El 9 de junio de hace 10 años España dio su brazo a torcer. En la antesala del verano de 2012, el gobierno de Mariano Rajoy accedió finalmente a los cantos de sirena europeos. El agujero del sistema financiero era incontenible y las fusiones que se auspiciaron desde el inicio de la Gran Recesión no pararon la sangría. El Ejecutivo necesitaba aportar una inyección pública que no podía asumir y solicitó el rescate a los socios comunitarios a través de una línea de liquidez por valor de hasta 100.000 millones. Y con ella se comprometió con una lista de contrapartidas en forma de recortes y reformas: se congelaron las pensiones, se recortó la prestación de paro, se ajustó la plantilla de sanidad y educación y se aprobaron subidas de impuestos. Todo para permitir un cambio drástico del mapa bancario español que lo hiciera más sostenible. ¿Resultado? Los peces gordos se comieron a otros que no eran precisamente pequeños. Por ejemplo, CaixaBank engulló a Bankia —un gigante con pies de barro— o el Santander al Popular.
