La magistrada y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carmen Llombart, ha presentado una denuncia contra Fernando Presencia, presidente de la llamada Asociación contra la Corrupción y en Defensa contra la Acción Pública (ACODAP), por los supuestos delitos de calumnias y de estafa.
Llombart ha interpuesto su denuncia ante el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional en la causa que instruye el magistrado de refuerzo de ese órgano judicial, Joaquín Gadea, con el fin de que se acumule a la querella interpuesta por la Fiscalía de ese órgano judicial y para que ser informada puntualmente del desarrollo de la instrucción, tal como establece el estatuto de la víctima.
La querella tiene su origen en las denuncias que interpusieron, el pasado mes de junio contra el exmagistrado Presencia por los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo Julián Sánchez Melgar –exfiscal general del Estado–, Pablo Llarena Conde, Ángel Luis Hurtado, Susana Polo, Andrés Martínez Arrieta, Carmen Lamela Díaz y Vicente Magro Servet.
Querella a la que se adhirió después el magistrado Joaquim Bosch, quien había certificado en la cadena de televisión Cuatro, que, efectivamente, Presencia había sido condenado dos veces por esa misma Sala del Supremo por dos delitos de prevaricación, dictar resoluciones a sabiendas de su injusticia y de ser contrarias a la ley.
EL SUPREMO TIENE QUE RESOLVER SU RECURSO DE CASACIÓN CONTRA UNA CONDENA DE 2 AÑOS Y 10 MESES DE CÁRCEL
Precisamente este próximo otoño esa misma Sala tiene que resolver el recurso de casación interpuesto por el exjuez contra la condena de dos años y 10 meses de cárcel que le fue impuesta en primera instancia, y que fue ratifcada en apelación, por los delitos de calumnias y denuncia falsa contra el fiscal decano de Talavera, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade. Al tener antecedentes penales, de ser condenado, su destino sería el evidente.
Presencia atribuye a todos esos magistrados la posesión de dinero en bancos en el extranjero, supuestamente procedente de sobornos. Una asunción que rechazan todos.
Lo mismo que la magistrada y vocal del CGPJ, Carmen Llombart de la que Presencia dice que presuntamente tiene 720.000 euros.
Por esta razón, Llombart ha denunciado a Presencia y a «todas aquellas personas que contribuyan, colaboren o favorezcan la comisión de los delitos» de calumnias y de estafa.
Las personas a las que se refiere Llombart, sin mencionarlas, son los también imputados Alberto Royuela y Juan Martínez Grasa, Santiago Royuela, hijo del primero, y Álvaro Arteaga.
Todos ellos han sido citados el próximo mes de septiembre por el magistrado Gadea en la Audiencia Nacional para ser interrogados.
LA GUARDIA CIVIL INVESTIGA LA PISTA DEL DINERO
El magistrado Gadea ordenó, en su auto de 30 de junio pasado, a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigara el destino del dinero, procedente de donaciones, recolectado por ACODAP a través de su página web, en la cuenta abierta en Liberbank; también de Paypal y de Bizum.
Quiere saber quién ha donado el dinero, a qué se ha destinado y quién se ha podido estar beneficiando.
Por ello, ordenó a la entidad bancaria Liberbank que informara a la UCO sobre los movimientos, de entrada y de salida, del dinero.
En concreto Gadea mandó que le fuera entrega a la Guardia Civil toda la «información obrante en sus archivos obtenida en el momento de la contratación del producto financiero por el cliente, que identifique a los titulares y personas o firmas autorizadas (documentación relativa a la identificación del cliente como: nombre y apellidos, documentos de identificación, teléfonos de contacto, e-mail, domicilios fiscales, sociales o físicos, dirección de correspondencia, tarjetas de débito o crédito expedidas con identificación de sus titulares), así como el estado en el que se encuentran dichos productos».
También exigió que identificaran todos los productos bancarios y financieros, «así como cajas de seguridad que tengan contratados las personas físicas o jurídicas que figuren como titulares o autorizados en cada caso».
Y que facilitaran «todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales que hayan participado al SEPBLAC sobre la indicada cuenta bancaria, sus titulares o personas autorizadas, así como los expedientes, informes o análisis internos que sustenten dichas comunicaciones».
Así como todos los movimientos registrados en dichas cuentas –saldo, ingresos pagos– desde su apertura hasta la emisión del mandamiento judicial, «identificando las cuentas de origen y destino así como las personas físicas y jurídicas intervinientes».
Gadea ordenó el bloqueo de la página web de ACODAP, tanto en punto com como en punto org.
