que no está en todos los sitios.
El expediente judicial electrónico tiene que llegar a todas las jurisdicciones en todo el estado, sí o sí. Antes o después tiene que llegar porque es el presupuesto previo para que luego se pueda aplicar cualquier tipo de soluciones tecnológicas, con inteligencia artificial o de otro tipo. Necesitamos tenerlo todo en digital. Aquí veo también tres problemas. Por un lado, un sistema que se defina como tecnológico tiene que ser capaz de gestionar bien todo el expediente judicial electrónico. Eso ya lo tenemos, ya está inventado, no es algo complicado, es algo muy sencillo. En España tenemos diferentes soluciones de de expediente judicial electrónico, luego tiene una parte organizativa que tiene que ver mucho con la gestión del cambio.
La implantación del expediente electrónico lleva consigo problemas de aplicación. Y para eso hay que abrir una pieza separada de la implantación, una pieza separada muy potente, que es un plan de gestión del cambio, de tal manera que los que vamos a aplicar el expediente judicial electrónico estemos desde el principio en la fase de diseño, durante toda la implantación y durante todo el proceso posterior. Y durante un tiempo muy apoyados para que se solucionen rápidamente todos los problemas de implantación del expediente judicial electrónico.
Y luego tenemos un componente procesal: tiene que estar regulado cómo se tienen que hacer los actos en el proceso digital, y hay muchas cosas que no están reguladas y deberían estarlo. Ahora se está debatiendo sobre cómo se tiene que hacer la calificación del escrito al presentarse, que índice tiene que hacerse la calificación del escrito. Eso tendría que estar resuelto legislativamente. O también cuando una parte tiene que acceder al contenido del expediente judicial electrónico en un determinado momento, ahí se tiene que generar el índice consolidado por parte del Letrado de la Administración de Justicia: ¿Cómo lo tiene que hacer? Estoy anticipando una serie de problemas del expediente judicial electrónico que hay que asumir.
Y el tercer reto que identificas es el impacto de la Inteligencia Artificial en Justicia. Al escucharte recodamos una charla que mantuvimos con un colega tuyo, Alfonso Peralta, juez de Granada, quien aseguró que los jueces debéis participar en cualquier desarrollo tecnológico con IA en Justicia.
En Justicia hay iniciativas absolutamente fragmentarias en materia de inteligencia artificial y esa fragmentación lleva consigo que los jueces estemos interviniendo poco . Lo que sí que es verdad es que si se va a plantear en serio aplicar inteligencia artificial, entonces tienen que habilitarse ya las vías de participación, no solamente de los jueces, sino también de todos los profesionales de la Justicia. Me has preguntado por los jueces y es muy importante que manifestemos nuestra opinión, repito, como decía antes, desde la fase de diseño y en toda la implantación, en todo el proceso. Pero también es muy importante que lo hagan los abogados, los fiscales, todos los operadores jurídicos. Y al final en ese plan de gestión del cambio, comprenderemos las ventajas y los beneficios de la implantación y nos vamos a sentir mucho más implicados, y ello va a contribuir al éxito de la aplicación.
Pero cuando se habla de IA en la Justicia el debate se empobrece al hablar, por ejemplo, del juez robot. El juez robot es la decisión judicial automatizada. Eso tiene su ámbito, en el cual sí se puede plantear esta posibilidad. Eso está bien, pero en el futuro próximo tenemos que hablar de otras cosas. Tenemos que hablar de cómo mejorar la tramitación del procedimiento mediante IA, cómo ayudar al juez a tomar la decisión, cómo mejorar el acceso a la Justicia del ciudadano mediante IA conversacional, cómo emplear IA para ayudar a solucionar los litigios entre las partes vía mediación u otro método alternativo, plataformas digitales de resolución de conflictos a los que se suma IA. De esas cosas tenemos que hablar, y no tanto del juez robot.
El término juez robot afecta de manera diferente a diversos jueces que, siendo muy innovadores, lo aceptan unos de forma natural, como Eloy Velasco, y otros de manera más negativa.
Tengo precisamente a Eloy en el despacho de al lado, compartimos muchas ideas y le considero un grandísimo experto. Aquí hay dos partes: tenemos por un lado los sistemas expertos, y luego tenemos el machine learning. Respecto a los sistemas expertos no hay problema, porque se pueden auditar y explicar, se pueden impugnar sus decisiones. El problema viene cuando estamos manejando machine learning sobre un gran número de datos con sistemas que se asimilan al black box. Ahí tenemos problemas enormes de compatibilidad con la explicabilidad, la trazabilidad y la transparencia que se deben exigir en sistemas públicos de resolución de conflictos. En países en los que existe menos respeto a los derechos fundamentales parece que van muy avanzados, pero aquí eso me da muchísimo miedo.
¿Podemos utilizar la IA como el juez robot para sustituir al juez? Sí. Decía en mi intervención en la mesa redonda que es posible en aquellos asuntos de menor complejidad, repetitivos, en los que no existe prueba personal, donde tengamos cierta jurisprudencia consolidada. Estoy pensando en cláusulas suelo, en procedimientos monitorios, que suponen un porcentaje altísimo en nuestra Justicia. Ahí se podría trabajar con sistemas automatizados. Ahora bien, siempre cuando se cumplan una serie de requisitos. Primero, que estén plenamente recogidos en la Ley, que se regulen por Ley los presupuestos de aplicación, que algunas veces están basados, o no, en el consentimiento del afectado. Segundo, que se respeten una serie de derechos y garantías procesales, porque la tecnología no puede hacernos retroceder en derechos. Y en tercer lugar, y ahí quiero llegar, debe existir un sistema de auditoría pública que sea capaz de controlar que los dos aspectos anteriores se cumplen. Entonces podemos hablar, pero todo ello lleva consigo una gran infraestructura. ¡Todo un reto!
