El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quiere que las pensiones no contributivas suban un 15%. Así quedará reflejado en el próximo decreto ley de respuesta a la guerra de Ucrania. Esta subida de las pensiones forma parte de un acuerdo entre el Gobierno y Bildu y la intención es que se mantenga hasta el 31 de diciembre de 2022.
Una vez puesta sobre la mesa, hasta 445.069 personas se beneficiarán de esta medida y tendrá un coste de 205 millones de euros si se pone en marcha a partir de julio. Y aquellos que se verán afectados por la subida verán cómo su pensión aumenta entre 63 y 94 euros, dependiendo de la pensión que se reciba.
Las pensiones no contributivas van destinadas a las personas que no han cotizado el tiempo suficiente para acceder a una pensión contributiva. Queda pues distinguir entre dos tipos de pensiones no contributivas: de jubilación y de invalidez.
Para recibir la pensión no contributiva de
jubilación
se exige un mínimo de diez años de residencia en España a partir de los 16 años. Además, sus ingresos anuales no pueden ser superiores a 5.899,60 euros. Hasta 180.000 personas se benefician de este tipo de prestación, cuya cuantía es de 461 euros mensuales. Con la subida del 15%, estas pensiones pasarían a los 530 euros al mes.
En el caso de las pensiones de invalidez, percibidas por 264.000 pensionistas, se otorgan a ciudadanos cuya edad esté comprendida entre los 18 años y la edad legal de jubilación y que cuenten con un 65% de discapacidad. El límite económico de ingresos es el mismo que con las de jubilación, salvo que solo es necesario acreditar un mínimo de 5 años como residente en España. Actualmente, la paga media para estos contribuyentes es de 427 euros al mes, pasando a los 491 con el incremento del 15%.
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El ministro Escrivá ha defendido que es «razonable» que unas 400.000 personas cuenten con este incremento en su pensión, como ya ocurre con los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
«Frente a estas estrategias viejunas de bajadas de impuestos generalizadas, que no está defendiendo nadie en el mundo, se constata que hay un consenso en proteger a los más vulnerables, a los más afectados», ha expuesto el ministro.
