Parecía un mero trámite parlamentario, apoyado en un amplio e inusual consenso político en lo que a la vivienda se refiere, pero promete más de una emoción fuerte en las comunidades de vecinos. La ley de impulso a la rehabilitación, aprobada este miércoles definitivamente por el Senado, busca reforzar la situación financiera de las comunidades para que se animen a mejorar el edificio y para ello refuerza la lucha contra los que no pagan las cuotas. El texto, que parte del decreto-ley aprobado el pasado 5 de octubre por el Gobierno (luego validado por el Congreso, con la condición de tramitarlo como proyecto de ley para poder introducir enmiendas) señala que “la junta de propietarios podrá acordar medidas disuasorias frente a la morosidad”. Y especifica que dichas medidas podrán consistir en “la privación temporal del uso de servicios o instalaciones”. Es decir, que quienes no estén al corriente podrán verse vetados de entrar, por ejemplo, en la piscina u otras instalaciones comunitarias.
