Celsa ya tiene luz verde para la llegada de los 550 millones que la gigante siderúrgica había solicitado al fondo de rescate para empresas estratégicas que gestiona la SEPI. Una aprobación que llega a pesar de que todavía no existe un acuerdo entre la compañía catalana y sus acreedores, entre los que se encuentran los bancos de inversión Deutsche Bank y Goldman Sachs, y los fondos SVP y Cross Ocean. Una condición ‘sine qua non’ Celsa no podrá recibir el mayor apoyo estatal en el marco Covid firmado hasta el momento.
Pero la SEPI ya ha recibido la conformidad de los tenedores de la deuda de Celsa sobre los términos de reestructuración de la misma, como así aseguran fuentes del holding público a este periódico. El fondo para empresas estratégicas dará carpetazo definitivo el próximo 30 de junio y el apoyo estatal a la firma de la familia Rubiralta ha entrado en carrera contra reloj. Lo que habría empujado tanto a Celsa como a sus acreedores a aceptar la oferta del Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas (Fasee) a la espera de cerrar las negociaciones entre ambas partes. Como ya adelantó este períodico, el apoyo a la siderúrgica será el primero dentro del marco del Covid-19 en pasar por la Comisión Europea, al tratarse de una ayuda estatal cuyo préstamo participativo supera los 250 millones de euros (concretamente de 280,5 mi junto a otro ordinario de 269,6). Solo con el apoyo de Bruselas podrá llegar el expediente a Consejo de Ministros, y el último antes de la caducidad del fondo, está previsto que se celebre el 28 de junio, en poco más de diez días.
En todo caso, fuentes cercanas a Celsa aseguran que las ayudas nunca llegarán si no hay acuerdo entre la compañía y los fondos que dominan su deuda. Algo que no será fácil de desatascar. De hecho, estas mismas fuentes se muestran sorprendidas por el giro de tuerca que han dado las conversaciones. Porque mientras en un principio, la oferta de los acreedores pasaba por quedarse con el 49% de la compañía transformando los 2.400 millones que poseen de deuda en capital, ahora este porcentaje ha crecido hasta el 75%. Estos informantes no entienden el cambio, «cuando han aceptado las condiciones de la SEPI, lo que significa admitir que es una empresa estratégica para España» y que «los riesgos no son tan altos».
Manifestaciones
La última oferta de Celsa a los fondos, añadía 400 millones adicionales al dinero del rescate. Un montante que llegaría una vez devueltos los 550 millones al Estado, en un máximo de siete años. Pero nada más lejos de la realidad, la propuesta no ha conseguido cuajar entre los acreedores a pesar de la oleada de presiones que han recibido. Cientos de trabajadores de Celsa se manifestaron la semana pasada en varios puntos de España frente a distintas sedes de Deutsche Bank, a la que apuntan como principal tenedora de la deuda de la empresa. Incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó esta misma semana a telefonear al presidente del banco alemán Christian Sewing para dar salida a la operación.
La banca alemana, sin embargo, se defiende al asegurar que ellos «son uno de los muchos acreedores que han apoyado a Celsa durante varios años» y que en ningún caso poseen la mayoría de deuda de la compañía. En declaraciones a este periódico afirman que «apoyan plenamente los esfuerzos para encontrar una solución al problema de la deuda de Celsa» y que pueda recibir los 550 millones de la SEPI.
