A.M.B., abogado del turno de oficio de Burgos, estando en servicio de guardia el pasado 12 de mayo le fue designado el caso de una mujer denunciante de violencia de género. Aquel mismo día se celebró un juicio rápido, en el que la parte contraria reconoció los hechos, y la juez le impuso una pena y una orden de alejamiento.
«Varios días después me llamó la clienta diciendo que quería retirar la denuncia y que se quitara la orden de alejamiento porque iba a volver con su expareja. Le expliqué que no se podía retirar la orden de alejamiento porque hay una sentencia y empezó a amenazarme. Me decía que tenía que retirarla, que yo era muy mala persona por no querer hacerlo, y que como no lo hiciera se iba a suicidar», relata a Confilegal este letrado que prefiere no revelar su identidad «por miedo a represalias».
Tras aquello, el abogado llamó de inmediato al 112 pidiendo que esta mujer fuera atendida.
Desde aquel día, A.M.B, de 36 años, vive «un calvario» con esta clienta, a la que ha denunciado por amenazas y pide una orden de alejamiento.
Según informa, la justiciable «continuó hasta septiembre con coacciones, por WhatsApp, diciendo que se suicidaría si no conseguía retirar la orden de alejamiento, coacciones que cortó cuando le anuncié que iba a denunciarla».
Pese a que hay una sentencia que impone dicha prohibición de acercamiento, «siguiendo sus instrucciones», el letrado presentó un escrito pidiendo la retirada de esta medida, «aunque fuesen nulas las posibilidades».
«De mayo a septiembre estuve recibiendo por parte de ella insultos por WhatsApp, por ejemplo llamándome racista porque su pareja es inmigrante, algo ilógico, pero me parece un insulto bastante grave. Ha estado acudiendo a las puertas del Juzgado de Burgos y al verme salir del mismo empezaba a gritar llamándome mentiroso y mala persona. Posteriormente, me dijo que ella había tenido un abogado que se había muerto y que a mí me iba a pasar lo mismo… La última amenaza la recibí en septiembre, también por WhatsApp, y fue cuando denuncié los hechos», explica.
El abogado decidió poner el caso en manos de la Policía porque aquel día la clienta le dijo «que se las iba a pagar todas juntas y que estaba muerto, como el otro abogado».
«Me provocó un nerviosismo tremendo, hablé con mi madre de los hechos, y fuí a presentar la denuncia», explica.
Según informa, ha pedido amparo al Colegio de Abogados de Burgos (ICABURGOS) solicitando en hasta cuatro ocasiones que otra persona lleve el caso de esta justiciable, pero sus requerimientos «no han recibido respuesta».
«Esta señora no tenía confianza en mí, ella había consultado ya con otros abogados para quitarme el caso y es absurdo que me lo mantengan. Ante cada suceso con la clienta, he ido informando al Colegio, pero no he recibido apoyo», critica «indignado».
La denuncia la presentó el 7 de septiembre, por amenazas, y ha pedido una orden de alejamiento, que se resolverá en sentencia.
El procedimiento ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 4 de Burgos, que lo ha tramitado como un delito leve y ha fijado el juicio para el próximo 24 de noviembre.
Según declara la víctima, este caso le está provocando «ansiedad, estrés y un gran estado de nerviosismo». «Cuando me suena en el teléfono un WhatsApp, no me atrevo ni a mirarlo», asegura.
Este letrado no entiende la actuación de su Colegio ante el problema que está sufriendo. «Se puede dar la situación de que la Justicia condene a mi clienta y dicte una orden de alejamiento y mi Colegio me siga obligando a defenderla en su caso particular. Me siento desamparado y como un objeto que han tirado a la basura, en el sentido de que el ICABURGOS ha tramitado a mi clienta una queja contra mi persona, pero a mí no me han escuchado», explica.
Ante el «desamparo» que sufre por parte del Colegio, este letrado se puso en contacto con la asociación Defenda, solicitando algún tipo de ayuda, ya que había leído una información publicada en este diario del caso de una letrada del turno de oficio de Madrid, M. A. M. M., que también denunció el pasado mes de julio que ha sido amenazada y coaccionada por su cliente, y pidió una orden de alejamiento.
Una situación que, según manifiesta esta letrada, lleva sufriendo con el justiciable más de dos años, desde que le fue designado en abril de 2020.
«Uno de los propósitos de Defenda es poner al alcance de sus asociados el apoyo de la asociación en este tipo de circunstancias activándose inmediatamente nuestro protocolo contra el acoso», señala a este diario su vicepresidenta, denunciante del citado caso similar.
Esta víctima se ha reunido con la presidenta del Consejo General de la Abogacía (CGAE), Victoria Ortega Benito, en dos ocasiones para transmitirle su caso, así como la «necesidad» de una reforma del Código Penal para que se impongan penas más duras cuando las víctimas sean letrados del turno de oficio en el ejercicio de sus funciones, y se implanten en los Colegios de la Abogacía protocolos contra el acoso a los letrados, así como de detección precoz.
«Finalmente, el Protocolo de acoso se implantará en todos los Colegios, aunque lo deseable sería que no fueran unas meras recomendaciones, sino por imposición legal, y desde Defenda hacemos también un llamamiento a los jueces para que no minimicen este tipo de situaciones y le den la trascendencia legal que corresponde», señala.
Una reivindicación que también hace a los Colegios de la Abogacía, «que son los que tienen que amparar y proteger al colegiado».
«De lo contrario, el que ejerce durante los 365 días la defensa de los ciudadanos se queda desamparado y es una grave vulneración de sus derechos», concluye.
El caso de la vicepresidenta de Defenda recayó en el Juzgado de Instrucción número 4 de Torrejón de Ardoz, localidad al este de Madrid, que también decidió tramitar su procedimiento como un delito leve. Una resolución que ya ha recurrido en reforma para que se transforme en diligencias previas.
Defenda ejerce en este caso la acusación popular.
Recientemente, la abogada ha denunciado en este diario que es «disparatado» cómo se está tramitando su procedimiento.
