Esta semana, la SEPI denegó las ayudas de 249 millones de euros solicitadas para el rescate de Abengoa. La sociedad estatal se basa para ello en los informes independientes, según los que existen riesgos judiciales y fiscales de mayor cuantía que la empresa ya arrastraba antes de la pandemia. Es decir, antes de que se constituyera el fondo de solvencia de empresas estratégicas para ayudar a empresas afectadas por la crisis sanitaria. La decisión supone que la operación de rescate diseñada por el fondo californiano TerraMar Capital LLC (dispuesto a aportar otros 200 millones para hacerse con el 70%) fracase porque estaba supeditado a la consecución de ese respaldo público. En consecuencia, el grupo andaluz acordó el jueves pedir el preconcurso de acreedores para 27 de sus filiales en un consejo de administración extraordinario de Abenewco 1, la sociedad que agrupa los activos y negocios.
